El acuerdo con Junts se cerró in extremis la pasada semana, y aunque sigue sin ser público un documento suscrito por las dos partes, el Gobierno continúa rebajando su alcance. En particular, en lo relativo a la parte más divisiva y sensible: la política de inmigración. El presidente, Pedro Sánchez, volvía a subrayar este lunes, esta vez en una entrevista en Las mañana de RNE, con el periodista Íñigo Alfonso, que la lucha contra la inmigración irregular y el control de fronteras seguirá en manos del Estado. Y enmarcó ese pacto en su estrategia de "sudar la camiseta hasta la última gota" para buscar votos hasta "de debajo de las piedras" para sacar adelante sus iniciativas y conferir estabilidad a la legislatura, que confía en que dure otros cuatro años.

El jefe del Ejecutivo recordó que en España funciona desde hace muchos años una "arquitectura institucional y legislativa" en relación con la inmigración. Son básicamente tres las dimensiones, resumió: el ordenamiento de la migración, su integración social y la lucha contra la inmigración irregular. En este último aspecto, es la Administración General del Estado, sostuvo, la que tiene esas competencias, que no se pueden "transferir". Por tanto, las comunidades autónomas pueden trabajar en los primeros dos ámbitos. Sánchez apuntó que los estatutos de Cataluña y Andalucía —fue recurrente durante la entrevista la alusión, nada casual, a la principal ley andaluza— incluyen competencias en materia de inmigración, como la autorización de trabajo de los extranjeros siempre en coordinación con el Estado (artículos 138 y 62 de los estatutos catalán y andaluz), o las políticas de integración (educación, vivienda, servicios sociales...).

Niega que los poderes que se deleguen a Cataluña puedan alterar las funciones de la Policía o el número de efectivos

Tras acordarse en la Unión Europea, bajo presidencia española, el pacto de migración y asilo, defendió Sánchez, hay que "revisar" muchas de estas políticas para "hacerlas más eficaces y solidarias", por lo que el debate ha de abrirse "sí o sí" con las comunidades autónomas, y "hay, por supuesto, materias" en las que pueden entenderse. "El control de fronteras y la política de inmigración irregular... eso está residenciado donde tiene que estar residenciado", en el Estado, completó, como deja claro el artículo 149 de la Constitución. Seguía la línea de lo afirmado este domingo en El País.

En consecuencia, no se alterarán las funciones de la Policía Nacional con relación al control de fronteras ni el número de efectivos, garantizó. En definitiva, que no será competencia de la Generalitat el control de los flujos migratorios. En cualquier caso, el Gobierno cree que es una "extraordinaria noticia" que las comunidades —realmente es Cataluña, y a través de Junts, que no lidera el Govern, la única que ha pedido estas competencias, junto con Euskadi— quieran "reforzar su participación" en la política migratoria. Sin embargo, dirigentes posconvergentes como Jordi Turull o Míriam Nogueras hablaban de gestión integral de la inmigración, con potestad incluso para la expulsión de inmigrantes. No será así, aunque "como independentistas, te piden la máxima". "Estoy siendo claro", refrendó.

Perspectiva "humanista" de la inmigración

El presidente negó que haya pactado una especie de solidaridad a la carta con Junts. Insistió en que Cataluña, de hecho, ha sido de las comunidades "más solidarias" cuando se ha planteado el debate de la reubicación de inmigrantes. "Cuando hablamos de políticas eficaces nos referimos a eso", explicó. Y negó que Junts sea un partido xenófobo: quien gobierna con una formación abiertamente xenófoba y racista, dijo, es el PP, al incorporar a Vox a ejecutivos locales y autonómicos. Consciente de que este es un tema sensible para la izquierda, que incluso ha abierto una vía de agua con Sumar y con sus socios de ERC, recordó que el Gobierno defiende una perspectiva "humanista" en materia migratoria, y que España es "ejemplo a nivel europeo y mundial", por estar "a la vanguardia en integración social".

El presidente dice que sí ve diferencias en la forma de entender la solidaridad en inmigración entre Vox, que gobierna con los populares, y Junts

En su forma de entender la solidaridad interterritorial, "desde luego" que ve diferencias entre Junts y Vox, pese a lo afirmado la semana pasada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Eso llevó a Sánchez a justificar el pacto alcanzado la semana pasada: su Ejecutivo "no trabaja en un espacio vacío", sino en una coyuntura concreta, pues gobierna en coalición pero tiene minoría parlamentaria. Pidió fijarse en el "horizonte" de la legislatura, que discurrirá, como siempre ha dicho, sobre tres pilares, la creación de empleo, la ampliación de derechos y la convivencia. De ahí que califique de "extraordinaria noticia" que formaciones independentistas que "hasta antes de ayer" no participaban en la gobernabilidad del país —antes eran Bildu y ERC, y hoy es Junts— ahora sí lo hagan, mientras el PP lidera una "oposición destructiva" que va "en contra de la mayoría del país".

Sánchez restó importancia a la negociación agónica de la pasada, a que Junts mantuviera en vilo al Gobierno hasta el último minuto, puesto que en un "Parlamento fragmentado" como el actual es "normal" que se den votaciones ajustadas e incluso que haya momentos en los que el Ejecutivo esté "en minoría" porque se descuelguen partidos como Podemos, ERC o Bildu. De hecho, la semana pasada el Congreso tumbó, en este caso por el no de los morados, el decreto ley de reforma del subsidio de desempleo, que Bruselas exigía para la liberación de los 10.000 millones del cuarto pago de los fondos europeos.

Sánchez no descarta que el Ejecutivo quede en minoría en ciertos momentos. La reforma del subsidio se tramitará como proyecto de ley

En este sentido, el presidente señaló que hay "tiempo" para tramitarlo, y que el Gobierno lo tramitará ahora como proyecto de ley, y espera conseguir su aprobación "cuanto antes". El presidente reivindicó que lleva cinco años gobernando en minoría y que en la pasada legislatura logró sacar adelante más de 200 leyes y tres Presupuestos del Estado, otorgando estabilidad al país.

"Garanticé la estabilidad durante cuatro años, me comprometo a garantizar esa estabilidad política durante los próximos cuatro años. Voy a sudar la camiseta hasta la última gota para lograr ese triple objetivo que me he planteado en esta legislatura: los derechos, el empleo y la convivencia", se comprometió. Incluso "si tuviera ocasión de lograr un acuerdo con el PP, lo haría", agregó, como sucederá esta semana cuando el Congreso impulse la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término "disminuidos". De modo que ese objetivo de buscar votos de donde sea lo hace "no solo por necesidad, sino también por convicción".

El líder socialista espera que el PP de hecho apoye la ley que prepara el Ejecutivo para proteger a los menores del porno en internet, porque se trata de una "auténtica epidemia": en torno al 60% de los jóvenes menores de 18 años reconocen consumir de forma recurrente porno.

No ha tenido contacto con Puigdemont

El Ejecutivo sigue confiando en poder sacar adelante los Presupuestos de 2024, que se tramitarán prácticamente en paralelo a la ley de amnistía. A este respecto, Sánchez reiteró que se verá con Carles Puigdemont y con Oriol Junqueras una vez se apruebe la norma, porque es "consecuente" con sus actos. Sí garantizó que hasta ahora no ha tenido ningún contacto con el expresident catalán, porque "no se dan las condiciones".

Sánchez se muestra dispuesto a "estudiar" que España participe en la misión de EEUU en el mar Rojo enviando oficiales de enlace

Sánchez reconoció que tiene que "hacer pedagogía" con la amnistía, dado el rechazo social que genera, incluso entre sus propios votantes, pero insistió en que "cualquier esfuerzo en convivencia merece la pena". Su política con Cataluña, esgrimió, "ha significado achicar espacio al rencor y a la desconfianza entre los actores políticos".

Pendiente está aún la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "Ojalá" funcione la mediación de la Comisión Europea, que reclamó el PP, expresó, y ante la que el Ejecutivo no puso pegas. Sánchez defendió el sistema de elección de los vocales jueces frente a los populares, modelo que lleva funcionando más de 20 años y en el que los propios magistrados sí participan en la postulación de candidatos. "El Poder Legislativo por supuesto que en el ámbito de refrendo debe tener voz y voto", insistió. Defendió el líder socialista que Bruselas "no plantea" que el sistema de elección de los 12 vocales del turno judicial se altere "radicalmente, como decía el PP".

El Gobierno ya ha advertido de que no participará en la misión que lidera Washington para proteger la navegación comercial en el mar Rojo frente a los ataques de los hutíes. Pero sí se muestra dispuesto a "estudiar", admitió Sánchez, que España pueda participar con oficiales de enlace. El jefe del Ejecutivo insistió en que tenemos más de 3.000 soldados en misiones internacionales, en que España es un "socio fiable y leal", y en que la operación Guardián de la Prosperidad "no se corresponde" con la Atalanta, que sí lidera España en el Índico y que busca combatir la piratería. No obstante, recalcó que su Gobierno no pondrá objeciones: "No nos vamos a oponer pero veremos qué tipo de participación tenemos".