El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, se puso en contacto con el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, para arrancar, de nuevo, las negociaciones con las que renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según ha podido saber El independiente. La conversación era la continuación lógica del acuerdo al que llegaron el pasado 22 de diciembre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de reanudar aquella negociación fallida de octubre de 2022, que coincidió con la confirmación de las conversaciones entre el Gobierno y ERC para eliminar del Código Penal el delito de sedición y rebajar el de malversación sin enriquecimiento personal.

Lo más novedoso de aquel encuentro en el Congreso, que no en Moncloa, fue la propuesta de Feijóo de meter por medio a un "supervisor" de la Comisión Europea para dar fe de lo que allí se hablase. Por ello, la conversación posterior entre Bolaños y González Pons, que se desarrolló en diciembre, se saldó con un "no" del dirigente popular negándose a reanudar esa negociación "sin la mediación europea", según explican fuentes populares.

De fondo subyace una profunda desconfianza hacia Bolaños, al que intentaron cambiar como interlocutor, exigencia a la que el presidente del Gobierno se negó en redondo. "Bolaños ya nos mintió una vez cuando aseguró que lo del delito de sedición era poco menos que una cortina de humo para mantener entretenidos a los de ERC". Una llamada telefónica de Feijóo a Sánchez para preguntarle al respecto dio al traste por cuarta vez con una renovación que debiera haberse producido hace ya la friolera de cinco años.

En el tejado de la Comisión Europea

Significa que todo está ahora en el tejado de la Comisión Europea con cuyo responsable de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, hablaron los populares españoles para sondear su disponibilidad mediadora antes de hacer el ofrecimiento a Pedro Sánchez. Según Génova hubo una respuesta positiva, aunque ahora desde Bruselas admiten que dado lo inédito de la petición, quieren dar a España una respuesta que sea "útil" y, mientras ésta no se produzca, en Génova "no vamos a mover ficha".

Entre medias se va a producir un cambio susceptible de dificultar esa mediación. Y es que Reynders opta a la secretaría general de la Comisión de Europa y para ello es probable que deje con antelación la Comisaría de Justicia. Si antes no hay una mesa a tres, eso, sin duda, deja a los populares sin uno de sus aliados, aunque el belga se ha reunido tanto con el PP como con el propio Bolaños, a quien remitió además una carta preocupado por las posibles consecuencias de la ley de Amnistía, sobre todo en lo que afecta a los delitos de malversación de fondos públicos y terrorismo.

Reynders dejará la comisión Europea para aspirar dirigir el Consejo de Europa

Si no es Reynders quien finalmente ejerce por sí o a través de alguien de su equipo esa supervisión, los ojos se dirigen hacia la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia , la checa Věra Jourová, con quien también han mantenido contactos tanto el PSOE como el PP. Desde Génova explican que los informes sobre la situación del Estado de Derecho en España, que ponen el acento en la perentoriedad de renovación del órgano de gobierno de los jueces para abordar, con posterioridad, un cambio de modelo de elección de sus miembros, "no es una cosa de un comisario en particular sino de toda la Comisión", que también está atenta a la ley de Amnistía pactada entre Moncloa y el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont.

Y con respecto a la carta que Reynders remitió a Bolaños, un experto europeísta popular asegura que eso "no se hace sin el conocimiento de la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen", a quien se atribuye unas excelentes relaciones con el jefe del Ejecutivo español.

No obstante, en Génova comienzan a admitir la posibilidad de que dicho mediador -que prefieren llamar supervisor de los acuerdos que se alcancen o, a lo sumo, verificador de los mismos- puede tener un mero "perfil técnico" y no tanto político. "No se trata de que dirija la reunión o reuniones, ni de que participe activamente en las negociaciones, sino de que dé fe de lo tratado".

Reynders ya dijo en la Eurocámara que la renovación del CGPJ era una cuestión de política nacional, pero no ha dejado de poner el foco sobre la situación el poder judicial en España por su excesiva "politización" y eso incluye a la Fiscalía General. "No se han tomado medidas para abordar la separación de mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno", dijo en su informe de julio del año pasado.

El PP también se ha remitido al Consejo de Europa para frenar la amnistía

En todo caso, Reynders puede seguir resultándole de utilidad al PP en el caso de la ley de Amnistía. Si finalmente se hace con la secretaria general del Consejo de Europa quizá tenga alguna influencia sobre la Comisión de Venecia, órgano consultivo de ese Consejo centrado en la defensa de derechos fundamentales. El argumento principal de los populares en este caso, es que la ley de amnistía atenta contra el principio de igualdad de los españoles.

La Mesa del Senado, con mayoría popular, tramitó esta petición el pasado mes de diciembre, reclamando un dictamen urgente sobre una proposición de ley que será aprobada por el Congreso el próximo día 30 antes de remitirlo a la Cámara Alta, donde le espera una tramitación de dos meses.