El titular del Juzgado de instrucción número 2 de Tarragona (Cataluña) ha vuelto a prorrogar el secreto de sumario sobre la investigación que cerca Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Paralelamente, a la fiscal Anticorrupción que tutela la causa Carmen García Cerdá se le ha abierto una investigación interna dentro del Ministerio Público por haber desobedecido supuestamente una orden de su jefe Alejandro Luzón en el marco de estas pesquisas.

Los Mossos d'Esquadra comenzaron a indagar en secreto el 2 de julio de 2018 a raíz de un hallazgo casual en el registro de una empresa de Tarragona (Messer Ibérica de Gases S.A). Empezaron a sospechar que Equipo Económico --que Montoro había fundado en 2006 en el periodo que estuvo fuera del Ejecutivo-- podía estar utilizando las influencias del ministro para conseguir tratos de favor en Hacienda e incluso cambios legislativos que beneficiaran a ciertas empresas, tal y como desveló El Independiente.

A partir de ese hilo, desataron varios nudos de la trama, pero el enredo vino más tarde con las peleas internas que surgieron en la Fiscalía Anticorrupción. El juez Rubén Rus Vela que, por el momento, dirige la causa contra cuatro personas relacionadas con el despacho (ninguna de ellas es el exministro) llegó a intervenir el móvil de todos ellos, pero la Audiencia Provincial de Tarragona revocó esta intervención, previo recurso de la fiscal.

Más de cinco años ha estado la causa bajo llave a pesar de que Anticorrupción trató también de levantar el secreto. Los magistrados aquí, sin embargo, no le dieron la razón. Hablaron de un caso de "extrema complejidad", de la "dificultad" por el número de implicados y justificaron en esto la prórroga del secreto. Distintas fuentes del Ministerio Público ven un exceso que unas diligencias estén tanto tiempo protegidas y hablan de indefensión para los perjudicados.

El pasado mes de diciembre el titular del Juzgado de instrucción número 2 de Tarragona volvió a prorrogar el velo, según confirman fuentes jurídicas a este medio. Algunas voces cercanas a la investigación advierten de que el secreto está cerca de alzarse, pero lo cierto es que el próximo julio se cumplirán seis años de pesquisas bajo reserva.

Moix no prevé apartarse

Paralelamente, las rencillas en Anticorrupción han llegado a su punto más álgido. El criterio discrepante entre Luzón y Carmen García Cerdá sobre la dirección de la causa se evidenció en una junta de fiscales que se celebró el pasado mes de septiembre, avanzada por este medio. En esa reunión de todos los fiscales de ese área se discutió si existía un delito de revelación de secretos en unos correos que se hallaron tras un registro en Hacienda y que mostraban cómo altos cargos del Ministerio en la etapa de Mariano Rajoy se pasaban datos fiscales de periodistas o políticos.

Los mails que destapó El Periódico de España, se debatieron en la Junta para determinar si desde el departamento de Montoro se había accedido ilegalmente a datos de políticos como Juan Carlos Monedero, Esperanza Aguirre o Rodrigo Rato. La fiscal García Cerdá apostaba por seguir esta línea y averiguar si se habían desvelado datos confidenciales de adversarios del Gobierno en ese momento o de informadores incómodos para la actividad del Ejecutivo del PP. Pero la votación no dejó margen a la encargada del caso y un total de 19 fiscales frente a cinco se pusieron del lado de la tesis de Luzón y del 'número dos' de Anticorrupción, Antonio Romeral.

Según distintas fuentes cercanas al caso, García Cerdá manifestó su intención de seguir adelante, tanteando a una unidad policial y esta información terminó llegando a su superior. A partir de aquí, Luzón requirió a esos agentes un informe por escrito e informó a la Fiscalía General de que su subordinada podía haberse saltado las normas internas de jerarquía.

La Inspección Fiscal ha abierto finalmente un expediente sancionador que ahora debe dirigir el fiscal del Tribunal Supremo Manuel Moix. Se da la circunstancia de que éste fue jefe de García Cerdá y ella también plasmó sus discrepancias con él a través de un artículo 27 del Reglamento, que es una herramienta que tienen los funcionarios cuando consideran que no procede cumplir una orden.

El promotor de la acción disciplinaria será el que deba decidir en qué queda el expediente y, según fuentes fiscales consultadas, Moix no se plantea abstenerse del caso porque no ve motivo de recusación. Dicen dichas fuentes que él ya ha tramitado otros expedientes de funcionarios con los que ha trabajado o que conocía y nunca ha habido problema.

Por su parte, si García Cerdá pidiera que se apartara el Estatuto Fiscal prevé que el sustituto sera el fiscal de la Audiencia Nacional Manuel Campoy. Este expediente podría constituir una falta grave o muy grave de desobediencia y esto podría conllevar que apartaran a la trabajadora de la Fiscalía Especial o, incluso, de la carrera, apuntan dichas fuentes.