Por ahora, los socialistas dicen respirar tranquilos. Las ocho enmiendas a la proposición de ley de amnistía que pactaron —de nuevo in extremis— con todos sus socios excepto Junts quedarían salvadas. Blindadas. Incluso aunque los posconvergentes las rechazaran en el trámite de ponencia, que se celebra este jueves, 18 de enero, en el Congreso. Los números, están convencidos, les son favorables, porque el representante del Grupo Mixto no es Unión del Pueblo Navarro, alineado con PP y Vox, sino Podemos, del que esperan que respalde las modificaciones amarradas con la izquierda parlamentaria. Una vez que los cambios se integren en el informe de la ponencia, ya no se moverán y quedarán incorporados a la ley.

Y es que el PSOE parte del principio de que solo se aceptarán las ocho enmiendas pactadas con Sumar, ERC, EH Bildu y BNG [aquí en PDF]. "Y ninguna más. Solo nuestras enmiendas saldrán adelante", ratifican fuentes del máximo nivel del Gobierno a este diario. "Se vota lo pactado y lo no pactado directamente se rechaza", abundan desde el Grupo Socialista.

Las enmiendas conjuntas hacen que no se puedan amnistiar delitos contra la comunidad internacional o se refuerza la función de jueces y magistrados, alega el PSOE

Los dos partidos integrantes de la coalición de gobierno, PSOE y Sumar, junto a sus socios de ERC, Bildu y BNG —fuera quedó Junts— registraron en el Congreso a las 18.00 de este martes, al límite absoluto del plazo, modificaciones "técnicas" a la proposición para "mejorar algunos aspectos no esenciales de la ley". Entre esos cambios, que no se puedan amnistiar delitos contra la comunidad internacional, como el genocidio, o que quede aún más claro que solo se perdonarán los actos que fueron "ejecutados en el marco del proceso independentista catalán". También se refuerza, dicen los socialistas, la función jurisdiccional de jueces y magistrados en la aplicación de la norma.

La redacción inicial, por ejemplo, perdonaba los actos de desconsideración y crítica a las autoridades y funcionarios públicos, y ahora se agregan los "agravios" y se incluyen los actos llevados a cabo a través de los medios, internet y redes sociales, así como en el curso de actividades "educativas". Y, al igual que se cancelarán los antecedentes penales de los amnistiados, se borrarán también del Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana todas las infracciones y sanciones derivadas de los procedimientos administrativos objeto de la norma.

Enmiendas de PSOE, Sumar, ERC, Bildu y BNG a la proposición de ley de amnistíaDescarga

Las enmiendas, subrayan los socialistas, fueron acordadas por los juristas de las formaciones firmantes, "partiendo del reconocimiento general de que el texto inicial de la proposición de ley era de una enorme solidez jurídica y totalmente ajustada a nuestra Constitución". Por parte del PSOE, quien se ha vuelto a poner en los fogones ha sido el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

ERC se congratula del pacto, pero constata que "hacen falta más avances", por lo que hay "margen de negociación en ponencia y comisión"

ERC se congratulaba en su propio comunicado que las negociaciones hubieran dado sus frutos y hubieran cuajado en enmiendas conjuntas que "mejoran el redactado de la ley", pero aun así constata que "hacen falta más avances", por lo que cree que "todavía hay margen de negociación en ponencia y comisión hasta la aprobación definitiva". Por eso ERC presentó cuatro enmiendas propias, firmadas en solitario [aquí en PDF], con las que piden, por ejemplo, suprimir la exclusión de los casos de terrorismo de la ley para blindarla al máximo posible, y así "garantizar" la inclusión de todos los casos —una cuestión que también reclama Junts— o establecer que la Generalitat pueda devolver las multas impuestas por la ley mordaza.

Seis de la tarde y un segundo

El plazo para registrar las enmiendas concluía a las 18 horas de este 16 de enero. En el sello de registro de las del PSOE y sus socios figuran las 18.00.01. O sea, a las seis de la tarde y un segundo, por un "error informático", según explicaban los socialistas. Los populares protestaron por que se presentaran "fuera de plazo", "una anomalía" por la que los representantes del partido en la Mesa de la Comisión de Justicia se quejaron y votaron en contra de aceptarlas. Pero esas correcciones se integraron y figuran en la relación completa de enmiendas.

Podemos y PNV no firman las enmiendas pero muestran su predisposición a apoyar aquello que "mejore" la redacción de la ley

La tramitación en el Congreso a partir de ahora será rápida. Exprés. El jueves 18 de enero, a primera hora, se reunirá la ponencia, a puerta cerrada, y en ella los socialistas esperan que, aunque Junts votara en contra de las modificaciones conjuntas, estas prosperen. En la ponencia, solo hay un representante por grupo parlamentario, pero cada uno de ellos pesa de manera ponderada según el número de diputados que tiene en la comisión. Así, el PP dispone de 14 miembros en las comisiones; el PSOE, de 12; Vox, de 3; Sumar, de 3; y ERC, Junts, Bildu, PNV y Mixto, de uno cada uno. En total, 37.

En la Comisión de Justicia, la representante del Mixto es Martina Velarde, diputada de Podemos. PSOE (12) y Sumar (3) tienen que superar con sus socios la suma de PP (14) y Vox (3). O sea, reunir al menos 18 votos. Los conseguirían con ERC, Bildu y PNV o Podemos, en caso de que Junts se apuntara al no. Desde la cúpula de Ione Belarra y desde el grupo de los nacionalistas vascos señalaban a este periódico que aún no habían podido examinar a fondo las enmiendas conjuntas. Pero ambos mostraron su predisposición a apoyarlas: "Estamos en líneas generales de acuerdo con la desjudicialización y la amnistía", indicaban desde Podemos; "la predisposición es apoyar todo lo que ayude a formular mejor la proposición de ley", completaban en el PNV. Fuentes de Junts en el Congreso precisaban que todavía no podían adelantar cuál sería el sentido del voto en la ponencia.

Todas las enmiendas presentadas a la proposición de ley de amnistíaDescarga

"Es en la ponencia donde debemos garantizar la mayoría de votos para que se incorporen al informe las pactadas", sostienen desde el Grupo Socialista, que cree "grotesco" que los neoconvergentes se opusieran a ellas. Pues bien, si las enmiendas pactadas por el PSOE y sus socios son agregadas al informe de la ponencia, como esperan, ya no podrían quedar segregadas de la ley. El siguiente paso es la reunión de la Comisión de Justicia, con sus 37 miembros, ya a puerta abierta. Junts podría mantener vivas sus propias propuestas, pero no podría quitar del texto global las conjuntas del PSOE y sus socios, porque entonces caería la norma entera. La última semana de enero, la proposición pasará al pleno del Congreso. Allí habrá una votación de conjunto del texto, pues se trata de una ley orgánica, que requiere de mayoría absoluta. Es impensable que los posconvergentes se opongan, pues sin su voto decaería toda la amnistía entera. "Y en este caso son los independentistas los que querrán salvar la ley, no es el PSOE el que la ha pedido", recuerdan desde la cúpula socialista.

Es decir, que si se integran en el texto las enmiendas "técnicas" promovidas por el Gobierno y sus aliados, Junts tendrá que aceptarlas, porque lo contrario pondría en peligro la propia amnistía que beneficia, en primer lugar, al expresident Carles Puigdemont. Tras el paso por el Congreso, el texto pasará al Senado, donde el PP, que tiene mayoría absoluta, hará que se alargue al máximo el trámite, hasta los dos meses. La norma volverá al cabo de ese tiempo a la Cámara baja, que levantará las enmiendas introducidas por la derecha y volverá al texto salido este mes del Congreso. Se calcula, por tanto, que la ley estará aprobada definitivamente hacia mediados o finales de abril. El último paso, su publicación en el BOE.

Trabajar "en la mejora de la ley"

Lo ocurrido este martes vuelve a demostrar que el Gobierno no tendrá fácil domar a Junts. Tras lo sucedido la semana pasada en el superpleno del Congreso celebrado en el palacio del Senado, en el que el Ejecutivo salvó dos de sus tres reales decretos leyes ya sobre la bocina, los socialistas se convencieron de que debían cambiar la forma de negociar con los posconvergentes, intentando consensuar todo con mucha más antelación, también para bajar el precio de sus exigencias. Pero las conversaciones sobre las enmiendas a la amnistía han probado lo contrario: arrancaron hace muchas semanas y al final no hubo acuerdo.

Junts presentó sus 12 enmiendas en solitario muy pocos minutos antes de que se cerrara la ventanilla del registro

Junts se descolgó del acuerdo general y presentó sus 12 modificaciones en solitario, también a muy pocos minutos de que se agotara el plazo del registro. Recogieron las propuestas que ya habían puesto encima de la mesa en la negociación de la amnistía para que pudiera dar cobijo a otros casos que entienden como lawfare, como la causa por la que está condenada Laura Borràs. Su voluntad, dijeron desde el grupo, es "continuar trabajando en la mejora de la ley hasta su aprobación definitiva". Con su maniobra, al margen del resto de socios y, sobre todo, por separado a ERC —aunque el objetivo de sus enmiendas era muy similar—, los posconvergentes visibilizaban su posición propia y también que el PSOE no tendrá sencillo domesticarlos, incluirlos en la mayoría que sustenta al Ejecutivo.

Y también que, como ya pronosticaba la semana pasada María Jesús Montero, número dos del Gobierno y del partido, siempre sentirá la tentación de llevar las negociaciones al límite, hasta el último minuto, porque así se garantiza un precio más alto. El aviso es importante porque la siguiente iniciativa en tramitación, y en la que Pedro Sánchez sí se la juega, serán los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Son esas cuentas las que, de salir adelante, le proporcionarán oxígeno para al menos año y medio.

La supresión del 43 bis, para más adelante

Entre las enmiendas pactadas no figura una que la semana pasada se contaba con que sería incluida: la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se había incluido en el decreto ómnibus, uno de los dos convalidados la semana pasada gracias a que Junts allanó el camino. Esa modificación se introducirá en la tramitación como proyecto de ley de ese decreto. Por lo tanto, los plazos se estirarán y presumiblemente no correrán paralelos a la aprobación de la amnistía. El Gobierno, por tanto, gana tiempo.

El Gobierno da largas a los posconvergentes en la tramitación de la ley de delegación de competencias en inmigración, e insiste en que no se cederá ni el control de fronteras ni la lucha contra la migración irregular

También el Ejecutivo dio largas este martes a la tramitación de la ley orgánica que delegará las competencias de inmigración en la Generalitat de Catalunya. Fuentes de la Moncloa indicaron que aún no hay plazos y que por tanto todo está muy verde, y sí admiten que lo lógico es que el cauce sea el de proposición de ley de los grupos, no un proyecto de ley del Gobierno. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reiteró, en línea con Sánchez, que el control de fronteras y la expulsión de los migrantes son competencias "exclusivas y únicas" del Estado, como recoge el artículo 149 de la Constitución. Lo que no concretaron ni ella ni fuentes del equipo del presidente es qué competencias sí podrán delegarse en la Generalitat. No dijo, por ejemplo, si Cataluña podrá decidir unilateralmente sobre el reparto de migrantes que llegan a España y que luego son distribuidos por las comunidades autónomas.

El acuerdo con Junts, recordó Alegría, recoge un despliegue de las competencias en inmigración a través de una ley orgánica, al amparo del artículo 150.2 de la Constitución. Ley que "todavía se tiene que desarrollar" y "refiriéndonos siempre en aquellos aspectos que están en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el artículo 138". "Este acuerdo llegó la semana pasada y ahora queda todo el desarrollo. Pero los márgenes están muy claros, en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña", rubricó, para insistir en que España es un Estado compuesto en el que es importante "trabajar y colaborar a favor del autogobierno", porque así lo prescribe expresamente la Carta Magna de 1978. En la Moncloa sostienen que el acuerdo con JxCAT habla, sí, de delegación "integral", pero no "absoluta", ya que hay atribuciones que no se pueden y no se van a ceder.

A engrasar las relaciones de PSOE y Junts se dedicarán este miércoles los negociadores jefe de los dos partidos, Santos Cerdán y Jordi Turull. Los dos se reunirán en el Congreso para seguir afianzando los lazos. E intentar subsanar disfunciones. Las últimas horas han probado, sin embargo, que reencauzar las relaciones será costoso.