En la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba, el silencio se puede palpar. Un mes después de la muerte de dos soldados en unas maniobras, sus compañeros tienen "mucho miedo" a hablar del tema. También a señalar a los mandos, tres de los cuales han sido imputados este viernes como presuntos responsables de los hechos.

El 21 de diciembre, cuatro días antes de Navidad, unos 75 soldados se despertaron con el objetivo de llevar a cabo unas maniobras. Los ejercicios consistían, entre otros, en recorrer a nado una parte del pantano de la zona. Varios de ellos llevaban lastre en la mochila, presuntamente como un castigo por el capitán al frente del grupo. Uno de esos soldados era Carlos León Rico, el joven de 22 años que murió ahogado.

"Hay mucho miedo, rabia y tristeza. Se trata de compañeros con los que convivían. Poco pasa en el ejército para las barbaridades que se cometen", explica una fuente militar. La tensión entre los soldados es máxima. Unos 40 testigos han declarado ante la Guardia Civil, la encargada de la investigación, qué pasó aquél día. Los detalles los dío este martes el abogado de la familia, Luis Romero.

El letrado explicó que algunos de los participantes "no sabían nadar o no nadaban bien", lo que no se tuvo en cuenta a la hora de no dejarlos exentos del ejercicio, que consistía en cruzar un lago artificial de unos 100 metros de longitud sin usar las manos para no hundirse, solo "pateando", y llevando unos 12 kilos de peso en la mochila, "además del casco, las botas o el fusil".

Último día de maniobras

De los 74 chavales, unos 15 fueron obligados a entrar en el agua, que estaba turbia y a muy baja temperatura, "y un ejercicio así se debería hacer en primavera, con menos frío", pero a los soldados se les conminó a hacerlo con el argumento de que era el último día de maniobras antes de recibir el diploma acreditativo de haberlas realizado, y no se podía retrasar en espera de mejores temperaturas.

"Tienen que saber sus derechos y el concepto de obediencia debida. Una orden por ser una orden no puede ser cumplida. Si tu mando te dice que cojas el arma y dispares a tu compañero no tienes que hacerlo", señala a El Independiente el presidente de el presidente de la Asociación de la Tropa y Marinería Española (ATME), Marco Antonio Gómez Martín.

Este militar ha sido uno de los rostros visibles del Ejército esta semana. Ha dado la cara por los soldados que todavía están en Cerro Muriano, explicándoles los derechos que les corresponden como milicianos. Desde la rueda de prensa del abogado Romero, han llenado la base con carteles sobre una charla que dio, junto a otros miembros de ATME, para hacer llegar las ventajas del asociacionismo a los integrantes del cuartel. En Córdoba hay unos 3.000 militares. Acudieron cinco.

"Hay temor a que te vean con una asociación militar. Han acostumbrado a los chicos a que se les va a castigar si denuncian injusticias, malos tratos o abusos de superiores, y eso los mandos lo asimilan con las asociaciones". Explican desde ATME que los accidentes ocurren por dos motivos: "O has cumplido con todo el protocolo y entonces el protocolo está mal, o has cometido alguna imprudencia". Lo normal en el Ejército es que los procedimientos se vayan adecuando a los recursos que hay: "Antes era obligatorio que fuese un médico a los ejercicios de tiro con fuego real. Ahora como no hay, mandan a un técnico sanitario, que no tiene los conocimientos necesarios en caso de que haya un accidente".

Mandos imputados

El tribunal militar que investiga la muerte por ahogamiento de dos militares el pasado 21 diciembre en la base de Cerro Muriano (Córdoba) ha acordado la imputación del capitán encargado de las maniobras, además de otros dos mandos. La defensa pedirá que el caso recaiga en un juzgado ordinario, pues entiende que hay una serie de posibles delitos que no puedes ser juzgados por togados militares.

Los imputados son el capitán, retirado de inmediato de sus funciones por el Ministerio de Defensa tras el suceso, a un teniente y a un sargento presentes en las maniobras acuáticas.

 podrían haber incurrido en un delito contra la eficacia del servicio, que se produce cuando el militar incumple sus deberes fundamentales causando "grave daño en los medios o recursos de las Fuerzas Armadas o en las personas, o riesgo para el servicio o para la seguridad de una fuerza, unidad o establecimiento de las Fuerzas Armadas".

En el auto del juez del pasado miércoles, se indica que durante el ejercicio realizado el pasado 21 de diciembre en Cerro Muriano, consistente en el" cruce de un cauce de agua", las medidas de seguridad empleadas "en orden a la correcta realización del ejercicio programado, en principio, no cumplieron la función pretendida".

"Resulta claro y patente que no se cumplieron las normas de seguridad e higiene en el trabajo ni hubo ni se respetó un plan de prevención de riesgo por los siguientes hechos", añade el letrado de la defensa, que argumenta que "no había línea de vida, sino una cuerda guía" que "fue instalada por dos sargentos que reconocieron que no era una línea de vida y que además no estaban cualificados para ello".

Además, el letrado relata que el capitán "ordenó que dicha cuerda se soltase de un extremo cuando todavía había militares sujetos o en las proximidades", mientras que este mismo capitán "había dado la orden de no asirse a dicha cuerda salvo en caso de extrema necesidad".