La directriz estaba clara desde el arranque de legislatura. Tras la tensión total que provocó en la carrera judicial el pacto con los independentistas para una ley de amnistía, tras la irritación y profundo malestar que generó la alusión al lawfare que se incluyó en el acuerdo con Junts, había que templar las aguas. Y el encargado para hacerlo era el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El hombre fuerte de Pedro Sánchez en el Ejecutivo ha desplegado en los últimos dos meses una intensa agenda con los operadores de la Justicia para serenar los ánimos, para subrayarles que no comparte el Gobierno los ataques de los independentistas y para insistirles en que no se revisarán las decisiones judiciales por mucho que se monten comisiones de investigación en el Congreso.

Ese intento de recomposición de los puentes saltaba este viernes por los aires después de unas palabras de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en Televisión Española. La ministra criticó al juez Manuel García-Castellón después de que este insistiese en que el Supremo ha de investigar por delitos de terrorismo al expresident Carles Puigdemont en la causa en torno a Tsunami Democràtic. "Tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", "hay algunas personas [...] que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del Poder Judicial". Poco después, la Moncloa intentó achicar agua y corrigió a la vicepresidenta tercera, subrayando que el Gobierno respeta siempre las resoluciones judiciales, aunque no comparta algunas de ellas.

Si me están preguntando, es que seguramente algunos no han entendido bien sus palabras", dice Patxi López. ¿Pero las comparte? "Vamos a dejarlo ahí", zanja

En las siguientes horas, Ejecutivo y PSOE se han afanado en ese mismo objetivo. Rebajar la tensión, restar importancia a lo ocurrido, cargar contra la "exageración" del PP, que llegó a pedir su reprobación. La consigna interna es repetir que el Gobierno "respeta" la Justicia y sus decisiones, y poco más. Pero la incomodidad es palpable, y se manifestaba en las palabras y en los gestos de los dirigentes en A Coruña, la ciudad en la que orbita este fin de semana la actividad del partido por la celebración de su convención política.

¿Comparte las palabras de la vicepresidenta tercera?, se le preguntó al portavoz parlamentario en el Congreso, Patxi López. "Si me están preguntando, es que seguramente algunos no las han entendido bien". ¿Pero comparte sus palabras?, se le insistió. "Vamos a dejarlo ahí", resolvió el dirigente.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, también tuvo que salir al paso de las críticas de Ribera. A su entrada al Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) de A Coruña en esta segunda jornada de convención, la ministra fue preguntada sobre si cree que su compañera de Gabinete se equivocó en sus declaraciones contra García-Castellón, se limitó a expresar que ella "intentó trasladar también la misma posición" que el Gobierno lleva "ejecutando". Y aunque "ciertamente" haya resoluciones judiciales que pueden "gustar más o menos" al Ejecutivo, "como a cualquier ciudadano, señaló, al final "el respeto prevalece por encima de todo". Alegría venía a indicar, por tanto, que la responsable de Transición Ecológica tropezó en la formulación de sus reflexiones.

El PP es el que "suspende" en su respeto a los jueces

Alegría, automáticamente, cargó contra el PP, porque es quien ha "suspendido" siempre en su respeto a los jueces. Y ahí está, dijo, la hemeroteca, como cuando en 2018 el entonces portavoz de los conservadores en el Senado, mandó un mensaje a sus compañeros en el que, para convencerles de la bondad del acuerdo al que la cúpula había llegado con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, les recalcó que ese pacto les permitiría controlar "desde detrás" la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la encargada de enjuiciar el procés.

La portavoz se retrotrae a lo ocurrido con el mensaje de Cosidó y a la 'operación Cataluña' para contrastarlo con la actitud del Ejecutivo

Para la portavoz, el PP no puede dar lecciones porque tacha al Gobierno de "ilegítimo" o cuestiona la "legitimidad del Tribunal Constitucional". Y recordó las últimas informaciones de La Vanguardia y elDiario.es, que han dado cuenta de las maniobras de Interior para desacreditar o perseguir a rivales políticos en la época en la que dirigía el ministerio Jorge Fernández Díaz. El PP, insistió, utilizó "todos los recursos públicos" para "espiar y extorsionar a los opositores políticos". Son los últimos ribetes de la operación Cataluña, lo que Ferraz ha llamado esta semana "el Watergate del PP". Frente a ello, el "máximo respeto" del Gobierno a los demás poderes, "y, por supuesto, al Poder Judicial".

"Tengo todo el respeto por el Poder Judicial y me parece que no hay mucho más que decir", contestó escuetamente Salvador Illa, primer secretario del PSC. Era evidente que los socialistas querían pasar página, intentar mitigar el impacto de las palabras de Ribera, que motivaron incluso que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial —el órgano de los jueces tiene su mandato vencido desde hace ya más de cinco años— aprobara el viernes por unanimidad una declaración institucional en la que mostró su "rotundo rechazo" a las críticas de la ministra para la Transición Ecológica.

Es una tormenta en un vaso de agua y el vaso se acabó ayer", "todo ha sido exagerado por el PP", señalan desde la Moncloa

Para la Moncloa, no hay "ni tema". "No tiene ninguna importancia. Es un tema menor. Una tormenta en un vaso de agua y el vaso se acabó ayer [por este viernes]". Fuentes próximas al presidente insistieron en que "en absoluto" las declaraciones de Ribera suponen un obstáculo para la política de apaciguamiento llevada a cabo por Bolaños. "Todo ha sido muy exagerado por parte del PP", sostuvieron.

Ya por la tarde, la propia Ribera fue interpelada por los periodistas a su llegada al Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña. "No tengo nada que decir", respondió. La orden era clara: no echar más leña al fuego. Y ella no iba a prender más llamas.