El Gobierno justifica su giro en las enmiendas de la amnistía porque se “refuerza” la seguridad jurídica

El Gobierno defiende que no ha cedido ante la presión de ERC y Junts. Que no se ha saltado ninguna “línea roja” que se hubiera impuesto. Que los delitos de terrorismo quedaban fuera de la ley de amnistía y siguen fuera de ella. Y que por tanto los cambios pactados con las dos formaciones independentistas catalanas, y apoyados por Sumar, Bildu, PNV y Podemos, lo que persiguen es “reforzar” la seguridad jurídica, “mejorarla”.

El titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se tuvo que emplear a fondo este martes, tras la reunión del Consejo de Ministros, para explicar el giro sorpresivo con el que los socialistas se descolgaron apenas una hora antes en la Comisión de Justicia del Congreso. En los últimos días, Gobierno y partido habían insistido en que la proposición de ley de amnistía ya había quedado “bien armada” jurídicamente y que no requería más cambios. Sí añadían que continuaría el diálogo con ERC y Junts, pero señalaban que la cuestión de los delitos de terrorismo no se movería.

La anterior redacción era más insegura para el Ejecutivo, ya que sacaba de la amnistía los casos de terrorismo, salvo que hubiera sentencia firme, y no la habrá en ningún caso para cuando entre en vigor la nueva ley

Pero se acabó moviendo. El PSOE pactó con ERC, Junts, Sumar, Bildu, PNV y Podemos dos enmiendas que afectan al articulado de la norma y a la exposición de motivos. La relevante es la que afecta al artículo 2 de la ley, la que define qué delitos quedan excluidos de la amnistía. Antes se decía que quedaban fuera del perdón los actos tipificados como delitos de terrorismo siempre que no hubiera “sentencia firme”. La enmienda transaccionada este martes en la Comisión de Justicia señala que se excluyen los delitos de terrorismo “siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el derecho internacional humanitario”.

ERC y Junts temían que, con la anterior redacción, dirigentes como el expresident Carles Puigdemont o la número dos de los republicanos, Marta Rovira, implicados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en la causa Tsunami Democràtic por terrorismo, finalmente no se libraran.

ERC y Junts querían garantizarse que la ley se aplicaba sin salvedades y que afectaría a Rovira y a Puigdemont, implicados en el 'caso Tsunami'

El magistrado atribuye a los imputados en el caso el fallecimiento por infarto de un viajero durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat. La Fiscalía no cree que los hechos protagonizados por Tsunami se ajusten a los delitos de terrorismo. Es más, no todos tendrían, a su juicio, carácter delictivo y, los que lo son, encajarían más en otro tipo penal, el de desórdenes públicos. En cambio, el Ministerio Público sí acusa de terrorismo a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que pudieron crear una “célula radical” para “conseguir la independencia, empleando para ello la violencia”.

Bolaños, preguntado en varias ocasiones por los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, insistió en que las enmiendas pactadas son de carácter técnico y mantienen el terrorismo fuera de la cobertura de la ley, por lo que el Gobierno no rompe la “línea roja”, dijo, a la que se había comprometido.

Los jueces deben “interpretar” si hay o no terrorismo

El ministro explicó que las modificaciones acordadas con los independentistas “refuerzan” la función jurisdiccional de jueces y magistrados, ya que son ellos los que han de “interpretar” las normas y también la ley de amnistía. Eso “queda definitivamente claro en las enmiendas pactadas”, señaló. Y la razón es que ahora deben ser los jueces los que han de valorar si los actos de terrorismo vinculados al procés —como los atribuidos a los CDR y a Tsunami Democràtic— suponen o no una violación grave de derechos humanos.

El Ejecutivo señala que esta redacción es más precisa, ya que antes podían amnistiarse todos los casos de terrorismo, graves o no, si no había sentencia firme. Ahora se "limita"

Desde el Ejecutivo se insiste en que esta nueva redacción es más precisa, porque antes, al dejar fuera de la amnistía los casos de terrorismo salvo que hubiera sentencia firme, quedaban en la práctica excluidos todos los delitos de terrorismo, ya que es totalmente imposible que para cuando la ley entre en vigor, previsiblemente en abril o mayo de este año, pueda haber una sentencia firme. Es decir, que podía ser un coladero, se dejada una puerta abierta "más grande que la de Brandeburgo". Y además, puntualizan las mismas fuentes, había una discusión doctrinal en torno a si era o no adecuada esa formulación. En cambio, ahora se diferencia entre los actos más graves — “lo que hemos entendido siempre por terrorismo”, precisan—, que no serían borrados, y los menos graves, que sí serían amnistiados. Pero quien tendrá que apreciar la gravedad o no de los casos será el juez, al margen de que las sentencias impuestas sean firmes o no. Por eso Bolaños apuntó en su comparecencia que las enmiendas “mejoran” el artículo 2 de la ley —el que lista las exclusiones de la amnistía—, se adaptan a los estándares europeos y “refuerzan la seguridad jurídica”.

“Lo sustancial es que el terrorismo queda excluido de la ley de amnistía”, rubricó una y otra vez Bolaños, “y esa era nuestra línea roja”. Lo justificaba así para negar, por tanto, que el Ejecutivo hubiera cambiado de criterio, pese a lo que afirmaba en los últimos días era que esa parte de la ley no se tocaría. Fuentes del Gobierno añadieron que lo que pedían ERC y Junts en sus enmiendas registradas la semana pasada era directamente suprimir las referencias a los delitos de terrorismo. Es decir, que no se excluyeran de la amnistía los actos terroristas. En eso, seguían apuntando desde la Moncloa, no se ha transigido de ningún modo. El terrorismo está fuera y lo que se hace es “limitar” el alcance de la amnistía. “Nuestra línea roja no era mantener lo de sentencia firme, sino que quedaba fuera de la amnistía el terrorismo, y eso se mantiene. La redacción acordada es más segura”, apuntaban.

Llevando el nuevo texto a la práctica, ahora García-Castellón, cuando entre en vigor la norma, deberá decidir si los actos de terrorismo por los que implica a Puigdemont y a Rovira constituyen una violación grave de derechos humanos. Si justifica que es así, perseveraría en su causa, pero si no, deberá proceder a amnistiar los delitos. “Se ha redactado por tanto para excluir del perdón el terrorismo que conocemos todos, y que no es igual a los desórdenes públicos. La anterior redacción era más amplia y generaba inseguridad. Ahora será el juez el que interprete”, concluyeron.

Bolaños precisa que solo pueden ser perdonados y borrados los delitos ligados al 'procés'

Bolaños precisó que los comportamientos delictivos que podrán ser perdonados y borrados al amparo de esta ley serán únicamente los ligados al proceso independentista catalán, y no lo los que no tengan nada que ver con él. “Nada que esté alejado” del procés se amnistiará, indicó. No quiso explicitar si él califica o no de terrorismo los altercados ocurridos en Cataluña a raíz del procés: se limitó a recordar que se están “sustanciando” estas causas por los tribunales y que hay “diferentes opiniones jurídicas” porque la Fiscalía “considera que no se produjeron actos terroristas” en lo relativo a Tsunami, pero será la Audiencia Nacional la que deba decidir.

Las enmiendas pactadas también blindan aún más el eventual regreso de Puigdemont a España, al insistir en que el juez competente en cada causa (en su caso, el Supremo) “acordará el inmediato alzamiento de cualesquiera medidas cautelares de naturaleza personal o real que hubieran sido adoptadas” y dejará “sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención”. Además, explicita el texto acordado que el levantamiento de las medidas cautelares no podrá pararse por mucho que se suspenda el procedimiento penal (por la tramitación de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE). Y se recalca que se levantarán las penas privativas de libertad y de derechos que hubieran sido impuestas con el carácter de pena principal o accesoria, una precisión que podría beneficiar a Oriol Junqueras, al que le queda todavía por cancelar la inhabilitación.

Asimismo, se adapta la exposición de motivos para recoger el espíritu de los cambios introducidos este martes en el dictamen de la Comisión de Justicia y que se elevarán al pleno de la próxima semana en el Congreso. La intención del Gobierno, apuntaron fuentes de la Moncloa, es no introducir más modificaciones en la proposición de ley orgánica, y de hecho para que pudieran aceptarse transaccionales se requeriría la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, según prescribe el artículo 118.3 del reglamento de la Cámara baja.