"No he visto nada igual en 15 años". Habla una abogada especializada en derecho internacional. En su espalda lleva varios lustros de trabajo. Los últimos días los ha pasado en el aeropuerto de Barajas, tratando con los centenares de solicitantes de asilo que han llegado a la capital de España.

"Lleva así desde verano pero estas últimas semanas es insoportable", explica N. B. Explica que hay más de 300 personas viviendo donde tendría que haber 30. Que los inmigrantes están desconcertados, sin saber lo que pasa y sin saber que tienen derecho a asistencia letrada gratuita. "Hay senegaleses, keniates, argelinos, marroquíes, somalíes...".

Según su relato, hay personas que llevan más de 10 días esperando la entrevista que les permita saber si se les concederá el asilo o no, "cuando la ley dice que se debe atender en horas". "Los solicitantes no puedes ser las víctimas de un sistema que no pone medios y personal, incumpliendo la legislación nacional e internacional", afirma la letrada.

La situación ha empeorado en las últimas semanas. La situación, aunque delicada desde el verano pasado, saltó a los medios el 22 de diciembre, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por una denuncia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), exigió al Ministerio del Interior medidas urgentes ante el hacinamiento de personas en las tres salas de Barajas. Un mes antes, asegura la abogada, una mujer perdió al bebé del que estaba embarazada.

"Es un caos absoluto"

"El tema ya no es solo que se tarde en el trámite, la cuestión más importante y alarmante es cómo están viviendo ahora mismo ahí dentro sin ningún tipo de acondicionamiento, sin poder ducharse, acceder a sus pertenciancias, durmiendo por los suelos y malcomiendo", denuncia la abogada, conocedora de primera mano de la situación. "Es un caos absoluto".

La letrada describe como algo "nunca visto" la situación de Barajas. Aún así, la cosa cambia entre la sala de la Terminal 1 y la 4. En esta última, "al menos hay mesas y sillas y puedes entrevistarte de manera separada". Pero la 1 "es otra cosa. No se ve el suelo ni las paredes de la gente que hay. No puedo describirlo".

Este martes se ha agravado el problema. Cruz Roja ha dejado de prestar asistencia a los solicitantes de asilo de manera "temporal" ante las condiciones de saturación, hacinamiento e insalubridad en la que estos se encuentran por el aumento exponencial de peticiones registradas en los últimos meses.

Una docena de técnicos de Cruz Roja prestaban atención psicosocial hasta esta mañana a los solicitantes de asilo que esperan en Barajas a que su solicitud sea admitida a trámite con, entre otras funciones, la detección de posibles vulnerabilidades entre los migrantes, como las víctimas de trata. Desde el Ministerio del Interior no comparten la decisión tomada por la organización.

Falta de personal y medios

"Supongo que la situación se puede achacar a la falta de personal y a los pocos medios, pero esa cuestión no justifica en ningún caso las formas en las que estas personas están esperando a ser atendidas", explica la letrada N. B.. Y como solución: "Que se les saque a un centro bien acondicionado mientras se gestiona su solicitud, y en los casos que han superado los plazos legalmente establecidos, que se les de entrada por incumplimiento y después que se gestione por la vía ordinaria la protección internacional".

Uno de los problemas que tienen los abogados para entenderse con sus defendidos es el de los traductores. "No todos los migrantes hablan francés o ingles. También traen a un señor turco o a una mujer de Irán que nada puede hacer para entender a alguien de Kenia, Marruecos o Somalia".

Dos millones en traductores

Ante la previsión de que sigan llegando solicitantes de asilo, el Ministerio del Interior acaba de presentar un contrato por 1,85 millones de euros para contratar un "servicio de interpretación y traducción" que de asistencia a estas personas, como ha publicado El Independiente.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska está seguro de que la llegada masiva de solicitantes de asilo se prolongue durante todo el 2024. En las últimas semanas las tres salas de recepción de estas personas en el aeropuerto de Barajas en Madrid se han saturado, dejando situaciones de peligro e insalubridad.

La saturación de colapso de las salas que acogen a los solicitantes de asilo que sufre el aeropuerto de Madrid ha ido incrementándose en los últimos meses. Sólo en el mes de noviembre, último mes del que hay datos oficiales, se recibió a 589 personas de las 631 que pidieron quedarse en España huyendo de sus países. Las fuentes policiales consultadas señalan que la tendencia no es nueva y se repite desde hace meses.

Los datos están recogidos en el boletín estadístico de fronteras del penúltimo mes del año. La responsable máxima del control de entradas y salidas es la Policía Nacional, que tiene las competencias en exclusiva, y dentro del Cuerpo la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

No al CIE

El Juzgado de Instrucción número 46 ha revocado la orden de trasladar a 50 inmigrantes que aguardaban en las salas de asilo de Barajas al Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid), una medida que había dictado ante el desbordamiento de las instalaciones por un repunte de solicitantes de asilo.

El juez revocó el pasado viernes la orden que había emitido tres días antes, después de que la Fiscalía y CEAR pidieran la nulidad y de que se llegaran a trasladar a cuatro personas, ha informado esta ONG en un comunicado este lunes.

CEAR ha informado que este lunes había más de 390 personas esperando "en condiciones indignas e inhumanas" y que aproximadamente 182 personas aún no han podido formalizar su solicitud, principalmente personas procedentes de Senegal, Marruecos, Somalia, Venezuela y Colombia.

Los retrasos en la formalización de solicitudes se han llegado a dilatar hasta los 18 días en diciembre, aunque la situación ha mejorado "levemente", hasta los 8 días. La ONG ha denunciado que estas demoras dificultan la detección de necesidades específicas, como en el caso de los menores, las víctimas de trata o las personas con problemas de salud física o mental o con discapacidad, e impide que puedan tener un trato diferenciado al que tienen derecho.