Visto el inesperado giro de los socialistas en el penúltimo tramo de la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso, ya las certidumbres cotizan al alza, pero la propia mecánica parlamentaria, la normativa que regula la vida de la Cámara baja, hace prácticamente imposible introducir más cambios al PSOE y a sus socios después de la última cesión a ERC y Junts. Cesión que el Gobierno niega tajantemente porque los cambios sobre los delitos de terrorismo fueron, recalca, a iniciativa suya.

La ley de amnistía ya está en la rampa de salida. Este martes el dictamen fue aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso, por 20 votos a favor (los de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos) y 17 en contra (PP y Vox). Dictamen que incorporó las dos enmiendas transaccionales que pactaron los socialistas con los independentistas catalanes. El paso siguiente es la aprobación por el pleno de la Cámara baja, previsiblemente el próximo 30 de enero, donde se requiere mayoría absoluta, el sí de 176 diputados, al tratarse de una ley orgánica. Los grupos tienen de plazo hasta este miércoles, a las 13.45 horas, para mantener sus enmiendas vivas (incluso las que hayan pactado con otros grupos pero hayan sido rechazadas) o defender sus votos particulares (para deshacer los últimos cambios). Pero no pueden registrar nuevas modificaciones. En el pleno, según indica el artículo 118.3 del reglamento del Congreso, se pueden admitir sin problemas enmiendas que subsanen errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales. Pero solo se pueden tramitar enmiendas transaccionales si ningún grupo parlamentario se opone.

En el Senado, no habrá retoques, porque allí los populares disfrutan de mayoría absoluta y podrán desmantelar la norma. Los cambios solo pueden ser levantados o confirmados en la segunda vuelta en la Cámara baja

Y ahí está la clave: si, por ejemplo, el PSOE aceptara transaccionar una enmienda de Junts, tendrían que autorizarlo todos los demás grupos, y es muy improbable que lo permitieran PP y Vox. Por eso se puede dar por imposible introducir más cambios en la ley de amnistía, salvo que los socialistas decidieran apoyar en sus términos las enmiendas que dejen vivas ERC o Junts y a las que se opusieron el martes. No hay más margen.

Fuentes del Ejecutivo confirman que "no cabe" hacer más modificaciones al texto, de modo que el dictamen aprobado este martes por la Comisión de Justicia será, prácticamente con seguridad, el que salga publicado en el BOE una vez culmine la tramitación de la amnistía. Y es que, dado que no habrá posibilidad de transaccionar enmiendas la próxima semana en el pleno del Congreso, salvo que lo autorizaran el PP y Vox, ya no habrá más opciones de retoque. El texto pasará al Senado, en el que los populares disfrutan de mayoría absoluta. El PP demorará al máximo la tramitación en la Cámara alta, hasta los dos meses, y aprovechará su control para desmontar la ley. La proposición retornará al Congreso, y la Cámara baja entonces solo tiene la posibilidad de confirmar o tumbar las enmiendas llegadas del Senado, sin poder introducir cambios en ellas.

Fuentes de ERC y Junts señalaban este martes que mantienen abiertas las negociaciones con el PSOE. Los posconvergentes no cerraban la puerta a más modificaciones para "blindar" una norma que ha de cubrir, indicaban, todos los supuestos. La dirección del grupo confirmó que mantiene vivas todas sus enmiendas, y también otras amarradas con el PNV y ERC que persiguen ampliar el perímetro de la ley, enmiendas que fueron rechazadas este martes por el PSOE en la Comisión de Justicia. Los socialistas, sin embargo, contestaban que la ventanilla de los cambios ya está cerrada. Es decir, que ahora ya sí que está listo el texto de la ley de la amnistía con los cambios introducidos este 23 de enero.

Cambio de sentencia firme por gravedad

El temor de ERC y Junts a que la redacción de la norma dejase fisuras por las que pudiera colarse la interpretación de los jueces, los encargados de aplicarla, ha estado presente en toda la gestación y tramitación del texto. Y es que justo cuando el PSOE estaba ultimando la redacción con los posconvergentes irrumpió en escena el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, desempolvando la causa Tsunami Democràtic. El magistrado pedía al Tribunal Supremo que se hiciera cargo del caso respecto de los aforados, entre ellos el expresident Carles Puigdemont y la número dos de ERC, Marta Rovira. Se investiga la relación entre los altercados de 2019 en Cataluña en respuesta a la sentencia del procés y la muerte por un infarto de un ciudadano francés en el aeropuerto barcelonés de El Prat. García-Castellón apreciaba indicios de delitos de terrorismo, que según afirmaba en un auto del pasado jueves, se habían afianzado. También pesaron las actuaciones de los jueces contra los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), acusados de sabotajes y algaradas callejeras.

Con la nueva redacción, quedan fuera de la amnistía los actos terroristas "siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos"

Según la redacción inicial del artículo 2 de la proposición de ley, registrada por los socialistas en noviembre, quedaban excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo, "siempre y cuando haya recaído sentencia firme". Es decir, que si no había condena en firme, los comportamientos delictivos sí eran borrados y perdonados. A ERC y Junts no les convencía esa formulación y, en sus enmiendas, registradas la pasada semana, proponían directamente la eliminación de ese precepto. Es decir, querían que fueran amnistiados todos los delitos de terrorismo, sin excepción.

El pasado jueves, en el estudio de la ponencia, el PSOE sacó adelante sus ocho enmiendas "técnicas" firmadas con ERC y sus socios de izquierdas. Junts, que no las había suscrito 48 horas antes, también las respaldó. Pero esas modificaciones propuestas por los dos partidos independentistas relativas a los delitos de terrorismo fueron rechazadas. Después, el portavoz socialista, Patxi López, recalcó que, con esos cambios aceptados, la ley ya estaba "bien armada y reforzada". Es decir, que no se admitirían más modificaciones. Los días siguientes, el mensaje de Gobierno y PSOE era el mismo: su "línea roja" eran los delitos de terrorismo y esa parte no se tocaría, aunque el diálogo con ERC y Junts seguiría.

La contundencia de las palabras de los dirigentes socialistas acabó volviéndoseles en contra. El lunes por la noche, a última hora —otra vez al filo de la navaja—, se cerró una nueva redacción de ese artículo 2 de la ley con ERC y Junts. Quedan así excluidos de la aplicación de la amnistía los actos tipificados como delitos de terrorismo "siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario". Es decir, que no podrán ser amnistiados casos de terrorismo que supongan muerte o tortura. Una distinción entre terrorismo leve o grave difícil de digerir para los socialistas.

Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos", subraya el ministro Bolaños

El titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, insistía ayer martes a los periodistas que no se había ampliado en realidad el perímetro de la ley, como esgrimían los independentistas. Son dos enmiendas "técnicas", dijo, que "mejoran una ley que ya era sólida de por sí y conforme a la Constitución y al Derecho de la UE". "Lo que hacemos es que se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la ley de amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos, tal y como dice la directiva europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Es decir, dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos". Es decir, que con los cambios se "refuerza" la "seguridad jurídica" de la ley y se adapta a los estándares europeos. Bolaños reiteró que la "línea roja" que el Gobierno se había impuesto no se había cruzado, porque no se había sucumbido a la presión de los independentistas, que directamente pedían que los delitos de terrorismo quedaran dentro del paraguas de la amnistía.

Por una mayor "seguridad jurídica"

Fuentes del Ejecutivo negaban que hayan claudicado ante Junts y ERC. "Lo hemos cambiado a iniciativa nuestra. El artículo es mucho mejor así que cuando nos referíamos a la sentencia firme", defienden. En la Moncloa explicaban que no tenía mucho sentido esa alusión porque la ley, que previsiblemente estará publicada en el BOE entre abril y mayo, tiene que aplicarse en un plazo máximo de dos meses desde su entrada en vigor.

En el Ejecutivo señalaban que la formulación anterior podía acabar siendo un "coladero", de ahí que se pasa a otro criterio, la gravedad de los hechos

No habrá tiempo para que haya una condena firme, por lo que esa formulación podría convertirse en un "coladero", "más grande que la puerta de Brandeburgo", ya que en la práctica suponía que todos los delitos de terrorismo quedaran amnistiados. Ahora el criterio será otro, el de la gravedad de los actos de terrorismo, que deberá valorar el juez. Si aprecia que ha habido violación grave de derechos humanos, esos delitos no podrán quedar eliminados, pero si no concurre esa circunstancia, entonces tendrá que aplicar el perdón de forma automática. Además, había un debate doctrinal, agregaban, porque con la anterior textualidad, podían ser amnistiables delitos muy graves sin sentencia firme y no perdonados otros más leves que sí tuviera ya condena final.

Para el Gobierno, se "limita" por tanto la redacción, queda más acotada, se dota de mayor "seguridad jurídica" a un texto que será escrutado hasta la última coma por los tribunales. Los socialistas no han explicado públicamente por qué, si advirtieron una flaqueza en la ley —que definían como "impecable"—, no la apuntaron antes y no la corrigieron. Los independentistas, mientras, se sienten satisfechos porque creen que así la norma queda más blindada: sí habrá amnistía cuando se trate de casos de presunto terrorismo sin intención directa y manifiesta de provocar graves violaciones de derechos humanos. Esa textualidad aseguraría la cobertura de la norma para Puigdemont y Rovira.

El 'expresident' de la Generalitat Carles Puigdemont atiende a medios a su llegada al Parlamento Europeo el pasado 13 de diciembre de 2023, en Estrasburgo. EUROPA PRESS / ÁLEX FLORES

La proclamación por parte de los socialistas de que no cruzarían su "línea roja" y la evidencia de que aceptaron transaccionar con sus socios un punto muy delicado de la ley permitió a la oposición de PP y Vox salir en tromba contra Pedro Sánchez, contra el Gobierno por estar dispuesto a "amnistiar a terroristas con tal de seguir desde el poder", según aseguró el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado. Para el diputado ultraderechista Carlos Flores, se trata de un ejemplo más del "golpe de Estado" del Ejecutivo central, informa EFE.

La segunda enmienda, también relevante

Hay otra modificación relevante introducida a través de esa segunda transaccional pactada ayer martes. La enmienda que salió adelante ordena a los órganos judiciales que tengan un procedimiento ligado al procés en sus manos el alzamiento "inmediato" de las medidas cautelares y de las órdenes de búsqueda y captura y de detención de inmediato, "incluso en aquellos casos en los que se produzca una eventual suspensión del procedimiento judicial". Es decir, que aunque los tribunales eleven una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), o un recurso ante el Tribunal Constitucional, se tendrán que levantar las órdenes de búsqueda y captura —esto afecta a Puigdemont directamente—, y también deberán dar por canceladas las "penas privativas de libertad, privativas de derechos y multa, que hubieran sido impuestas con el carácter de pena principal o de pena accesoria" —y esto afectaría a Oriol Junqueras—.

La transaccional también blinda la vuelta de Puigdemont a España y en principio haría decaer la inhabilitación de Junqueras, aunque se eleve una cuestión prejudicial al TJUE

De esta forma, el expresident, huido de la Justicia española desde 2017, tendrá garantizada su vuelta a España sin problemas, ya que no se le podría detener aunque la norma esté recurrida. También podría regresar Rovira, fugada en Suiza. Y a Junqueras se le podría levantar su pena de inhabilitación, que no le fue indultada por el Gobierno en 2021.

El temor de los independentistas no se ha disipado del todo. Por eso tanto ERC como Junts señalaban este martes que seguirán dialogando con el Gobierno en los días que restan hasta el pleno del 30 de enero. Los posconvergentes intentarán que se vuelva al espíritu de su enmienda sobre delitos de terrorismo, y también que se extienda dos meses el plazo de aplicación de la amnistía —retroceder hasta el 1 de noviembre de 2011— para que cubra las causas que afectan el personal de la Conselleria de Exteriores catalana y que continúan en el Tribunal de Cuentas, informa EFE. Y desean ampliar el perímetro de aplicación de la ley. Para Junts, no obstante, es el Gobierno el que se ha movido, el que ha cedido. Para el Ejecutivo, quienes han transigido han sido los separatistas, porque no se les han aceptado sus enmiendas sobre terrorismo. Y no habrá más cambios, prometen. En una semana se sabrá si cabían o no más modificaciones y si el PSOE mantiene su posición.