El juez que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el Tribunal Supremo, Pablo Lucas, avaló el espionaje con el software 'Pegasus' al entonces vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, porque lo consideraba un líder "en la clandestinidad" de los Comités de Defensa de la República (CDR).

La información, adelantada por eldiario.es y que ha confirmado El Independiente, se ha hecho pública a escasas horas de que la ex directora del centro de los espías, Paz Esteban, declare como investigada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona que abrió una investigación a raíz de la querella del líder de ERC. El virus de origen israelí se introduce en el teléfono móvil y es tan agresivo que, además de llevarse todo tipo de información, puede incluso activar el micrófono o seguir la ubicación en tiempo real.

El Consejo de Ministros desclasificó la semana pasada los documentos confidenciales por los que el juez del Supremo --que supervisa al CNI cuando necesitan autorizaciones en materia restrictiva de derechos-- dio luz verde a la intervención telefónica entre 2019 y 2020.

Según fuentes con acceso a los autos del Supremo, la justificación para el espionaje fue que Aragonés dirigía las acciones de los CDR, los grupos que se crearon en 2017 al calor de las demandas independentistas. Cabe recordar que 12 miembros de estos Comités están procesados en la Audiencia Nacional acusados de delitos terroristas. La Fiscalía pide para ellos entre 8 y 27 años de cárcel.

En el momento en el que se ubica el espionaje, Aragonès era vicepresidente de la Generalitat mientras que Quim Torra la presidía. Los espías españoles no argumentaron razones políticas para acceder a la intimidad del líder de ERC, sino que lo colocaron en un rango jerárquico alto de la organización de los disturbios independentistas.

La denuncia de Aragonès

El escándalo sobre 'Pegasus' estalló en 2021 cuando un estudio de Citizen Lab (un grupo de trabajo de la Universidad de Toronto) desveló que al menos 60 teléfonos de independentistas y activistas catalanes habían sido infectados con este malware. El Gobierno tuvo que dar explicaciones y aceptó que el CNI había impulsado 18 espionajes, si bien se escudó en que siempre lo hizo bajo la rúbrica del juez del Supremo.

En julio de 2022 Aragonès presentó una querella en los juzgados de Barcelona y no fue hasta octubre cuando se admitió. El estudio de la universidad canadiense señala que el político recibió tres sms para el intento de Pegasus los días 4,5 y 13 de enero de 2020.

Cuando el juez Santiago García dio trámite a la querella, además de citar a Paz Esteban remitió una batería de preguntas al Centro de Inteligencia como que cuándo compraron el software Pegasus, quién lo adquirió, qué técnicas de licencias existen, etc.

Otra de las diligencias clave para que el caso prosperara era precisamente la relativa a la documentación del Supremo. El togado había remitido su petición para que el alto tribunal certificara si había "autorizado el uso de software de control remoto, monitorización, balizamiento o cualquier fórmula de intervención de las comunicaciones y la intimidad del M. Hble. President de la Generalitat de Cataluña". Y en caso afirmativo, le pedía las resoluciones que hubieran avalado la injerencia.

La desclasificación por parte del Gobierno ha logrado que finalmente los documentos lleguen en vísperas de la declaración de Esteban quien, de momento, es la única imputada del caso.