El pleno del Congreso que aprobará la ley de amnistía para remitirla al Senado está un paso más cerca pero, tras el último auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, no queda al cien por cien claro si el Gobierno aceptará cambios en el texto, si los socialistas asumirán las enmiendas que han dejado vivas Junts y ERC. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el negociador de la letra pequeña de la norma, rehusó confirmar este viernes si ya da por cerrada finalmente la redacción, aunque a continuación precisó que su partido está votando a favor de las enmiendas que "aprueba y pacta", lo que descartaría que se sume a unas correcciones que han elaborado las formaciones independentistas sin el concurso del PSOE.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sabe que tiene que guardar muchos equilibrios y medir sus palabras, tanto para no soliviantar a ERC y Junts, de cuyos votos depende, como para no irritar más a la Justicia. Ese es el contexto que rodeaba las declaraciones de este viernes de Bolaños a su llegada este 26 de enero a una reunión informal de los ministros de Justicia de la UE en Bruselas. El ministro intentó ser cuidadoso con el procedimiento parlamentario, sin dar por hecho nada, pese a que se le preguntó en hasta cuatro ocasiones si daba por cerrada la redacción de la ley de amnistía tal y como salió de la Comisión de Justicia el pasado martes.

En el pleno se votan las enmiendas que están vivas y ahí se comprueba si alguna de esas enmiendas vivas se vota por mayoría y, por tanto, se incorpora. El PSOE está votando las enmiendas que aprueba y que pacta el PSOE", asegura Bolaños

Y es que de camino se ha cruzado el auto del juez, que por primera vez señala que algunos de los hechos que endosa a los implicados en Tsunami violan "el derecho a la vida e integridad física" reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española [derecho a la vida] y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos", justo la línea que marcaba la enmienda pactada por el Ejecutivo con Junts y ERC para definir qué delitos de terrorismo pueden ser amnistiables y cuáles no. Según la última versión, la aprobada por la Comisión de Justicia, entran dentro de la medida de gracia los actos tipificados como delitos de terrorismo siempre que no supongan una violación grave de los derechos humanos —esto es, muerte, tortura o trato degradante—. Si se abre camino la lectura de García Castellón, el expresident Carles Puigdemont o la número dos de ERC, Marta Rovira, no se verían beneficiados por la amnistía.

La pregunta, por tanto, es si tras el pronunciamiento del juez puede haber cambios en la ley de amnistía. Pero el margen para el PSOE es pequeño: solo le cabe aceptar las enmiendas de los independentistas, que piden amnistiar todos los delitos de terrorismo. No hay negociación posible para un nuevo cambio en la redacción, ya que el reglamento del Congreso prescribe que para que el pleno pueda transaccionar nuevas enmiendas deben autorizarlo todos los grupos, por unanimidad, y es obvio que PP y Vox no se lo facilitarían a los socialistas.

"El Parlamento es quien aprueba las leyes, el Parlamento es lo que votan los ciudadanos y, por tanto, lo que representa la soberanía popular, y el Poder Judicial aplica las leyes —sostuvo primero el ministro—. Nuestro sistema es muy garantista. Todas las decisiones, todas las resoluciones que adoptan los jueces y tribunales pueden ser recurridas para revisar su legalidad. Eso es el funcionamiento normal de un Estado de derecho como es España. Y, desde luego, yo confío en un comportamiento ejemplar de todas las instituciones del Estado". Con sus palabras, venía a decir que el auto de García Castellón no es la última palabra, ya que sus decisiones son revisadas por las siguientes instancias.

"Es una cuestión futura" si afecta a Puigdemont

Bolaños no quiso entrar en la posibilidad de que Puigdemont quede finalmente fuera de la amnistía —"es una cuestión futura", se sabrá "cuando la ley esté en vigor" y su aplicación "corresponde a los jueces y tribunales"—, y tampoco precisó si el auto del juez hará repensar al Gobierno su negativa a aceptar las enmiendas de Junts y ERC.

Tampoco la portavoz del Gobierno precisa si su grupo aceptará las enmiendas de los independentistas: "Lo importante es el objetivo de la ley", se escurre

¿El texto se ha cerrado ya, no se va a cambiar?, le preguntaron los periodistas insistentemente al ministro. "El texto ha salido de la Comisión de Justicia del Congreso y falta la votación en pleno que se producirá el próximo día 30. En el pleno se votan las enmiendas que están vivas y ahí se comprueba si alguna de esas enmiendas vivas se vota por mayoría y, por tanto, se incorpora. El PSOE está votando las enmiendas que aprueba y que pacta el Partido Socialista y, por tanto, yo creo que es una ley absolutamente impecable, sólida desde el punto de vista técnico, que es conforme a la Constitución y conforme al derecho de la Unión Europea y esto creo que, desde que se conoció el texto, es algo innegable". Es decir, no hay una negativa tajante de Bolaños a aceptar las propuestas de ERC y Junts pero al tiempo recuerda que solo se han aprobado en esta tramitación las enmiendas que el PSOE ha acordado. No las demás. Esa precisión, por tanto, supondría que no habrá más cambios. Tampoco Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, quiso precisar desde el Congreso si aceptará su grupo las enmiendas de los independentistas: "Lo importante es el objetivo de la ley", se escurrió.

Bolaños también fue preguntado por las escuchas con el software de fabricación israelí Pegasus a Pere Aragonès, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) solicitó al Tribunal Supremo, aduciendo que era él quien lideraba desde la clandestinidad las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR).

El ministro respondió que este Ejecutivo de Sánchez "respeta el Estado de derecho", "a diferencia de lo que pasaba durante gobiernos anteriores". Se refería a la operación Cataluña, al dispositivo que presuntamente montó el Gabinete de Mariano Rajoy, del PP, para espiar a adversarios políticos. "No hay ninguna presión, ninguna injerencia en el funcionamiento normal de las instituciones y de los organismos, como en este caso es el CNI, y por tanto lo que tenemos que hacer es mostrar todo el respeto al trabajo que hace", señaló.

Sobre las escuchas a Aragonès, el ministro indica que este Gobierno sí "respeta el Estado de derecho" y no tenía conocimiento de esos pinchazos, porque ni el CNI ni el Supremo tienen que informarle

El titular de Justicia incidió en la línea argumental que ya anoche, cuando se reveló el contenido de los autos del Supremo que autorizaron el uso de Pegasus en el móvil del entonces vicepresidente de la Generalitat. Esto es, que la solicitud de los pinchazos venía de antes, de los tiempos de Rajoy. "El Gobierno, en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento ni había autorizado porque eran operaciones que venían de antes", razonó.

Operaciones, siguió, que "el CNI no tiene por qué explicar ni por qué contar al Gobierno, ni tampoco el Supremo, cuando los autoriza [los pinchazos] tiene que contarlo al Gobierno. Yo creo que ha habido un funcionamiento también en esto normal del Estado de derecho porque lo que hizo el CNI es solicitar autorización al juez del Tribunal Supremo, a quien le correspondía dar esa autorización, y la dio".