La decisión de que el espionaje a Pere Aragonès corriese a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fue una "decisión política" tomada desde Moncloa. Las fuentes consultadas en el organismo que dirige a los espías señalan un interés del Gobierno por conocer el contenido del móvil del entonces vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Los autos del Tribunal Supremo desclasificados recientemente por el Consejo de Ministros a petición de un juez de Barcelona señalan tres fechas para la intrusión con el malware Pegasus en el móvil del político independentista. La primera infección fue en julio de 2019. Los espías españoles pidieron autorización judicial para intervenir el teléfono de Aragonès justificándolo en que era el líder de los Comités de Defensa de la República (CDR) en "la clandestinidad".

Las otras dos fechas que señalan los autos del juez Pablo Lucas, el supervisor judicial de las actividades del CNI, son octubre de 2019 y enero de 2020. Se trata de prórrogas de tres meses cada una por las que se ampliaba el espionaje al líder circunstancial de ERC, ya que Oriol junqueras estaba en prisión por los hechos de octubre de 2017. En total fueron ocho meses, según la desclasificación parcial de los autos del TS, los que el teléfono estuvo intervenido.

El Gobierno dio luz verde a que los escritos del magistrado Lucas se desclasificaran parcialmente hace unas semanas. El motivo era la declaración en el Juzgado de intrucción número 29 de Barcelona de la ex directora del CNI, Paz Esteban, a raíz de una denuncia del propio Aragonès por el espionaje sufrido. La minsitra de Defensa, Margarita Robles, de la que depende el Centro, explicó esta semana en el Congreso que lo desclasificado era lo justo para corroborar que las acciones se hicieron con amparo judicial y que permitiría a Esteban defenderse ante el juez de la Ciudad Condal y preservar los medios técnicos y humanos del CNI. La declaración, en la que la exdirectora ha estado acompañada de dos abogados del Estado, ha sido "tensa", según ha podido saber este periódico.

Líder en la sombra de los CDR

El motivo del espionaje de Aragonès, según el CNI, es que lideraba a los CDR en la sombra. Querían saber la implicación del líder de ERC en los altercados que se vivieron en Cataluña en 2019. El propio Aragonès dijo en una entrevista hace año y medio que ese era, en teoría, el motivo de su espionaje. La investigación judicial terminó recayendo en el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Por esta causa hay 12 personas procesadas acusadas de delitos de terrorismo. La Fiscalía pide para ellos entre 8 y 27 años de cárcel.

Cuando el CNI participa en una investigación, sus actuaciones no tienen que aparecer reflejado en el sumario de una causa judicial, pero el instructor sí tiene conocimiento de ello. Sin embargo, entre los tomos de las causa que investiga a los CDR no se refleja el nombre del ahora presidente de la Generalitat. Las fuentes jurídicas consultadas señalan que en la Operación Judas, como se bautizó, se actuó de manera rápida porque los detenidos tenían explosivos y se temía que pudiesen atentar de manera inminente. En ningún caso se llevó la investigación a niveles políticos y el nombre de Aragonès nunca estuvo sobre la mesa.

Esa investigación corrió a cargo de la Guardia Civil. Los informes que han ido aportando al juzgado han servido para apuntalar los delitos de terrorismo, entre otros. La misma Benemérita es la investigadora en otra causa contra el independentismo, la de Tsunami Democràtic, donde también hay procesados por terrorismo. En ella los investigadores, mediante la intervención de llamadas y mensajes en aplicaciones encriptadas, han podido colocar al expresident fugado Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira en la cúspide de la organización.

La Guardia Civil ha acreditado tener medios técnicos y humanos de sobra para poder investigar a altos cargos catalanes relacionados con los altercados a raíz de la sentencia del procés. Por eso, el motivo de que fuese el CNI quien se introdujese en el móvil de Aragonès, cuando había un cuerpo de seguridad investigando los mismos hechos, planea sobre el Gobierno. "Evidentemente fue una decisión política", señalan las fuentes consultadas de La Casa, como se conoce al organismo que dirige a los espías.

Empieza el espionaje

El comienzo del espionaje a Aragonès data, según lo desclasificado, de julio de 2019 con Pedro Sánchez ya en la Moncloa. Aquel año se celebraron elecciones primero en abril y más tarde noviembre, al no alcanzar un acuerdo. Los resultados mostraron la necesidad de llegar a pactos entre varias formaciones, con un Congreso multifragmentado. Era la primera vez que el PSOE iba a necesitar de la confianza de distintas formaciones políticas, incluidas las independentistas, para conseguir investir a su candidato.

Las negociaciones con ERC empezaron a mitad de noviembre de ese mismo año. Había pasado tan solo un mes desde la primera prórroga que el CNI pidió al juez de Supremo para seguir controlando el móvil de Aragonès. Aunque se negó que los indultos a los líderes del procès, entre ellos el de Junqueras, jefe del por aquel entonces vicepresident, fuesen un punto a debatir, ERC terminó confirmando que lo fueron desde un primer momento. Las escuchas terminaron en marzo de 2020, justo el mes del primer decreto de estado de alarma por la pandemia de la Covid-19.

El CNI empleó un malware conocido como Pegasus, un programa de ciberespionaje comercializado por la empresa israelí NSO. El virus se introduce en el teléfono móvil y es tan agresivo que, además de llevarse todo tipo de información, puede incluso activar el micrófono o seguir la ubicación en tiempo real. Expertos en ciberseguridad han explicado a este periódico que la manera de entrar en un dispositivo son distintas. Uno de los "vectores de entrada" más comunes es mediante el envío de un SMS con un enlace. Si el receptor pincha, el programa empieza a actuar. También se puede infectar sin que el usuario tenga que interactuar, "pero eso es mucho más caro". "Pegasus tiene acceso a todo: lo que se hace con la pantalla, el micro, los mensajes, agendas...", señalan las citadas fuentes.

Control del CNI

La actividad del CNI está controlada a distintos niveles. El primero es el parlamentario, que se ejerce a través de la comisión de gastos reservados, el dinero que usa el Centro para sus misiones. Aquí dan cuenta sus responsables de los objetivos anuales de inteligencia "establecidos anualmente por el Gobierno" y explicar el grado de cumplimiento de los mismos.

El organismo también tiene un interventos de la Administración del Estado que lo escrutina financieramente, "comprobando que cumple la normativa y que se ajusta a los principios de buena gestión, estabilidad presupuestaria y equilibrio financiero", según se lee en su web.

El control judicial lo lleva el Supremo, como en el caso de Aragonès. En caso de que las actuaciones de los espías interfieran en la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones (apartados 2 y 3 del artículo 18 de la Constitución), el Alto Tribunal dirime la idoneidad de llevarlas a cabo.

Por último, el control principal, el que delimita qué va a hacer el Centro durante el año se fija en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, la CDGAI. Ahí el Gobierno fija los objetivos anuales que se recogen en la Directiva de Inteligencia. "Esta comisión también se encarga del seguimiento y la evaluación periódica del desarrollo de los objetivos fijados en la Directiva".

La entrada en este órgano colegiado provocó choques entre el PSOE y Unidas Podemos, ya que el vicepresidente Pablo Iglesias exigió formar parte de la misma. En octubre de 2022, se conoció que el Ejecutivo llevaba sin convocar esta reunión desde el 12 de marzo de 2019, a un mes de las primeras elecciones generales de aquel año y cuatro meses antes de empezar a espiar el teléfono de Pere Aragonès.

Tras conocerse el motivo de la autorización al líder independentista, fuentes de Moncloa aseguraron que "las escuchas que estamos conociendo traen causa de operaciones iniciadas por el CNI" antes de la llegada de Sánchez al Gobierno. "Ni el CNI, ni el Supremo tienen que informar, lógicamente", al Ejecutivo.