El Gobierno buscará un preacuerdo con Junts antes de presentar los PGE para evitar el ruido y la presión final

La conmoción del pleno de los decretos todavía está pegada a la piel del Gobierno. Su empeño ahora es evitar, en la medida de lo posible, más sustos y negociaciones al límite. Sobre todo con Junts, el partido sobre el que pivota la estabilidad de la legislatura. Y la siguiente gran votación, una vez superado este martes el pleno de aprobación de la ley de amnistía en el Congreso para su remisión al Senado, será la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Solo con ellos en la mano, aprobados por las Cortes, Pedro Sánchez podrá respirar por lo menos algo más de un año. De lo contrario, su mandato acabaría abruptamente. El Ejecutivo lo sabe, y por eso Hacienda tiene clara la estrategia a seguir: atar "al menos un preacuerdo" con la formación de Carles Puigdemont antes incluso de llevar el proyecto al Consejo de Ministros con el fin de asegurarse que no será tumbado.

La negociación de las cuentas del Estado, que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, aún está en mantillas, en su "fase preliminar", según indican fuentes muy próximas a la ministra. Es decir, que están desarrollándose aún los primeros contactos. La previsión del Ejecutivo es que el texto pueda ser presentado en marzo y que en abril, en un cálculo muy optimista, estén ya aprobados por las Cámaras.

Bravo asegura que su partido puede no bloquear los objetivos de estabilidad si Hacienda da más margen de gasto a las autonomías

Hacienda tiene margen para ir amarrando los PGE, porque lo primero que necesita es contar con la senda de déficit y deuda para el conjunto de las administraciones públicas. El Gobierno ya tuvo el sí del Congreso precisamente en el pleno de los decretos del pasado 10 de enero, pero falta el trámite del Senado, y ahí el PP, que cuenta con mayoría absoluta, coqueteaba con echarlos abajo. Al menos hasta ahora, porque este sábado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en el programa Parlamento de RNE, abrió la puerta a que su partido no bloquee la aprobación de los objetivos de estabilidad si Hacienda da más margen de gasto a las CCAA. "Las comunidades han pedido tener más margen", afirmó el dirigente, informa EFE. "Es lo que se está pidiendo para empezar, y, si realmente hay voluntad, ahí tiene un primer gesto con las comunidades para intentar conseguir el voto favorable del PP", añadió Bravo. El partido, agregó, no tiene aún decidido su voto en el Senado.

Si no obstante los populares no ceden y rechazan la senda de déficit, el Ejecutivo tendría que volver a enviarla a las Cámaras y si el Senado la tumbara por segunda vez, Hacienda ya ha anticipado que se acogerá a los objetivos de estabilidad incluidos en el programa de estabilidad remitido a Bruselas en abril de 2023, y que son más restrictivos para los territorios, de manera que estos tendrían menos capacidad de gasto. Es decir, si el PP rechazara la senda planteada por el Ejecutivo, realmente perjudicaría a sus CCAA, y los conservadores presiden 11 y cogobiernan una duodécima, Canarias, por las tres en manos del PSOE.

De lo que sí dispone el Gobierno ya es del techo de gasto no financiero del Estado, que aprobó el Consejo de Ministros y del que se informa a las Cámaras, pero que no se vota. Asciende a 199.120 millones de euros, un 0,5% más que en 2023.

Necesitamos al menos un preacuerdo con los socios antes de que presentemos los PGE para tener la garantía de que se tumban las enmiendas de totalidad", alegan en el ministerio

Febrero, por tanto, se consumirá en negociaciones con los grupos, para que a primeros de marzo Montero pueda llevar el proyecto de ley de PGE al Consejo de Ministros y remitirlos automáticamente al Congreso. Y, a diferencia de lo que ocurría en la pasada legislatura, y a diferencia también de lo que pasó con los primeros tres decretos leyes de este mandato de Sánchez, el Gobierno se quiere asegurar los votos de los grupos "antes". Lo explican así desde el entorno de la ministra: "Necesitamos por lo menos un preacuerdo con todos los socios antes de que presentemos los Presupuestos para tener la garantía de que se tumban las enmiendas de totalidad".

El momento clave, el debate de totalidad

Es decir, que el Ejecutivo quiere evitar riesgos y negociaciones de infarto, consciente del desgaste que le suponen. Y es que la tramitación de los PGE tiene siempre un punto culminante: el debate de totalidad. Cuando el proyecto llega a la Cámara baja, se fijan primero las comparecencias de los altos cargos del Gobierno para que expliquen las partidas presupuestarias y luego acaba el plazo para que los grupos presenten sus enmiendas de devolución, que se votan la semana siguiente por el pleno. La pasada legislatura, aunque la amenaza rondaba casi al límite, el Gobierno logró despejar la tramitación antes de ese pleno en los tres ejercicios. Es decir, conseguía que sus socios se alinearan y evitaran registrar su enmienda de totalidad. Ahora quiere que ocurra lo mismo, aunque sabe que con Junts toda la negociación será mucho más complicada.

En el Ejecutivo no creen que Junts quiera ir al límite. Ven al partido de Puigdemont "en buena actitud", con ganas de "colaboración"

Si los posconvergentes quisieran llevar la tensión al extremo, hay una fórmula para hacerlo: presentar la enmienda de devolución con el argumento de que no hay acuerdo y así seguir negociando, defenderla en el pleno y retirarla justo antes de la votación. Ese escenario es el que el Gobierno busca esquivar y el que de hecho está convencido de que no se producirá. "Les vemos en buena actitud", con ganas de "colaboración", dicen. La impresión que tienen el Ejecutivo y Ferraz es que el pleno del 10 de enero tampoco resultó satisfactorio para Junts y que por tanto la formación de Puigdemont perseguirá el acuerdo antes, para no hacer estallar las costuras.

Sin embargo, los grupos pueden encontrar un fuerte incentivo en llevar las conversaciones hasta el final: el precio sube. Si el Gobierno ve peligrar su iniciativa, se ve más obligado a ceder. Si por el contrario no aprieta el tiempo, el coste de los apoyos mengua.

Los posconvergentes advierten de que quieren incidir "al máximo" en las cuentas. Habrá PGE si el PSOE avanza en los acuerdos, tanto en el conflicto político como en las cuestiones del "día a día", "materiales"

Josep Rius, portavoz de Junts, aseguró el martes en RTVE Catalunya que habrá PGE si todos los acuerdos alcanzados con el PSOE para la investidura de Sánchez, tanto sobre el conflicto político como las cuestiones "materiales" del "día a día", van "avanzando paulatinamente", informa Servimedia. Rius espera que al PSOE le haya servido la "experiencia" del pleno de los decretos leyes del 10 de enero, así que confía en que el Gobierno "lo hará diferente" esta vez y comenzará la negociación "pronto". Su partido quiere incidir "al máximo" en las cuentas del Estado, y no que el PSOE le vaya "con las cosas aprobadas ya". El dirigente no precisó qué pedirá su partido al Gobierno, pero insistió en que sobre la mesa está el referéndum de autodeterminación y la cesión del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña.

Primero, la senda de déficit

En Hacienda no cuentan, al menos por ahora, con que Junts ponga sobre la mesa exigencias extrapresupuestarias, como acabar la redacción de la proposición de ley para la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat, uno de los compromisos a los que llegó el PSOE el pasado 10 de enero. "Hoy por hoy no está planteado nada que esté fuera del marco de los PGE, pero no descartamos nada. Por el momento, nosotros vamos a nuestro ritmo", indican en el equipo de Montero.

En el Gobierno no ligan la tramitación de los Presupuestos de 2024 a la de la amnistía, aunque puede que se solapen en el tiempo

En el Gobierno, no obstante, no ligan la tramitación de los Presupuestos de 2024 a la de la amnistía, aunque puede que algo se solapen en el tiempo. La medida de gracia será aprobada por el pleno del Congreso este martes, 30 de enero, y de ahí pasará al Senado. En la Cámara alta, el PP aprobó una reforma del reglamento para estirar los tiempos de tramitación de las proposiciones de ley al máximo que permite la Constitución, dos meses. De esta manera, la amnistía no saldrá del Senado hasta finales de marzo o primeros de abril. Como los populares desmontarán allí la norma, tendrá que volver al Congreso, para que levante los cambios introducidos y la redacción regrese al punto previo, al del 30 de enero.

Es decir, que previsiblemente la ley estará en vigor entre mediados y finales de abril o primeros de mayo. Los Presupuestos, según los cálculos que ahora maneja Hacienda, llegarían al Congreso a primeros de marzo, y apurando los plazos, podrían quedar aprobados en apenas dos meses, que fue el pequeño tiempo que se empleó para sacar adelante los PGE de 2021. En el Ejecutivo insisten en que cuentas del Estado y amnistía pueden discurrir por caminos paralelos, pero no vinculados: es decir, que el PSOE no amenazará con hacer descarrilar la medida de gracia si no se despeja el camino de los Presupuestos de 2024. "La amnistía sigue su curso y nuestros contactos con los grupos también", explican.

El Ejecutivo ha asumido un pequeño retraso, porque quería tenerlos listos el primer trimestre

El Gobierno ya ha asumido un pequeño retraso en la tramitación de sus cuentas. La previsión inicial, lo dijo el propio Sánchez, era que pudieran quedar aprobados en el primer trimestre de 2024. Pero ya ese calendario se ha quebrado. Como pronto, estarían listos para finales de abril. Y es pronto para anticipar escenarios, precisamente por la condición que el Ejecutivo se ha impuesto: tener amarrados los apoyos antes de que los PGE alcancen la mesa del Consejo de Ministros.