El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido duros golpes esta semana. Uno judicial y otro asistencial. El primero llegaba el lunes, cuando el Tribunal Supremo ratificó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la devolución a Marruecos de menores en 2021. La otra, también relacionada con la inmigración, tiene que ver con la salida de Cruz Roja de las salas de asilo en el aeropuerto de Barajas.

La llegada de personas en situación irregular a España ha sido un quebradero de cabeza para España en el último año. El principal problema en 2023 fue la llegada masiva de personas a las Islas Canarias. Para Marlaska, responsable de la seguridad, la lucha contra las mafias que comercian con personas ha sido una obsesión.

El ministro ha viajado en repetidas ocasiones a Senegal y Mauritania, países de los que parten la mayoría de migrntes que toman el riesgo de subirse a un cayuco para llegar a Occidente. Marlaska se ha esforzado en dejar claro que las buenas relaciones con los gobiernos de ambos territorios han permitido frenar el 40% de las salidas por vía marítima. El problema es que el objetivo final de esas personas es salir de su país, sea como sea.

Barajas

En los últimos meses, las salas de asilo del aeropuerto de Barajas ha colapsado. Cientos de migrantes conviven día tras días en espacios destinados para 30 almas. Distintas nacionalidades, distintas historias, distintos problemas y traumas se agolpan en tres habitáculos, unos encima de otros, esperando que alguien les explique qué está pasando y qué va a ser de ellos.

El pasado 22 de diciembre, el TSJ de Madrid exigió a Interior medidas urgentes para solucionar el problema en el aeropuerto. En aquel momento había unas 200 personas, muchos mujeres y niños, malviviendo en las dependiencias de Barajas. El 5 de enero, el ministro aseguró que el problema estaba controlado y que era "puntual" debido a una serie de vuelos de algunos países, sin especificar cuáles. Fuentes policiales señalaron a El Independiente que por aquellas fechas el problema radicaba en los viajeros de El Salvador.

Ahora el problema es distinto. Las nacionalidades mayoritarias son la senegalesa, keniata, marroquí, argelina y somalí. Los migrantes llegan a Barajas con un billete de ida en regla para coger otro vuelo que los lleve a un país diferente, explican mandos policiales. Para subirse en el primer avión necesitan tener documentación en regla, aunque necesitan un justificante de que no vienen para quedarse en España, si no que el aeropuerto sólo es un paso intermedio para ir a otro lugar. Es lo que se conoce como "pasajeros de tránsito". El problema estriba, según los mandos consultados, en que antes de aterrizar se deshacen de ellos y es cuando piden asilo.

La situación es límite. Además de fugas de hasta 26 migrantes, la suciedad y la insalubridad se han adueñado de las dependencias. Las casi 400 personas que albergaba Barajas esta semana han convivido con basura, cucarachas y chinches. Una abogada con 15 años de experiencia en materia migratoria explicaba a este periódico que no había visto "nada igual en 15 años". "Lleva así desde verano pero estas últimas semanas es insoportable".

Cruz Roja ha dejado de prestar asistencia a los solicitantes de asilo que aguardan en el aeropuerto de Barajas ante las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que estos se encuentran por el aumento exponencial de peticiones registradas en los últimos meses. Fuentes sindicales han señalado que la ONG llevaba más de un mes sin entrar en las salas, desde que se detectó la presencia de chinches en las instalaciones. También esta semana la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en España (Acnur), Sophie Muller, visitó ayer las salas de asilo de Barajas y constató que "no hay condiciones dignas" para los inmigrantes que allí esperan, por lo que ha pedido "medidas urgentes" al Gobierno.

Interior ha intentado paliar la situación llevando a algunos inmigrantes al CIE de Aluche, en Madrid. Pero un juez ha dado un revés al Ministerio y ha revocado la orden de trasladar a 50 inmigrantes que aguardaban en las salas de asilo de Barajas. Ahora el equipo de Marlaska baraja imponer visados de tránsito a ciertos países como Senegal para asegurarse que las personas que llegan desde allí no se van a quedar en España.

Los menores de Ceuta

Pero el mayor varapalo para el ministro del Interior llegó el pasado lunes. El Tribunal Supremo confirmó un nuevo varapalo para el Gobierno: la devolución de los migrantes menores de Ceuta a Marruecos en 2021 fue ilegal al no seguir el procedimiento de Extranjería. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha señalado que hubo "absoluta inobservancia" de las prescripciones de la Ley que exigen un tratamiendo individualizado para cada menor.

Los hechos sucedieron entre los días 17 y 18 de mayo de hace tres años, cuando se produjo la entrada masiva e ilegal de unas 12.000 personas en la frontera con España de las que 1.500 eran menores. Esto supuso un reto extraordinario para el Estado y especialmente para dicha Comunidad Autónoma.

Las devoluciones en caliente fueron denunciadas por diversas ONG y las repatriaciones de menores han llegado igualmente hasta el Supremo tras una denuncia de la Coordinadora de Barrios. El Tribunal dice que la Administración no hizo ponderación alguna del interés de los pequeños y mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales como pide la norma.

La situación se retorcía este viernes. El Tribunal Supremo ha ratificado una segunda condena a la Delegación del Gobierno en Ceuta para que tome las medidas necesarias para conseguir el retorno de otros 12 menores que fueron repatriados a Marruecos en agosto de 2021 desde la ciudad de autónoma de manera ilegal. Pese a toto, Marlaska ha defendido esta semana que el interés del menor rigió en las devoluciones de Ceuta a Marruecos, que el Supremo ha tildado de "ilegal", lo que ha ocasionado un alud de críticas de la oposición, asociaciones y del socio de Gobierno Sumar, que le exigen "responsabilidades".