España mantendrá la financiación de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, después de que 16 países, entre ellos Alemania e Italian, suspendieran sus aportaciones en plena investigación de las acusaciones israelíes de que una docena de empleados de la agencia participaron en el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre.

Así lo ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores, el socialista José Manuel Albares, este lunes durante su intervención en la comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso. El ministerio de Exteriores se negó a responder este domingo a una petición de información cursada por El Independiente a este respecto.

A juicio de Albares, España “no modificará su relación” con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) pero seguirá muy de cerca la investigación sobre la colaboración de algunos trabajadores con Hamás. La ONU investiga las denuncias de que una docena de trabajadores de la UNRWA colaboran con Hamás y habrían participado en los ataques del pasado 7 de octubre contra la población civil israelí que desató la guerra que va camino de los cuatro meses.

Este domingo Sumar, socio de coalición, tildó la a decisión de varios países de cortar la financiación a la UNRWA de "ataque contra la humanidad". "Frente a este castigo colectivo, presionaremos para que nuestro país aumente su aportación a una organización esencial para el pueblo palestino", deslizó la formación de Yolanda Díaz.

En su comparecencia, Albares también ha solicitado el apoyo de todos los diputados a la posición del Gobierno que exige un alto el fuego y la liberación de los rehenes en manos de Hamás, y propone la celebración de una conferencia de paz para alcanzar un acuerdo para el reconocimiento del Estado palestino

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Italia, Australia, Finlandia, Alemania y Japón han congelado ya sus aportaciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reclamó este domingo a la comunidad internacional que no suspenda su apoyo a la agencia, ya que "los presuntos actos horrendos de esos empleados deben tener consecuencias", pero también hay "decenas de miles de personas (unos 30.000)" que trabajan para esa agencia y que no deben ser penalizados.