Frente al llamamiento a la unidad de las bases frente a las "mentiras" de rivales políticos y medios de comunicación, a Santiago Abascal se le reanuda una crisis territorial que no terminó de apagarse en noviembre en las Islas Baleares. La estructura de Vox Baleares en el Parlamento, descrita internamente como un ente autónomo a la cúpula de Bambú y de mayoría contraria a sus directrices, ha optado por registrar un escrito en la cámara en la que pide expulsar a dos de sus integrantes: al presidente del Parlament autonómico y diputado por Mallorca, Gabriel Le Senne, colocado por Vox y el PP a principios de la legislatura, y a la diputada por Ibiza, Patricia Rueda, que ejerce de coordinadora regional. De las Heras fue diputada del Congreso en la legislatura XIV.

Entre los motivos que han llevado a ello, según ha podido saber El Independiente por fuentes cercanas al grupo, estaría el respaldo de ambos a la candidatura de Abascal en la última Asamblea General Extraordinaria -los dos estuvieron allí presentes, el sábado desde el Hotel Marriott de Madrid-. Este medio ya tuvo constancia de este propósito a mediados de enero, tras la visita de Ignacio Garriga a Palma de Mallorca para realizar "una jornada de trabajo". Hay que recordar que el secretario general y vicepresidente no pudo acudir a la ciudad el 19 de octubre por el mal tiempo y la cancelación de su vuelo. El 17 de enero, concretamente, Garriga se reunió con la portavoz parlamentaria Idoia Ribas y la diputada Manuela Cañadas. También con el propio Le Senne, con quien compartió fotografías visitando la institución y la ciudad.

El anuncio lo ha hecho de manera posterior a esta publicación la propia Ribas acompañada por el grupo y sin los afectados, que convocaba a la prensa en la Sede del Parlament para hacer una comparecencia "sin preguntas". El escrito ha sido firmado por todos ellos y tras una reunión con los implicados. A la firma de Ribas y Cañadas se une la de María José Verdú, Sergio Rodríguez y Agustín Buades. La petición formal, por escrito y para que de manera efectiva tanto Le Senne como De las Heras pasen a ser 'no adscritos', la hace la mayoría de estos integrantes a la Mesa del Parlament. "Les quiero comunicar que en el día de hoy nuestro grupo, por mayoría absoluta, ha decidido expulsar a los diputados por circunstancias internas de este grupo y para conseguir la mejor organización posible y la mejor unidad, a fin de poder seguir avanzando", ha manifestado Ribas sin mayor inciso.

Los díscolos de Vox en el grupo parlamentario balear no han informado de su decisión a la cúpula, que aboga ya por expulsarlos"

Hay que recordar que Vox no tiene capacidad, ni por sí solo ni con el PP de Marga Prohens, cuyo Gobierno apoya desde fuera, de quitar del cargo a Le Senne, dado que su puesto no se lo ha otorgado la mayoría del Gobierno, sino que se ha producido por votación parlamentaria al inicio de la legislatura. La única forma de que el también diputado por Mallorca salga, es que él mismo presente su renuncia. Pese a todo, esa petición a la Mesa incluye que cesen de sus puestos efectivos. Fuentes nacionales de Vox, pese a todo, dan por seguro que la Mesa tiene potestad para desplazar a Le Senne y forzarle a dimitir.

Le Senne, mientras tanto y hasta que se aclare la situación, seguirá como presidente parlamentario. Según ha podido saber este periódico, sus compañeros le amenazaron con la expulsión si no renunciaba al cargo. Él y De las Heras se unirán al único diputado sin adscripción, Xisco Cardona. Este dejó también las siglas tras desavenencias internas en el Grupo a cuenta de la aprobación del techo de gasto para los presupuestos baleares. Vox, entonces, solicitaba efectuar de inmediato el compromiso del PP para garantizar la libertad lingüística y de elección del castellano frente al catalán. Cardona, como Garriga, apostaba por dar luz verde a las cuentas y negociar posteriormente el asunto frente a las prisas del resto. Finalmente, prosperó esta posición.

Garriga propone expulsar a los díscolos del partido

La noticia se ha producido media hora antes de la comparecencia que cada lunes protagoniza el propio Garriga desde la sede nacional de Madrid, en la calle Bambú. El catalán, ahora vicepresidente único del partido, ha trasladado que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), desconocía la decisión. "Ha sido decisión de los diputados, sin autorización ni información a la cúpula", explicaba tras aludirse la cuestión. De hecho, Garriga se ha enterado al mismo tiempo que los medios de comunicación y después ha conversado con el propio Le Senne.

El número 'dos' de Vox, tras el hecho, ha declarado que va a "proponer al Comité de Garantías la expulsión inmediata y cautelar de los cinco diputados", que a su juicio, "se han movido por una ambición personal" frente "a quien sí va a dar la batallas de las ideas". Para él, Le Senne y De las Heras "representan lo que es Vox". Según ha podido saber este medio, desde Madrid se está intentando tener el control de todos los medios comunicativos del partido, que garanticen la integridad de la marca, como las redes sociales. No podrán evitar, no obstante, que los díscolos sigan utilizando esas siglas.

Ha sido inevitable que Garriga no comparase el hecho con lo sucedido en 2021 en la Región de Murcia. Vox, entonces y tras la crisis del coronavirus, apoyaba la coalición de PP y Ciudadanos de manera externa. Tras un intento de moción de censura fallido de socialistas y naranjas, se produjo una revuelta interna dentro del Grupo que terminó con varios díscolos apoyando a Fernando López Miras en el Gobierno. Para el vicepresidente y secretario general "es curioso" que el cisma se haya producido "justo cuando iba a haber un hito histórico"; "que el bilingüismo fuese real" en las islas. "Nosotros vamos a seguir trabajando por ello".

Desde Madrid, fuentes de Vox apuntan a que el caso, como el murciano, tiene poco recorrido en los tribunales, y piden centrarse en "lo importante", que para ellos es la amnistía y las elecciones en Galicia, en las que siguen viendo un marco de oportunidad para conseguir representación que les haga ser cruciales. Además de la marca, los diputados rebeldes tienen vía libre para quedarse los fondos económicos del Parlament, así como los espacios de trabajo y los despachos.