La guerra interna en Junts, cada vez menos soterrada, tuvo este lunes un nuevo capítulo con la expulsión del grupo en el Parlament, a decisión de la Ejecutiva del partido, de la diputada autonómica Cristina Casol, miembro del sector liderado por la presidenta de la formación, Laura Borràs. Casol había denunciado a la dirección de su grupo por acoso machista. La misma denuncia que hizo el pasado noviembre otra diputada próxima a Borràs, Aurora Madaula. Todo ello entre intentos del secretario general, Jordi Turull, por evitar la fractura en el seno del partido.

La ejecutiva de Junts avaló este lunes la petición del grupo parlamentario, que exigió la expulsión de Casol en una misiva avalada por 26 de los 32 diputados que lo integran. En la ejecutiva, 29 dirigentes de Junts apoyaron la expulsión, y solo 8 se han opuesto, exponiendo la debilidad actual del sector borrasista, que lidera la presidenta de Junts. Casol ha avanzado su intención de no renunciar al escaño, por lo que pasará al grupo de no adscritos, junto al ex diputado de Vox Antonio Gallego. Y el gurpo de JxCat pierde un diputado.

Tras conocerse la decisión de la ejecutiva, Aurora Madaula rompía su silencio de las últimas semanas para mostrar su apoyo a Casol. "Tenemos un problema si quien tiene que hacer las leyes no las conoce ni las aplica en sus entornos. La violencia machista dentro del ámbito político está bien descrita y es muy acorde con esta situación". Borràs, por su parte, guarda silencio, como Francesc Dalmases, otro de los diputados fieles a la presidenta, que fue acusado de acoso a una periodista de TV3. Entonces las ahora denunciantes no expresaron ninguna protesta.

La violencia machista dentro del ámbito político está bien descrita y es muy acorde con esta situación".

Casol presentó una denuncia por "acoso por razón de género" contra la dirección de su grupo parlamentario, que preside Albert Batet, el pasado noviembre. Se activó entonces el Protocolo de Igualdad del Parlamento con una investigación que pilotó una empresa externa, el Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (Intress), en la que fueron citados varios diputados de Junts.

Las conclusiones de Intress señalaban que "no consta ningún hecho probado y, por tanto, no se propone ninguna actuación". Pero advertía también de varias situaciones de tensión interna en el partido y con una base "fuertemente patriarcal" y describía "un ambiente de trabajo donde el machismo más cultural está arraigado" según desveló El Periódico de Cataluña.

La Oficina de Igualdad del Parlament, que había recogido esta queja, dio por finalizada esta investigación de la denuncia, que tampoco ha recibido apoyo en ninguno de los otros grupos de la cámara.

Batalla interna

Pese a las advertencias del informe, tanto el secretario general, como el portavoz del partido, Josep Rius, han dado pleno apoyo a la dirección del grupo parlamentario, en una batalla que va mucho más allá de un caso de machismo. Se trata de una batalla por el poder en la formación de Carles Puigdemont, en el que el sector de Turull, asociado a los herederos de CiU, busca arrinconar definitivamente a los borrasistas, tras la inhabilitación de Borràs por el caso de la Institución de las Letras Catalanas.

La denuncia que presentó Casol de forma discreta a principios de noviembre se sumó a la denuncia verbal de machismo proferida por Madaula desde el atril del pleno del 24 de noviembre, en el marco del Parlament de les Dones. Visiblemente afectada, Madaula -que también es vicepresidenta del partido y secretaria segunda de la Mesa- habló de "violencia silenciosa", denunció "acoso parlamentario" y señaló muy directamente a sus "compañeros de partido".

Violencia machista

"El abuso de poder también es violencia machista", aseveró desde el atril, después de que el día anterior Junts se retirara de una declaración de la Junta de Portavoces sobre el aborto en Andorra, que Madaula había suscrito sin haberlo consensuado con la dirección del grupo parlamentario.

Esto desató una revuelta interna en el grupo y 22 de sus 32 diputados presentaron un escrito a la dirección en el que calificaban de falsa la acusación, por lo que reclamaron al comité de garantías del partido que la sancionara por una vulneración del código ético. La propia presidenta del Parlament, Anna Erra, le pidió que abandonara el cargo de secretaria segunda de la Mesa por "falta de confianza" y la portavoz juntera, Mònica Sales, fue una de las personas que firmaron el escrito contra las palabras de Madaula.

Madaula, que no ha renunciado a la Secretaría de la Mesa, está de baja desde días antes del parón navideño, lo que ha dejado a los independentistas en minoría en el órgano de gobierno del Parlament, puesto que el republicano Rubén Wagensberg también está de baja. Mientras, Borràs guarda silencio.