Funcionarios de prisiones han denunciado que 2023 se cerró con la cifra récord de 508 agresiones en las cárceles de la Administración General del Estado, diez de ellas de carácter grave. Se trata de un incremento del 12% con respecto al año anterior y marca una media de "una agresión cada 17 horas", según ha señalado la asociación profesional Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

Los datos forman parten de una respuesta del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a este colectivo de funcionarios de prisiones en la que se detalla que sólo el 1,9% de las agresiones fueron de carácter grave. Además, 264 agresiones fueron calificadas de leves y 234 se registraron sin lesiones para el trabajador, por ninguna como muy grave.

En la respuesta al amparo de la Ley de Transparencia, consultada por Europa Press, se detalla que las lesiones graves se registraron en 2023 en los centros penitenciarios de Albacete, Castellón II, Las Palmas II, Lugo Bonxe, Lugo Monterroso, Madrid V Soto del Real, Madrid VI Aranjuez, Ocaña I, Zaragoza y Psiquiatría Penitenciaria de Sevilla, con una agresión en cada uno de estos establecimientos.

Protocolo de 2017

TAMPM ha criticado que a finales de 2017 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aprobara un protocolo para "blanquear" las cifras totales de agresiones, ya que, según ellos, "no se contabilizan amenazas de muerte, empujones, tocamientos o escupitajos".

La asociación recuerda que las agresiones superaron la cifra de 300 casos en el trienio 2015-2017, aunque con la nueva forma de contabilización bajaron en 2018 y 2019 a 250. Luego la pandemia por Covid-19 obligó al cierre de las instalaciones penitenciarias, lo que impactó de forma favorable en las agresiones por la "disminución de entrada de objetos prohibidos o sustancias estupefacientes". No obstante, la vuelta a la normalidad hizo que el número de agresiones se dispararan ya a partir de 2022, hasta las 453 y 508 en el último año.

TAMPM ha reiterado la demanda para que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de autoridad en el desempeño de sus funciones, una aspiración que sigue sin concretarse a pesar de que el Gobierno registró una proposición de ley en julio de 2020 que continúa "guardada en el cajón".