Pedro Sánchez se planta. Dio un golpe en la mesa cuando quizá no se esperaba de él un gesto de autoridad después de varias cesiones consecutivas a Junts. Ordenó a los suyos rechazar todas las enmiendas de los posconvergentes a la proposición de ley de amnistía y, en represalia, estos tumbaron la norma en la votación final en el Congreso, devolviéndola a la Comisión de Justicia para ganar tiempo y disponer de, como máximo, un mes extra de negociación. Junts dejaba herida —se verá si herida de muerte— la ley que ellos mismos habían exigido para investir a Sánchez como presidente, y lo hacía porque entiende que su líder, Carles Puigdemont, no queda suficientemente protegido y blindado frente a las investigaciones de los jueces. Pero en su reclamación se quedaron solos. Porque ninguno de los socios del Ejecutivo, ni siquiera ERC, avaló sus posiciones.

Ya los socialistas venían advirtiendo días atrás de que el texto de la proposición de ley de amnistía, tal y como había sido aprobado la semana pasada en la Comisión de Justicia, era aquel con el que se encontraban "satisfechos", "cómodos". Pero su credibilidad estaba tocada porque ya habían tenido que cruzar sus propias líneas rojas. Sin embargo, esta vez no iban de farol. El Gobierno entendía que no podía caminar más pasos, porque corría el riesgo de que, asumiendo las posiciones de la formación de Puigdemont, la norma fuera tumbada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ese muro era para el Ejecutivo, para los socialistas, pero no solo para ellos, infranqueable. Tenía que serlo, porque un futuro varapalo del TC devoraría al propio Gobierno de manera inmediata. Y la negativa a hacer más cesiones se mantiene, repiten desde la Moncloa, porque "no hay más margen", así que si los posconvergentes quieren salvar la amnistía, deberán moverse ellos. El PSOE promete que no lo hará, aunque el diálogo continuará. Y es que, pase lo que pase con la medida de gracia, la legislatura en principio seguirá, sobresalto tras sobresalto, sin que por descontado esté claro que la pantalla de los Presupuestos pueda alcanzarse. Ya nada está claro. La hoja de ruta de la legislatura vuelve a recalcularse.

Nogueras reclama una amnistía "integral", y no una "selectiva y en diferido", y llama a los jueces "prevaricadores"

Junts se atrevió a llevar adelante su amenaza, a llevar incluso al Congreso un terreno que ni los letrados decían conocer. Mantuvo la tensión al límite (otra vez), su ejecutiva confirmó por la mañana que no votaría a favor de la ley si el PSOE no accedía a modificarla, y ya por la tarde, cuando comenzó el pleno en la Cámara baja, su portavoz, Míriam Nogueras, reclamó una amnistía "integral". "Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos", les dijo a los socialistas, instando a apoyarles sus enmiendas o a "combatir a los jueces prevaricadores que sincronizan las agendas judiciales con las políticas". El portavoz socialista, Paco Aranda, ni siquiera se dirigió a los posconvergentes y se centró a elogiar una ley "constitucional" que es una "apuesta decidida, valiente y democrática" por el reencuentro.

A continuación, el PSOE votó en contra de todas las enmiendas que habían llegado vivas al debate, tanto las originales de Junts y ERC como la que habían transaccionado entre ambos y las que los de Puigdemont habían acordado con el PNV. Es decir, que el PSOE se negó a tocar el texto que había aprobado hace justo una semana la Comisión de Justicia. La pretensión de los herederos de la extinta CiU era que que la amnistía cubriese por completo los delitos de terrorismo —sin importar su gravedad— y los de alta traición. Solo así, señalaban, podrían escapar de las "arbitrariedades de la cúpula judicial española", en palabras de Nogueras. O sea, de la investigación del juez de Tsunami, Manuel García Castellón, y del encargado de indagar en la trama rusa del procés, Joaquín Aguirre, el titular del Juzgado número 1 de Barcelona. En ambas podría acabar Puigdemont imputado.

Junts votó a favor del dictamen pero rechazó la votación de conjunto para salvar el último texto y regresar a la casilla anterior, sin volver al punto inicial

Junts votó a favor del dictamen —salió adelante por 177 síes y 172 noes—, pero rechazó la votación de conjunto, la final, en la que se requiere mayoría absoluta (el apoyo de 176 diputados), al tratarse de una ley de carácter orgánico: 171 a favor, 179 en contra y cero abstenciones. Esa esquizofrenia en las dos últimas votaciones tenían su explicación: los posconvergentes sabían que tenían que salvar el dictamen aunque después lo rechazaran en la votación de conjunto porque solo así se garantizaban poder seguir negociando, como máximo un mes, en la Comisión de Justicia. Solo así ganaban tiempo y podían conducir al PSOE a otro mes de pasión. Si hubieran apostado por el no total, el dictamen habría decaído y entonces la tramitación de la amnistía tendría que empezar de cero. Desde el principio. Así, solo se retrotrae al último paso.

“Absolutamente incomprensible”

No dejaba de ser menos grave para el PSOE. "Es una forma de seguir tocándonos los cojones", se quejaban algunos diputados, molestos con la actitud de los posconvergentes. Y hartos, decían incluso parlamentarios del PSC, de su juego al límite, de su pretensión de estirar la cuerda. "Es que ya no caben más cesiones, ya no por [Emiliano García] Page, no, sino porque es que ya suponen mucho para nosotros", señalaba uno. Las caras de cabreo eran visibles en la bancada socialista, también en la del presidente Sánchez, acostumbrado a salir victorioso, aunque fuera por la mínima, de votaciones muy ajustadas.

Bolaños sostiene que el Gobierno y el PSOE han hecho "lo correcto", y es "absolutamente incomprensible" que Junts votara en contra de una ley que ha pactado y que "ha votado cuatro veces a favor"

Incluso Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el hombre que ha pilotado para Sánchez todo el control técnico de la ley, fue inusualmente duro con los posconvergentes: es "absolutamente incomprensible" que Junts haya votado en contra de "una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria" y que ha rechazado "de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles. El ministro subrayó que el Gabinete y el PSOE habían hecho "lo correcto", así que es Junts quien ha de "reconsiderar" su decisión. Porque el PSOE, vino a decir, no tiene nada que repensar: "La ley de amnistía entró impecable y constitucional a esta Cámara y así saldrá", garantizó. La norma "pretende abrir una nueva etapa, superar una década que fue muy negativa para Cataluña y para el conjunto de nuestro país. Con esta ley se puede hacer. Y desde luego lo vamos a hacer con la máxima seguridad jurídica".

Esa es la obsesión para el Gobierno, que el texto no reciba tacha del TC. Porque en esa partida segura, ya que la derecha recurrirá la ley —si es que se completa su tramitación—, se la juega todo. De ahí que tanto en Ferraz como en el núcleo duro de Sánchez insistieran en que, por mucho que ahora se reabra la negociación en la Comisión de Justicia, lo que no hará el PSOE es aceptar aquello que rechazó ayer martes: ampliar el perímetro de aplicación de la medida de gracia para que cubra todos los delitos de terrorismo y de alta traición, con el propósito nada oculto, para Junts, de salvar a Puigdemont, huido de la Justicia española desde 2017. A partir de ahora, volverán a sentarse con los posconvergentes, intentarán buscar alguna fórmula de acuerdo —lo que no se podía hacer en el pleno: no cabían las transacciones—, que satisfaga a las dos partes. Pero en el equipo del presidente ya advierten de que no se moverán de sus tesis, precisamente para que la ley quede a salvo cuando sea escrutada por el TC.

No vamos a cambiar de posición. Lo que es inconstitucional es inconstitucional", dicen en el equipo de Sánchez

“No vamos a cambiar de posición. No tenemos margen. Lo que es inconstitucional es inconstitucional. Esperemos que sean ellos los que cambien de opinión. Entendemos que ellos sí tienen margen”, explicaban estas fuentes muy próximas a Sánchez. En síntesis: habrá conversaciones, se buscarán nuevas transacciones, pero sin atravesar más líneas rojas, porque el PSOE entiende que ha apurado todos los márgenes legales y constitucionales, al coste de un enorme desgaste que está agotando a su dirigencia.

“No va de Puigdemont ni de Rovira”

“No podemos hacer todo este viaje para que al final nos lo tumbe el TC. Y ellos lo saben”, reiteraban desde Ferraz. Luego ahora la decisión es de Junts, sostienen los socialistas: si recapacitan y aceptan la ley como está, aun a riesgo de que pueda no cubrir a Puigdemont, o bien la tumban y privan de la medida de gracia a las en torno a 400 personas que serían beneficiarias. “Que se lo expliquen a los directores de colegios que abrieron sus centros el 1-O. Nosotros lo podemos explicar y hemos demostrado el compromiso con la ley: la hemos votado a favor”, seguían desde el cuartel general. Desde la cúpula del grupo parlamentario lo contaban así: “Tienen que decidir si están dispuestos a renunciar al tiempo de todos en España por las vacaciones de uno [Puigdemont] aquí”.

ERC combate con dureza a Junts y le recuerda que esta ley es la que "favorece a más personas". Junqueras subraya que es una norma "robusta"

Ahora, por tanto, lo que ya está en peligro es la propia ley de amnistía en caso de que Junts no cediera. Y eso fue también lo que advirtieron otro de los socios claves de Sánchez, ERC. Porque los de Puigdemont se quedaron solos en sus pretensiones. No les siguieron los republicanos, pero tampoco los otros grupos que apoyaron la investidura del líder socialista. Contundente fue en tribuna la diputada de ERC Pilar Vallugera. Ella recordó que esta ley es la “decisión que favorece a más personas” porque esta norma “no va de Puigdemont ni de [Marta] Rovira, va de las 1.500 personas que desde hace siete años tienen su vida en tela de juicio”. Hacía referencia a la causa Tsunami del juez García Castellón, que reclama al Supremo investigar al expresident y a la número dos de ERC.

El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, que viajó hasta Madrid, calificó la proposición de "robusta", justo el adjetivo empleado por el Ejecutivo, porque da cobertura y garantía jurídica a los encausados del procés. ERC, agregó, cree que la redacción actual es "buena en el contexto en el que estamos", porque es la que permite pasar el filtro del TC y del TJUE. Fuentes de la formación independentista, aliada del PSOE desde la pasada legislatura, defienden que el Gobierno ha cedido mucho ya y que Sánchez hace bien en plantarse. Y apostillaban que puede no haber finalmente ley, pero sí habrá legislatura. Mostraban así su complicidad con el Ejecutivo.

Pero precisamente esta jornada de infarto en el Congreso, que volvía a poner a prueba las costuras del Gobierno y del PSOE, arrojaba inevitablemente sombras sobre la estabilidad de este mandato. La pregunta obvia era si la legislatura está en riesgo. "Eso depende del jefe, y el jefe tira", resolvían desde su entorno. Bolaños se empleó a fondo en lanzar el mensaje de la continuidad del Ejecutivo: "Nosotros, a seguir trabajando. Nos quedan tres años y medio y en esos tres años y medio, que no le quepa a nadie duda, nuestra agenda social, nuestro trabajo para que nuestro país sea cada día mejor, la vamos a seguir implementando. Derechos, empleo y convivencia".

La continuidad de la legislatura "depende del jefe, y el jefe tira", señalan en el Gobierno. Sobre los Presupuestos, "a ver cómo respiran"

Por lo pronto, los socialistas sí asumen ya un retraso en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2024. La idea de Hacienda era llevarlos al Consejo de Ministros en marzo, una vez amarrado un preacuerdo con Junts. Pero tras la sesión de este martes, todo quedaba en el aire. "A ver cómo respiran. Acaba de pasar [el pleno]", indicaban desde el entorno del presidente, en el que no descartaban la posibilidad de que no hubiera cuentas para este año y, por tanto, hubiera que trabajar ya en las de 2025. Desde 2010, el único ejercicio sin PGE fue el de 2019.

Sánchez cuenta a su favor con que no es fácil tumbarle. La Constitución no impide presentar mociones de censura en cualquier momento de la legislatura, pero se requiere mayoría absoluta de votos para investir a un candidato alternativo. Y él podría convocar nuevas elecciones, pero tendría que esperarse, como pronto, cuatro meses, ya que el artículo 115 de la Carta Magna impone que no se puedan disolver las Cortes hasta que no transcurra un año de la disolución anterior, y ocurrió el pasado 29 de mayo.

España es un Estado de derecho, con jueces que ejercen su labor de manera profesional y con rigor, y se puede discrepar de sus decisiones y para eso el Estado de derecho da herramientas", apunta Bolaños para defender a la Justicia de las críticas

Bolaños aprovechó su declaración ante los medios para lanzar un mensaje "nítido" en defensa de los jueces después de que varios portavoces —Nogueras, por supuesto, pero también Pilar Vallugera (ERC), Gerardo Pisarello (Sumar), Jon Iñarritu (Bildu) o Martina Velarde (Podemos)— les criticaran abiertamente en la tribuna. El ministro de Presidencia y Justicia mostró su "rechazo más absoluto" a esas palabras. "España es un Estado de derecho, con jueces que ejercen su labor de manera profesional y con rigor, y por supuesto que se puede discrepar de sus decisiones y para eso el propio Estado de derecho da herramientas, da recursos para poder impugnar esas decisiones".

Era solo una derivada más de una jornada aciaga que puede preludiar más tormentas. Quizá la primera sea el naufragio de la amnistía. Si Junts no cede y el Gobierno no vira.