Junts ha bloqueado este martes el trámite de aprobación del proyecto de ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. El texto deberá volver ahora a la Comisión de Justicia, para un nuevo trámite de enmiendas, a la búsqueda de un nuevo consenso entre junteros y socialistas. Pero mientras, JxCat ha sumado esta mañana su firma a la de ERC, CUP y Comuns para crear en el Parlament el Observatorio sobre la aplicación de la Ley de Amnistía. Aparentemente, por tanto, los de Carles Puigdemont están convencidos de que tarde o temprano la ley de amnistía verá la luz.

Los tres grupos independentistas catalanes y los Comunes han registrado la propuesta de creación del Grupo de Trabajo para que opere como observatorio de la aplicación de la ley de amnistía. Su objetivo será "verificar la aplicación" de la ley de perdón a todas las personas relacionadas con los referéndum ilegales del 9N y el 1-O, y las protestas posteriores.

El Parlament aprobó el pasado 14 de diciembre una moción de la CUP que proponía crear este observatorio, que debe iniciar sus trabajos en cuanto se superen los trámites legislativos en el Congreso y el Senado. La CUP obtuvo el apoyo de republicanos, comunes y Junts, que pactaron registrar una iniciativa conjunta para dar empaque al observatorio en cuanto se despejara el recorrido legislativo de la ley en las Cortes.

Este martes han decidido seguir adelante con el registro de la iniciativa, pese a las dudas de Junts sobre el texto que se votaba horas después en el Congreso. El grupo de trabajo se constituirá en la próxima reunión del la Comisión de asuntos institucionales, el 18 de febrero, para iniciar sus trabajos en cuanto se apruebe la ley de amnistía.

Oposición del PSC

Los socialistas votaron en contra de la moción de la CUP, alineándose con PP, Cs y Vox y argumentando que esta fiscalización no es "necesaria en absoluto". La propuesta de los independentistas registrada hoy prevé la creación de un grupo de trabajo con representantes de cada formación política, pero está por ver si aceptarán participar en él los partidos constitucionalistas, que ya se han auto-excluido de otras comisiones creadas por el independentismo.

La propuesta establece que este grupo dependerá de la Comisión de Relaciones Institucionales de la cámara autonómica y tendrá la obligación de "recoger todas las solicitudes y resoluciones de los tribunales" sobre la aplicación de la ley de amnistía. La amnistía se aplicará caso por caso en cada una de las causas derivadas del procés independentista, a medida que los afectados lo soliciten al tribunal que los condenó o se encuentra en proceso de instrucción de la causa. Y la comisión creada por los grupos parlamentarios se propone "recopilar y acompañar" cada uno de esos procesos, para acabar "extrayendo conclusiones" sobre el "grado de aplicación" de la ley.

Unas conclusiones que los independentistas se proponen elevar a "organizaciones, instancias y organismos internacionales cuyo objetivo sea la garantía y defensa de los derechos humanos, civiles y políticos".