78 días después de la investidura, la ley de amnistía entra en stand by y la continuidad de la legislatura está en el aire. El Gobierno siempre supo que se sumergía en un mandato complicado, en un campo lleno de minas. Pero quizá era menos previsible que dos meses y medio después de ser reelegido, Pedro Sánchez tropezara en un obstáculo que parecía removido desde el principio: la amnistía. Junts tumbó la votación final de la proposición de ley en el Congreso porque no ofrecía una cobertura "integral", sino "selectiva" —dejaba fuera, probablemente, al expresident Carles Puigdemont— y, con su no, devolvió el dictamen a la Comisión de Justicia, a la casilla anterior, para forzar una nueva negociación con el PSOE.

Se abre un periodo de aproximadamente 15 días de incertidumbre. Las posiciones de los posconvergentes y de los socialistas permanecen, por ahora, inamovibles. Pero lo cierto es que ahora mismo es imposible asegurar que la ley de amnistía saldrá con seguridad adelante. Y es la clave de bóveda de la legislatura, la que explica y justifica la investidura del líder socialista. Ahora, todo es posible. La provisionalidad acampa en la política española y hace difícil, también para el Ejecutivo, dibujar escenarios futuros. Por lo pronto, en la Moncloa y en Ferraz asumen que la tramitación de los Presupuestos de 2024 podría retrasarse o, directamente, esperar a redactar ya las cuentas de 2025.

Al final, ya está claro que la Comisión de Justicia solo dispondrá de 15 días para elaborar un nuevo dictamen a contabilizar desde el próximo martes, de forma que el texto podrá salir tras las elecciones gallegas

¿Qué pasará con la ley de amnistía? Esa es la primera incógnita a resolver. Ya al menos sí está despejado el tiempo disponible para la búsqueda del acuerdo. Los letrados del Congreso determinaron este miércoles que el plazo para que la Comisión de Justicia elabore un nuevo dictamen será de 15 días. El artículo 131.2 del reglamento de la Cámara baja señala que, cuando el pleno rechaza el carácter orgánico de una ley —este ha sido el caso, y solo se han hallado dos precedentes, en 1997 y 2000—, el dictamen retorna a la comisión para que esta redacte uno nuevo en un mes. Pero como la tramitación de la amnistía se está haciendo por el procedimiento de urgencia, los plazos se reducen a la mitad. Esto es, 30 días. La Mesa del Congreso del próximo martes, 6 de febrero, pondrá en marcha el proceso. Ahí arrancará, por tanto, ese periodo de dos semanas, según confirmaron a este diario fuentes parlamentarias.

Eso implica que el plazo se agotará justo después de las elecciones gallegas del 18 de febrero. Los socialistas, por tanto, lograrán orillar este asunto durante la campaña. Un dato nada menor, aunque hasta ahora en la cúpula del PSdeG consideraban que era un tema amortizado y que no erosionaba las opciones de su candidato, José Ramón Gómez Besteiro. Una vez que la Comisión de Justicia apruebe el nuevo dictamen, a partir de las enmiendas vivas que se acepten y las transaccionales que se pacten, este será elevado al pleno del Congreso de nuevo —sería en la última semana de febrero—, donde solo cabrá el voto sí o no. Si esta vez sí recibe el visto bueno, la ley caminará hacia el Senado, donde hibernará durante dos meses ya que el PP, gracias a la reforma que introdujo en el reglamento de la Cámara, se garantizó que pueda demorar al máximo la aprobación de las proposiciones de ley. El texto deberá volver al Congreso para su aprobación definitiva. La paralización que forzó Junts el martes supondrá que la sanción final de la ley llegará un mes más tarde de lo previsto, hacia mediados de mayo, y muy cerca de las elecciones europeas del 9 de junio.

Ese sería el escenario lógico. Pero no es el seguro. Porque hay una posibilidad de que la amnistía descarrile. Y no menor. Este miércoles, tanto Junts como el PSOE mantuvieron su negativa a ceder. El secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, volvió a pedir un perdón integral. En una entrevista en RAC1, recordó al PSOE que su pacto de investidura era "para resolver el conflicto político" y "la base era la ley de amnistía y que no quedase gente pendiente. Si esta base falla, al resto no hace falta ni que lleguemos". "No había vías de agua, pero las han abierto a martillazos y ahora las tenemos que blindar", insistió el dirigente independentista. Junts, por tanto, exige que la medida de gracia incluya todos los supuestos de terrorismo y también de traición al Estado, para frenar el avance de las investigaciones de los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre.

Pero la dirección socialista y el Ejecutivo responden que el texto no se debe tocar, más allá de modificaciones puramente técnicas, no de calado. Es decir, que el margen es estrechísimo. Preguntado en la SER si pueden introducirse cambios, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, contestó que hay que trabajar la ley "con el mismo rigor" que en los meses anteriores, porque no es una norma "que se pueda improvisar a cada minuto". "Garantizo que cuando se apruebe será así de impecable". Sí es que es cierto que no descartó, pese a que preguntado y repreguntado, que no se vaya a mover una coma. Más reacia a las correcciones se mostró la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en Catalunya Ràdio: el texto sometido a votación el martes era ya "absolutamente impoluto desde el punto de vista de la seguridad jurídica y constitucional". "Estamos convencidos de que ese es el documento que tiene que aprobarse finalmente", añadió rotunda.

El Gobierno insiste en que la amnistía no es una ley "que se pueda improvisar a cada minuto", y no acepta cambios de calado, solo cuestiones menores

Siempre "hay margen para negociar", dijo por su parte la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Margen también para agregar "nuevas cuestiones", pero el texto que fue llevado a pleno tenía "todas las garantías para ser un texto constitucional". Los cambios que pedía introducir Junts "y que los cambios que quería introducir Junts "no tenían esas premisas". "Cualquier texto de amnistía no es constitucional, el que el Gobierno promovió sí lo era. Queremos que desde el Congreso salga un texto con seguridad jurídica", remachó, informa EFE. Más rotundo fue Salvador Illa, primer secretario del PSC, en Onda Cero: "Esta ley tiene dos condiciones necesarias: que haya una mayoría dispuesta a tramitarla y que tenga solidez jurídica. Todo lo que signifique sacrificar o poner en riesgo esta solidez jurídica, a juicio de los socialistas, no es aceptable".

Fuentes de Ferraz y desde el Ejecutivo insistían en que no cabe moverse. Porque, como también apuntaban diputados de peso en el grupo parlamentario, con la redacción actual el PSOE ya ha llegado "al borde", al límite. No podría dar un paso más porque eso supondría desbordar la Carta Magna, y lo prioritario, recuerdan, es que la amnistía supere el filtro del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De ahí que fuentes próximas al presidente remachen que quien se tiene que mover es Junts, porque además no tendría "sentido ninguno" que después de que Sánchez se plantara el martes ante Puigdemont, 15 días después reculase y aceptase lo que ya rechazó.

Si nadie se mueve, no hay ley", dicen en Ferraz; "no sacrificaremos la seguridad jurídica de la norma", coinciden desde el PSC de Illa

"Si nadie se mueve, no hay ley", resuelven en la cúpula federal. "No sacrificaremos la seguridad jurídica de la ley", convergen en la dirección del PSC. El cálculo de los socialistas es que Puigdemont acabará moviéndose porque no tendrá forma de explicar a su tropa, a los directores de colegios que abrieron sus centros para el referéndum del 1-O o los cargos intermedios de la Generalitat, que se quedan sin medida de gracia por él. La argumentación del Gobierno es apuntalada por sus socios de ERC. "Cuesta entender que se caiga en las trampas y las maniobras de los jueces. Estarán siempre estas maniobras de los jueces, esta obsesión de algunos de los jueces de la cúpula judicial, haya las leyes que haya. Cuesta entender que se caiga en estas trampas y se sucumba a las actitudes obsesivas de algunos jueces", subrayó Marta Vilalta, portavoz de los republicanos en el Parlament.

¿Qué ocurre si finalmente hay ley? Sería el escenario óptimo para el Gobierno. Habrá tenido que aguardar un mes, pero resuelta la amnistía, podría continuar con sus planes, aun siendo consciente de la dificultad de trenzar acuerdos con Junts. En este caso, en definitiva, la paralización habrá introducido un paréntesis, un pequeño pause a la legislatura.

¿Y si no la hay? Esta sería la hipótesis más complicada de gestionar para los socialistas. Toda la legislatura descansa en la aprobación de la amnistía. Y si finalmente no sale adelante, la gobernabilidad se complicará mucho más todavía, porque Junts se situará previsiblemente a la contra. No obstante, el Gobierno no ha dejado de lanzar el mensaje de que la continuidad de la legislatura está garantizada. Bolaños, desde la misma tarde del martes, insistió en que la viabilidad del Ejecutivo no está en riesgo y que quedan tres años y medio por delante para seguir desplegando medidas que "mejoren" la vida de los ciudadanos.

"La legislatura no la decide ningún grupo, la decide el presidente, va a durar tres años y medio", ratificó este miércoles el ministro en la SER. Eso es lo que quiere recalcar el Ejecutivo: que todo es decisión de Sánchez. Y que él tiene instrumentos para seguir adelante. "Que sigue el Gobierno, no lo pongamos en duda", señalan con rotundidad en Ferraz.

No obstante, objetivamente la legislatura se haría muy cuesta arriba sin Junts. Ya el Gobierno pretendía legislar lo menos posible en este mandato, consciente de que cada votación es un calvario, pero sin tener amarrados los votos de los siete diputados posconvergentes, el paso por el Congreso se convertiría en un infierno impracticable. Lo dijo este miércoles el lehendakari, Iñigo Urkullu, desde Bruselas: la caída de la ley de amnistía añade "dificultad" a Sánchez "en una situación en la que necesita de todos los votos todo el tiempo". "Parte de su estabilidad institucional está volcada en su entendimiento con Cataluña y si eso no se ha producido es realmente preocupante", sentenció.

La legislatura la decide el presidente", subraya Bolaños. Pero sin Junts cada votación será un infierno. Urkullu se reconoce "preocupado" por la estabilidad si no hay ley de amnistía

¿Qué pasa con los Presupuestos? El Gobierno ha tenido que ir readaptando sus planes. Ya había asumido que no sería posible disponer de las cuentas del Estado en el primer trimestre de 2024. Pasado el pleno de los decretos, era consciente de que primero tendría que atar un preacuerdo con Junts antes de llevar el proyecto de ley al Consejo de Ministros. Hacienda calculaba que ese paso podría darse en marzo. Ahora, esa fecha ya parece imposible. En el Gobierno quieren ver "cómo respiran" ahora en Junts, pero desde el mismo martes ya daban por hecho que, hasta que no se aclare el futuro de la amnistía, no habrá forma de encarrilar los Presupuestos. Pero añadían que tampoco era grave no disponer de unas nuevas cuentas para 2024 —las de 2023 están ya prorrogadas desde el 1 de enero de 2024— y redactar directamente las de 2025. Recordaban en la Moncloa que Isabel Díaz Ayuso logró sacar adelante el pasado diciembre sus segundos presupuestos en Madrid en cinco años —los primeros fueron los de 2022—, y lo consiguió gracias a su mayoría absoluta. "Y no pasó nada", añadían.

¿Sánchez puede convocar elecciones? No todavía. La convocatoria de nuevas generales es una potestad exclusiva del presidente del Gobierno, pero tiene límites. Los dicta el artículo 115. 3 de la Constitución: no puede disolver las Cortes hasta que transcurra un año de la disolución anterior. Y eso ocurrió el 29 de mayo de 2023, cuando llamó a los españoles a las urnas para el 23 de julio. Es decir, que Sánchez no dispone de esa herramienta aún. En todo caso, como señalan veteranos socialistas, un presidente solo adelanta elecciones cuando se siente fuerte o bien para evitar una erosión mayor. Y tiene que construir ese relato. En este caso, y en esa hipótesis que por ahora no se contempla en la Moncloa ni en Ferraz —ni se desliza—, lo esperable es que Sánchez alegase que la gobernabilidad es imposible por Junts, que intentó todos los gestos de acercamiento, que apostó por la convivencia en Cataluña y que arriesgó incluso con la amnistía, pero que no puede dotar de estabilidad al país y necesita que los ciudadanos hablen.

En cualquier caso, la presumible segunda parte de la legislatura arrancará a partir de las elecciones catalanas que, si no se anticipan, se celebrarán en febrero de 2025. Una recomposición del Parlament que situara a Illa al frente de la Generalitat voltearía por completo el escenario a favor de Sánchez y, como asumen en la cúpula del PSC, en ese momento el presidente podría activar el botón electoral para repartir nuevas cartas y reivindicar que con él, tras la amnistía, ha logrado sacar al independentismo del Govern y pasar página definitivamente del procés.

La posibilidad de una moción de censura se antoja imposible porque requeriría de los votos de PP, Vox y Junts

¿Y cabe que los grupos le presenten una moción de censura? Sí, pero lograr que prospere no es nada fácil. El artículo 113 de la Constitución no impone restricciones respecto a cuándo puede registrarse. Señala que deben hacerlo una décima parte de los diputados (35) y que deben proponer un candidato alternativo como presidente del Gobierno. E indica la Carta Magna que, si no prospera —para hacerlo, se requiere una mayoría absoluta de 176 votos—, los firmantes de la moción no podrán presentar otra más en el mismo periodo de sesiones. Con la composición del actual Congreso, para que prosperase una moción contra Sánchez, deberían unirse PP (137), Vox (33), UPN (1) y Junts. Una combinación que hoy se antoja absolutamente imposible.

El gran as en la manga de Sánchez es que no tiene una mayoría alternativa enfrente que pueda unirse contra él y postular a un rival. Ese es su seguro de legislatura. Pero, como siempre recuerdan dirigentes socialistas, el presidente es "resistente" y sabrá sobreponerse, una vez más, a la adversidad. Aunque Junts le obligue a recalcular constantemente su hoja de ruta.