Cada paso en el Parlamento está siendo para el Gobierno de Pedro Sánchez un auténtico calvario. La votación del martes en el Congreso de la ley de Amnistía es uno de los ejemplos más descarnados de una legislatura sometida al chantaje de los independentistas de Junts, sin olvidar que necesita todos y cada uno de los votos de sus supuestos socios -frente a una oposición que suma entre 171 y 172 escaños-, y además, surfear la holgada mayoría absoluta de los populares en el Senado. Y aunque los efectos reales de la Cámara Alta en la gobernabilidad del país son limitados, sí tiene en algunos casos consecuencias de largo alcance, entre ellas en lo que afecta a una de las leyes más importantes del año, esto es, la de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene previsto llevar la próxima semana al Senado los objetivos de estabilidad y de deuda pública que el Congreso aprobó el pasado 10 de enero, requisitos previos a la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos. Y allí, para empezar, se encontrará con el "no" de los 144 senadores del Partido Popular, según ha podido confirmar El Independiente de fuentes del primer partido de la oposición, que aún no ha anunciado públicamente el sentido de su voto.

El PP niega presiones de su barones pese a la advertencia de Montero de que dispondrán de menos fondos

Las admoniciones del Gobierno advirtiendo que tumbar la senda de déficit tendrá consecuencias en las cuentas de las Comunidades Autónomas, -dando al PP donde más le duele dado su enorme poder territorial- no ha movido las posiciones de Alberto Núñez Feijóo de complicar la gobernabilidad al jefe de un Ejecutivo que no ganó las elecciones y depende de una pléyade de partidos independentistas, cada uno con su carta de exigencias como demostró ayer con toda su crudeza el partido de Carles Puigdemont al devolver a la comisión de Justicia la proposición de ley orgánica para la "normalización" en Cataluña.

Los mismos medios consultados niegan la existencia de ningún tipo de presión de sus barones autonómicos para que den el visto bueno a las cuentas sobre las que Montero construirá sus PGE para el presente año. Aducen que el único camino para impedir que tumben el techo de gasto pasa porque "el Gobierno abra una fase de negociación con nosotros, lo que sabemos que es imposible, porque el PSOE no quiere y sus propios socios no lo entenderían".

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, planteó recientemente la hipótesis de no bloquear los objetivos de estabilidad y la senda de déficit siempre y cuando Hacienda dé más margen de gasto a las autonomías. "Es lo que se está pidiendo para empezar, y, si realmente hay voluntad, ahí tiene un primer gesto con las comunidades para intentar conseguir el voto favorable del PP", dijo a RNE a sabiendas de que es cosa harto improbable cualquier guiño al primer partido de la oposición. El sentido del voto de los senadores populares ya está decidido "con una probabilidad del 90 por ciento", subraya un dirigente del Grupo Parlamentario en el Senado, salvo un giro de guion inesperado que sería ese 10 por ciento restante.

Una reforma de Cristóbal Montoro de 2013 permite el derecho de veto del Senado

Una reforma de la época de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda dio a la Cámara Alta la potestad de vetar la senda de déficit y, con ello, los Presupuestos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entró en vigor en 2013, fue objeto de dos intentos de contrarreforma por parte de los socialistas, la primera en 2018 y la segunda en 2020, pero a día de hoy está plenamente vigente para disgusto de la ministra de Hacienda a quien las cosas se le complican . Esta ley fue producto de la crisis financiera de 2010 y pretendía "reforzar la idea de estabilidad presupuestaria y hacerla permanente", según explicó e su momento Montoro.

Una vez que el Senado bloquee la senda de estabilidad, ésta no volverá al Congreso, sino al Gobierno, que dispone de un mes de plazo para rehacer su propuesta y remitirla de nuevo a ambas cámaras. Un doble escollo, pues su paso por el Congreso fue otro vía crucis para el Ejecutivo tras una caótica votación parlamentaria que hubo que repetir por un empate, desecho en segunda vuelta, y en mitad de la primera gran crisis con Junts, que optó por una tibia abstención a tres decretos a cambio de un nuevo paquete de exigencias, incluyendo una inopinada cesión de las políticas de inmigración a la Generalitat.

El Senado tiene plena potestad para un segundo bloqueo y es ahí donde Montero optará por otra vía para superar el nuevo veto , esto es, acogerse a los objetivos de deuda recogidos en el Programa de Estabilidad remitida a la Comisión Europea en abril, que implica, advierten en Hacienda, menor capacidad de gasto para autonomías y ayuntamientos, mayoritariamente en manos del PP. Aún así los populares creen que hay margen para repartir los niveles de endeudamiento y déficit con los que compensar esa supuesta pérdida.

El Senado vuelve a partir del 6 de febrero a su actividad parlamentaria tras ser inhábil el mes de enero, aunque celebró un pleno extraordinario con motivo de la reforma del artículo 49 de la Constitución para quitar el término disminuido de su texto y cambiarlo por "persona con discapacidad". De momento, no ha señalado día de pleno para abordar la senda de déficit, pero cuanto más tarde más le dificulta al Ejecutivo confeccionar sus Presupuestos para este año que, visto lo visto con los socios, será un pequeño infierno.