El fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, coincide con la tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional: no ve terrorismo en los hechos investigados sobre 'Tsunami Democràtic', ni cree que haya pruebas de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont estuviera en la cúspide de la organización. La posición del Ministerio Público, sin embargo, es provisional hasta que este martes se reúna la Junta de fiscales de lo Penal para fijar criterio y, según fuentes de la misma, habrá discrepancias.

En un nuevo dictamen, que ha avanzado por 'El Confidencial' y ha confirmado El Independiente, el fiscal analiza si hay indicios suficientes para ir contra Puigdemont (que es aforado y por tanto debería investigar el órgano superior) y otros imputados por posibles delitos de terrorismo que el juez Manuel García Castellón sostiene que se dieron en los altercados de Cataluña de 2019 tras la sentencia del procés. El instructor remitió el pasado mes de noviembre la causa para que fuera el alto tribunal el que se hiciera cargo.

El informe de Redondo señala que no hay pruebas contundentes para implicar al líder de Junts en el vértice de 'Tsunami Democràtic', ni tampoco para involucrar a la secretaria de ERC Marta Rovira, a quien el juez apunta como el otro cerebro de la plataforma desde Suiza, según confirman fuentes fiscales. Sobre los delitos, dice que en ningún caso existió terrorismo, sino que se trató de desórdenes públicos agravados y daños por lo que de forma implícita el fiscal cree que el Supremo no debería quedarse con la causa. Ni por los aforados ni por el tipo de delitos sería, según su visión, competencia del alto tribunal.

Una postura similar a la que sigue en la Audiencia Nacional el fiscal a cargo, Miguel Ángel Carballo, que se ha enfrentado al magistrado del caso y ha recurrido su teoría a la Sala de lo Penal. Carballo ni ve terrorismo ni cree que el caso deba seguir en Madrid, sino que propone que sea un juzgado ordinario de Barcelona (pues los hechos sucedieron en ese territorio) el que termine de investigar el asunto.

Tanto Carballo como Redondo son considerados de corte conservadora, pertenecientes a la Asociación de Fiscales (AF), si bien el entorno de ambos desmiente cualquier tipo de presión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o de su entorno para defender esta línea sobre una de las derivadas más importantes del procés y la que puede poner en jaque la amnistía que el Gobierno está tratando de aprobar.

Las fuentes jurídicas consultadas expresan que es lógico que la postura dentro del Ministerio Público coincida entre ellos, aunque otros advierten de que no todos los fiscales de lo Penal están de acuerdo.

La Junta del martes será reñida

El martes la junta de los fiscales que forman la Sección Primera de lo Penal, a la que pertenecen tres de los cuatro fiscales que formularon la acusación del juicio del procés (Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Javier Zaragoza), se reunirá para debatir este dictamen. En total serán 12 especialistas que traten el tema.

Las fuentes consultadas señalan que este tipo de reuniones suele ser un mero trámite para visar los escritos de todos los integrantes, pero anuncian que esta vez el asunto va a ser reñido. Si la mayoría de los miembros tuviera una postura distinta y abogara por el terrorismo, Redondo tendría que formular un nuevo escrito. La decisión final, eso sí, depende del fiscal general porque el Ministerio Público funciona bajo un régimen de clara jerarquía.

En cualquier caso, serán los magistrados del alto tribunal los que finalmente decidan si se quedan con la causa sobre los altercados en Cataluña de 2019. La Sala de lo Penal que dirige Manuel Marchena tendrá que especificar si ve de su competencia las pesquisas de 'Tsunami Democràtic' que llevan en la Audiencia Nacional desde hace cinco años y si, además, lo que ocurrió fue o no terrorismo.

Este punto es relevante porque supone la costura de la discordia en la ley de amnistía. Junts quiere introducir este delito en el texto por miedo, precisamente, a que esta causa prospere y Puigdemont y el resto de imputados se queden fuera del perdón.

El terrorismo

Entre las acciones que se atribuyen a la plataforma está, por ejemplo, el bloqueo del Aeropuerto de El Prat (Barcelona) en el que el instructor García Castellón encaja la carga de la prueba sobre el terrorismo. Explica que se trataba de un punto de Seguridad clave para un Estado y que paralizarlo fue mucho más allá de unas simples algaradas.

Además, expone que según algunas conversaciones Puigdemont asumió que podía haber muertos. Él, dice el juez, dirigía desde el extranjero las actuaciones de 'Tsunami' de forma clandestina. Esta tesis ha llevado a García Castellón a un choque frontal con el fiscal Carballo que lo acusa de "contradicciones" de acusaciones "injustificadas e inmotivadas" y de estar confundiendo la plataforma con los CDR, a los que sí se ha acusado de terrorismo después de encontrar explosivos en sus viviendas.