Los letrados del Congreso sacan tarjeta roja a la ley de amnistía de Sánchez

A petición del PP y Vox, la Mesa del Congreso de los Diputados tendrá que pronunciarse sobre el estadio en el que queda la ley de amnistía tras no ser apoyada por Junts. Ambos grupos consideran que la interpretación del artículo 131.2 del Reglamento de la Cámara por la presidenta Francina Armengol fue erróneo, y que al rechazarse y no apoyarse al menos con mayoría simple su formulación como ley orgánica -sí el dictamen-, la proposición debía de haber decaído el pasado martes y no vuelto a la Comisión de Justicia para su retoque vía enmiendas. De no rectificar la Mesa -ha pedido informe a los letrados- e instarse al PSOE a volver a iniciar la tramitación, los populares pedirán amparo al Tribunal Constitucional (TC).

La amnistía se ha convertido en el principal quebradero de cabeza de la legislatura para el Gobierno de coalición, y el objeto de presión de sus socios para sostenerlo. Especialmente los neoconvergentes de Carles Puigdemont, que han abogado por una dinámica de tensión permanente. Pero también preocupa al cuerpo de letrados, un órgano profesional caracterizado históricamente por su discreción que ha copado el foco por sucesivas peticiones de ceses voluntarios. En conversaciones con El Independiente, una fuente del cuerpo afirma que la proposición de ley "es lo más grave que ha llegado a las Cortes". Y asegura que "en el foro interno hay más gente en contra que a favor por su carácter inconstitucional. Porque supone decir que lo que antes era delito ahora no lo es, lo que entra en colisión con la igualdad ante la ley". No obstante, "mayoritariamente" se prefiere mantener silencio "por cautela" en un órgano ya "muy jerarquizado".

Esa misma fuente, que defiende su objetividad, así como la del resto de sus compañeros, indica que "el PSOE está haciendo cosas que sabe que son erróneas, pero las hace a conciencia por la dependencia" que tiene. Públicamente, solo hay tres letrados que se han pronunciado al respecto. Son Isabel Revuelta, Piedad García-Escudero y Fernando Castillo, y lo han hecho en contra dentro de la Comisión de Justicia, el 10 de enero. Según se le ha trasladado a este medio, mientras "Revuelta lo veía clarísimo había una persona que no quería ser tan concreta". Apostaba por la "ambigüedad", se asegura, "en la línea del de [Fernando] Galindo", que "es confuso por su semántica y porque dice que 'podría haber otras razones de inconstitucionalidad no patentes' que no expresa". Se presentó el 20 de noviembre de 2023.

El informe de Justicia se considera el primero que se pronuncia con claridad sobre la amnistía. Se indica que 'tumba el de Galindo'"

El informe de la Comisión [ver aquí]"desmenuza el asunto y se destaca que hay unos hechos delictivos anudados a una finalidad". "Es muy bueno", se adjetiva, vinculándolo a la labor de Revuelta, a quien se define como "super competente". Dentro del cuerpo de letrados hay quien considera que este es el primer pronunciamiento claro sobre la amnistía. Porque, al margen del de Galindo, el de 2018 y más el de 2021 "tampoco fueron claros pese a lo que lee en la prensa o dicen algunos partidos". El primero está ligado a una proposición de Unidas Podemos sobre unas sanciones a Guardias Civiles. El de 2021, a raíz de una propuesta de ERC, "es una 'nota al rojo' para la Mesa en la que se decía que el indulto general estaba prohibido".

En contraste, desde sectores progresistas ajenos al cuerpo, y más políticos, se relaciona el pronunciamiento con afinidades al PP. Revuelta fue secretaria general técnica de Interior con el exministro Federico Trillo, mientras que García-Escudero, hermana del expresidente del Senado y de los populares madrileño, fue secretaria general durante la presidencia de Luisa Fernanda Rudi en la Cámara. Ambos casos, entre 2000 y 2004.

Preguntadas por ello, fuentes próximas a Revuelta defienden la profesionalidad de los letrados en general. Se descarta, igualmente, que haya podido existir algún toque de atención o directriz de Galindo a los letrados en vista de la distinción respecto a sus valoraciones. De haber habido tentación a hacerlo, sería erróneo, dicen, "porque el horno no está para bollos" por la existente presión mediática.

A la amnistía se unen dudas con Galindo

Las fuentes consultadas, por unanimidad, niegan que pueda haber casos de intervencionismo en las labores de los letrados o en sus pronunciamientos. Sí hay, en cambio, preocupación por que se puedan cometer errores a la hora de valorar leyes y que estos se extiendan si las elecciones de cargos se hacen "no en función del conocimiento, sino de lealtades". "Añadir un sesgo puede torcer el derecho", se apunta.

Al descontento con la amnistía se ha unido un malestar por la apariencia de falta de independencia que se está dando con la llegada de Galindo a la Secretaría General del Congreso a finales de año. Y aunque desde la institución se niega, fuentes del cuerpo de letrados apuntan a que esas diferencias han provocado los ceses voluntarios de letrados. Especialmente por el caso de Luis de la Peña, el hasta ahora interventor de Cortes, y del que se ha filtrado un escrito dirigido a Galindo en el que dice ser incompatible con su modelo de Administración. Desde el ámbito de los letrados se comenta que "hay tensión y desacuerdo con la forma en la que él ha llegado, de forma dudosa, desde un cargo político aunque con poco rodaje". Se refieren a la breve etapa de Galindo como subsecretario de Política Territorial del Gobierno anterior. "Esto no ha pasado jamás, y además no es habitual que un letrado mayor sea elegido por mayoría. Cotidianamente ha sido por unanimidad", se añade.

No es un sentimiento totalmente compartido, en todo caso. Las fuentes tratadas explican que hay tres corrientes: están los que "se preocupan más del origen de quien venga"; "los que se conocen desde hace mucho tiempo y son más proclives a la aceptación", y "los que se mantienen ambiguos para no tener problemas". "No es tanto un asunto ideológico", aseguran, en todo caso. Asocian esta situación con el proceso de burocratización experimentado durante las tres últimas décadas, desde que se instauró la figura de secretario general; y a la situación política de polarización. "Cada vez los nombramientos tienen un corte que no es estrictamente meritocrático, se apuesta por gente de confianza y se reduce el papel del funcionario".

Por el momento se han producido seis bajas voluntarias. Todas, salvo el caso de De la Peña, mujeres. Tres marchan al Senado a ponerse a disposición de Sara Sieira, la nueva letrada mayor de la Cámara Alta, llegada tras la jubilación de su antecesor Manuel Cavoer Gómez. Bajo las órdenes de Sieira, y con una mayoría absoluta del PP, se pondrá la letrada Revuelta, la asesora jurídica del Congreso, Paloma Martínez, y Mónica Moreno, que esta semana dejará de dirigir el Gobierno interior de la Cámara. Fuentes consultadas descartan que estos movimientos sean por cuestiones ideológicas, pero se sugiere que sí podrían estar condicionados por el ambiente de desafección interna en el hemiciclo. De otras dos letradas, la Directora de Comisiones, Blanca Hernández, y la encargada de las Relaciones Institucionales, Helena Boyra, se desconoce destino.

Al clima de descontento se une el del letrado Manuel Fernández-Fortecha, que denuncia que ha sido cesado de la Comisión de Constitucional para dar hueco al exletrado mayor, Carlos Gutiérrez. Afirma que Galindo no atendió sugerencias de desplazamiento a Justicia o Trabajo, y que se le ha destinado a la Comisión de Calidad Democrática, que no es legislativa.

La Institución niega que haya disconformidad

Consultadas por estas valoraciones, fuentes próximas a la Secretaría General niegan que sea así. De hecho, aseguran que hay descontento entre el cuerpo de letrados por las informaciones que intentan polemizar con salidas cotidianas", y que la única crítica que conocen es la pública de De la Peña. Las salidas hacia el Senado o el resto de bajas solicitadas las enmarcan en un deseo de los afectados por abrir nuevas etapas, "resetear o cambiar de aires". Es más, mencionan que hay personalidades, como Sylvia Martí, la nueva número 'tres' de Galindo, que vienen del Senado. Al mismo tiempo, fuentes institucionales apuntan a que no hay favoritismo ideológico, solo valoración profesional y ajuste a los criterios que Galindo cree necesarios. Hay que mencionar que Martí, ex directora de Relaciones Internacionales en la Cámara Alta, ejerció con anterioridad como secretaria general de la Presidencia de la Asamblea de Madrid bajo el mandato del PP. Alfonso Cuenca, elegido como nuevo letrado director de Comisiones, fue exviceconsejero de Justicia de Esperanza Aguirre.

Respecto a los cambios internos en el organigrama, se habla de cuestiones de "confianza". Citan a su vez otros cambios que se han dado "por deseo propio" y por preferencia de competencias: Mercedes Araújo, adjunta de Asuntos Administrativos, pasa a ser la número 'dos' de Galindo como secretaria general adjunto de asuntos parlamentarios. Sustituye a José Antonio Moreno, que ha solicitado dirigir la Oficina de Conflicto de Intereses. Alfonso Cuenca, elegido como nuevo letrado director de Comisiones y exviceconsejero de Justicia de Esperanza Aguirre.

Frente a informaciones que aseguran que la letrada de Justicia, García-Escudero, también abandona el Congreso, explican que por máximo de edad, 70 años, debe dejar su puesto de promoción y pasar a ser letrada de base. Y es que como dicen, muchos titulares próximamente alcanzarán los límites de edad, habrá salidas por jubilación y entradas para fomentar un relevo generacional.