La ley de amnistía no se toca. Ese es, al menos, el posicionamiento que a día de hoy mantiene el Gobierno frente a Junts, que tiró abajo el martes de la pasada semana la proposición de ley socialista por no aceptar la totalidad de sus enmiendas destinadas, una vez más, a diseñar un "blindaje" a medida de su jefe de filas, Carles Puigdemont. Sin descartar nunca que Moncloa acabe cediendo ante el chantaje de los independentistas catalanes pues ni siquiera Pedro Sánchez se ha atrevido a cerrar esa puerta, busca alternativas que pueda dar satisfacción a la voracidad de sus socios.

Descartada en principio la reforma del Código Penal en lo que afecta a los delitos de terrorismo, Moncloa explora otra vía, esto es, ofrecerles, a cambio de no tocar una coma la ley de Amnistía, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), según ha podido saber El Independiente de fuentes gubernamentales. Los cambios que barajan en el Ejecutivo pasan por modificar lo relativo a los plazos de instrucción judicial de las causas, algo que serviría para evitar las continuas prórrogas de los casos.

En respuesta directa a García Castellón y Aguirre

Es una respuesta directa a la reciente decisión del juez de la Audiencia Nacional García Castellón de extender otros seis meses la investigación de Tsunami Democrático, cuyas actuaciones en octubre 2019 considera constitutivas de un delito de terrorismo y atribuye a Puigdemont estar en el vértice de esta organización. García Castellón ha requerido al Tribunal Supremo que estudie si asume la causa dado el aforamiento del prófugo de la justicia al ser eurodiputado.

Pero no sólo, porque también el juez Joaquín Aguirre ha decidido impulsar la investigación de la trama rusa, el "caso Voloh", que implica a los más estrechos colaboradores del huido de la Justicia. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha prorrogado también seis meses la investigación sobre la supuesta trama de apoyo político, económico y hasta militar de Putin, siempre muy interesado en desestabilizar la Unión Europea. Se estaría hablando, en este caso, de un delito de traición, contenido en una de las enmiendas de Junts para blindar la amnistía a la medida de Puigdemont.

La idea que maneja el Ejecutivo no es tanto limitar los periodos de prórroga de las instrucciones -actualmente no hay un límite- como acotar quién está legitimado para decidir sobre las mismas. Y el Ejecutivo lo tiene claro, esto es, tiene que ser "a instancias del Ministerio Fiscal" y no del juez instructor de turno o a petición de las partes, como se regula en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este artículo señala que "si, con anterioridad a la finalización del plazo, se constatare que no será posible finalizar la investigación, el juez, de oficio o a instancia de parte, oídas las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses".

La actual reforma que se propone revertir es de 2020, gobernando Sánchez

La paradoja es que fue gobernando Sánchez, en 2020, cuando se cambió la Lecrim para dejar en manos de los jueces la decisión de prorrogar la instrucción de una causa. Ahora plantean revertir esa reforma para volver a la de 2015, en tiempos del Ejecutivo de Mariano Rajoy, donde se daba mayor papel al Ministerio Fiscal.

En todo caso, esta reforma legal, de abordarse, no pararía las nuevas prórrogas decretadas por García Castellón y Aguirre, que se extenderán hasta el mes de julio, sin tener en cuenta que tocar una ley orgánica conlleva unos plazos muy amplios de tramitación parlamentaria además de mayoría absoluta en la Cámara.

De momento, es una incógnita el futuro de la ley de Amnistía. Incluso su regreso a la comisión de Justicia del Congreso está bajo sospecha, puesto que fue claramente rechazada por el Pleno por 179 votos en contra frente a 171 a favor. No es que no alcanzara la mayoría absoluta de 176 escaños que exige una ley orgánica, es que Junts sumó sus votos a PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, aunque por motivos muy distintos, y el Congreso la rechazó.

Por ello los populares han pedido amparo al TC para impedir el trámite parlamentario de una ley, además, sobre la que los socialistas, con Sánchez al frente, dijeron una y otra vez no tenía encaje en nuestra arquitectura constitucional. No obstante, la Mesa del Congreso, con su presidenta al frente, Francina Armengol, y la mayoría PSOE-Sumar, la devolverán el próximo martes a la comisión de Justicia, donde Junts espera le sean aceptadas sus enmiendas. Moncloa, confía, no obstante, que los de Puigdemont se avengan a reformas como la de la Lecrim, una vez desestimada la posibilidad de tocar, por enésima vez, el Código Penal, esta vez, en lo que afecta a los delitos de terrorismo. Esa parece ser esa una vía cegada.