El PSOE reprochó al PP que acortase los plazos de instrucción porque favorecía la "impunidad"

El Gobierno se plantea limitar ahora los plazos de instrucción judicial, para que no se eternicen, como una salida para convencer a Junts. Pero el PSOE no siempre defendió esa postura. Es más, abogó por lo contrario. Porque en 2015, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy impulsó el recorte de los tiempos de investigación —hasta un máximo de un año y medio—, los socialistas entendieron que el PP perseguía la "impunidad de la corrupción". Y hasta tal punto creyeron que esa modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) era nociva que en 2020 apoyaron revertirla a través de una iniciativa planteada por Unidas Podemos. A falta de conocer todos los detalles técnicos, y estos son cruciales, el cambio que se ejecutó hace cuatro años podría deshacerse ahora. Y podría ser el salvoconducto al que Carles Puigdemont podría acogerse para apoyar la ley de amnistía, sin tocarla.

Fue el propio Pedro Sánchez el que este lunes, en una entrevista en Al rojo vivo (La Sexta), no descartó esa vía de reforma de la LECrim para intentar seducir así a Junts, que la semana pasada rechazó la votación de conjunto de la amnistía por considerar que era "selectiva" y "en diferido", porque no cubría todos los casos posibles de terrorismo y de alta traición, los que investigan los jueces Manuel García-Castellón, en la Audiencia Nacional, y Joaquín Aguirre, en un juzgado de Barcelona. El Ejecutivo se niega a redefinir el delito de terrorismo vía modificación del Código Penal, tampoco está dispuesto a ampliar el paraguas de la medida de gracia porque cree que sería muy arriesgado: la ley podría ser tumbada entonces por el Tribunal Constitucional o por la Justicia europea. Lo que ofrece el Gobierno, por tanto, es una salida a los posconvergentes: dar una vuelta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las causas no se eternicen en los juzgados.

Hemos visto instrucciones que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión. Hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas", aduce Sánchez

"Yo creo que hay un elemento que hemos visto durante estas últimas semanas, de instrucciones que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión —adujo—. Son elementos que se incardinan perfectamente en una reforma que hemos convalidado en los reales decretos leyes de hace unas semanas en el Congreso y es el de la eficiencia de la Justicia. Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas". Sánchez estaba lanzando pues un mensaje político a Junts. Los posconvergentes están preocupados por las investigaciones judiciales y temen que la amnistía no se aplique de manera inmediata en algunos casos —singularmente, en lo que afecta a Puigdemont— por la dilación de las instrucciones y su prolongación sine die. García-Castellón investiga Tsunami Democràtic desde 2019 y ha pedido una nueva prórroga de seis meses. Y Aguirre indaga sobre la trama rusa del procés desde 2020, y también ha demandado una extensión de medio año.

Sánchez no descendió a los detalles, por lo que falta por ver el alcance de esa eventual reforma de la LECrim y, sobre todo, si Junts acepta el trato: no tocar la amnistía a cambio a cambio de acortar los tiempos de investigación judicial. Pero por lo pronto los socialistas tienen que cabalgar su propia contradicción, porque en 2015 criticaron una modificación de la norma impulsada por el Gobierno del PP, reforma que ellos revirtieron ya en 2020, con Sánchez en la Moncloa.

La reforma de 2015 imponía un plazo de seis meses para instrucciones sencillas y un máximo de 18 para las complejas, prorrogables por igual plazo o uno inferior

En 2015, el Ejecutivo de Rajoy, con Rafael Catalá como ministro de Justicia, aprobó la ley 41/2015, de 5 de octubre, que entre otros puntos modificaba el artículo 324 de la LECrim. Se estipulaba que las diligencias de instrucción se practicarían durante un periodo máximo de seis meses. Pero antes de expirar ese plazo, el instructor, a instancias de la Fiscalía y previa audiencia de las partes, podría declarar compleja una investigación, por lo que en ese caso la instrucción sería de 18 meses. El instructor podría prorrogar la investigación por igual plazo o uno inferior, siempre a instancias del ministerio público y oídas las partes. El PP defendió que se trataba de "plazos máximos realistas".

"Claramente inaceptable"

Aquella reforma fue apoyada en solitario por los populares, que disfrutaban de mayoría absoluta. En el debate de aprobación del dictamen, el 11 de junio de 2015, la entonces diputada socialista Soraya Rodríguez —que en 2019 pasó a Ciudadanos y que desde entonces es europarlamentaria de la formación naranja— defendió el voto en contra de su partido. Entre otras razones, por el elemento "claramente inaceptable del establecimiento de los plazos" de la instrucción. Advertía de que un incumplimiento de esos periodos de investigación o de sus prórrogas podía llevar a la "nulidad de las actuaciones".

Los socialistas alegaron que el cambio podía conducir a archivos o escritos de acusación "precipitados", y ambas cuestiones favorecerían la "impunidad", sobre todos en los casos más complejos

A lo que la reforma llevaba, señaló entonces Rodríguez, era a "sobreseimientos precipitados" de los casos, que vulneraría los derechos de las víctimas, o a escritos de acusación "también precipitados, insuficientemente fundamentados", lo que llevaría a una violación de los derechos de los acusados. "Ambas consecuencias favorecerían la impunidad, especialmente la de los delitos más complejos como los económicos o los de corrupción, que lo que precisan es un incremento de medios, de personal especializado en esos temas, de juzgados especializados para su persecución y no la imposición de un límite temporal que, por imperativo legal, haga que la Justicia sea rápida finalizando los procedimientos de instrucción".

Rodríguez utilizó un término, impunidad, que utilizó mucho el PSOE para definir la reforma del PP. En el debate en la Cámara alta, en septiembre de 2015, el senador socialista Arcadio Díaz Tejera insistió en los mismos argumentos, recordando que no se podía endosar a los jueces la culpa de dilaciones indebidas. Un mes después, el entonces portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando —hoy director adjunto de Gabinete de Sánchez en la Moncloa—, pedía a Catalá que atendiese las peticiones del Consejo Fiscal y de las asociaciones de jueces y fiscales y estudiase alguna fórmula para evitar la entrada en vigor del nuevo 324 de la LECrim, pues daría "al traste con decenas de procesos judiciales complejos en materias importantísimas como la corrupción". "Son procesos con instrucción muy largos y acortarlos podría dar lugar a la impunidad de la corrupción", alegó. La entrada en vigor de la reforma, en fin, podría ser "nefasta" para "muchos procesos judiciales". En aquel momento, estaban vivas varias causas de presunta corrupción que asfixiaban al PP, y el PSOE sospechaba que lo que buscaba el Gobierno de Rajoy es que murieran esos casos.

En el programa electoral de las elecciones generales de abril de 2019, en su página 176, el PSOE ya proponía "eliminar" la redacción del artículo 324 de la LECrim introducida por el PP en 2015, "para evitar que el establecimiento de plazos de caducidad de los procedimientos se convierta en una ventana para la impunidad de aquellos que están encausados por delitos graves como el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción".

Los programas de 2019 y el acuerdo de gobierno, y también el discurso de investidura contenían el mismo compromiso: derogar el 324

Promesa de derogación que se repetía en la página 36 del programa de las generales de noviembre de 2019. Y en la página 21 del acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el 30 de diciembre de ese año, el compromiso también figuraba: "Sustituiremos el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción".

Días más tarde, el 4 de enero de 2020, en su discurso de investidura ante el Congreso, Sánchez verbalizó la medida: "Vamos a promover un pacto de Estado por la modernización de la Justicia que incida sobre la agilidad y el sistema de acceso y vamos a modificar también, señorías, la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el plazo máximo de instrucción, que no es sino una limitación para luchar contra la corrupción política".

Menor papel para la Fiscalía

El nuevo Gobierno de coalición actuó rápido. El 28 de julio se publicaba en el BOE la ley 2/2020, la que modificaba el artículo 324, fruto de una iniciativa que había partido de Unidas Podemos. Es la redacción que hoy está vigente. En ella se indica que la investigación judicial se desarrollará "en un plazo máximo de 12 meses desde la incoación de la causa". Pero si antes de que acabe ese plazo, se constata que no es "posible" finalizarla, el juez, "de oficio o a instancia de parte, oídas las partes, podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses". Es decir, ahora ya no se deciden las prórrogas a instancias del fiscal. Las extensiones, que pueden ser infinitas —y es eso lo que sucede con García-Castellón— se adoptan mediante un auto que contenga una exposición razonada de los motivos por los que no se ha podido concluir la instrucción en plazo, así como las diligencias que son necesarias y su relevancia para las pesquisas. El cambio se aplicaría "a los procesos en tramitación a la entrada en vigor" de la ley.

La redacción actual del 324 señala un plazo de 12 meses para la instrucción, que es posible prorrogar "por periodos iguales o inferiores a seis meses"

El preámbulo de la ley justificaba así la necesidad de cambio del 324 de la LECrim: "Si bien establecer sin más un límite máximo a la duración de la instrucción se ha evidenciado pernicioso por cuanto puede conducir a la impunidad de la persecución de delitos complejos, no es menos cierto que establecer ciertos límites a la duración de la instrucción supone una garantía para el derecho de los justiciables".

Ahora, por tanto, falta por ver el alcance de la hipotética modificación del artículo 324 de la LECrim. Si es que finalmente se acomete. Este lunes, en la cúpula federal del PSOE recordaban que falta recorrido y que habrá que ver qué se pacta. En el Grupo Socialista indicaban que se trataría de encontrar un punto intermedio entre la redacción de 2015 y la de 2020: "Por un lado, hay que intentar que no se archiven casos y por otro, que no se eternicen las causas. En el medio siempre está la virtud. Si es así, seguro que se encuentra una redacción feliz".

La Mesa del Congreso enviará este martes a la Comisión de Justicia el dictamen de la ley de amnistía de vuelta. Y, siguiendo el criterio de los letrados, se dará un plazo de 15 días, dado que la iniciativa se tramita de urgencia y los plazos se reducen a la mitad. Eso supone que el nuevo texto debería quedar acordado el miércoles 21 de febrero —o sea, ya después de las elecciones gallegas del 18-F—, aunque se podrá acceder a una prórroga de otros 15 días como máximo, y en este caso el texto debería estar listo para primeros de marzo. Una vez que la Comisión de Justicia apruebe el nuevo dictamen, este debe pasar a pleno para su votación: si recibe el ok, viajará hacia el Senado, y si no, decaerá. Pero, según Sánchez, este segundo escenario no es previsible. Está convencido de que la ley de amnistía saldrá adelante. Y será, como es ahora, defendió, una norma "valiente, reparadora y constitucional".