El Ministerio del Interior ha ordenado evitar que las manifestaciones que cientos de agricultores están llevando a cabo desde primera hora de este martes terminen en Madrid. Tanto la Guardia Civil como la Policía tienen órdenes para evitar que los tractores en los que se desplazan no acaben inundando la capital.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este martes que están trabajando para garantizar tanto el derecho de protesta como el de todos los ciudadanos a acceder a los servicios esenciales.

El Gobierno ha creado un Comité de Coordinación para evaluar la situación en cada momento. El dispositivo de seguridad se puso en marcha ayer lunes, cuando se interceptó a través de redes sociales que la manifestación se iba a llevar a cabo, a pesar de no tener autorización oficial. Fuentes de Interior señalan que este órgano se reunirá a última hora de esta tarde.

"Derechos fundamentales"

Interior, a través de la Delegación del Gobierno, está siguiendo la evolución de las manifestaciones. Por el origen de las marchas, la Guardia Civil ha sido la primera en contener y controlar a los tractores. Si consiguen su objetivo de entrar en la capital, entonces será la Policía Nacional quien se haga cargo. Ambos Cuerpos de Seguridad han recibido órdenes similares para garantizar "los derechos fundamentales del resto de la población".

A las 16:15 de esta tarde, la web de la Dirección General de Tráfico señalaba que había retenciones en la A-42, a unos 64 kilómetros de Madrid, por motivos de "orden público". Las marchas tienen como objetivo entrar en la capital sí o sí, igual que sus homólogos franceses intentaron en Francia la semana pasada.

El Gobierno de Emmanuel Macron impidió que llegasen a París con un gran despliegue de policías. Como resultado, el acceso a la capital estuvo bloqueado durante horas. Lo principal, en el país vecino, es que no se colapsase el gran mercado de abastos, que prové de alimentos a millones de personas. El Ejecutivo español se ha marcado el mismo objetivo.

Razones y reivindicaciones

Lo que inicialmente comenzó en Alemania, después se extendió a Francia y en estos días ha llegado a España. Entre sus quejas están los requisitos de la nueva Política Agraria Común (PAC) aprobada por Bruselas y que piden flexibilizar y simplificar, informa Diego Molpeceres.

Las reivindicaciones son varias. Exigen precios más justos para cubrir los costes de producción, en un contexto en el que han subido tanto las materias primas como la energía.

A pesar de la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria por parte del Ministerio de Agricultura, denuncian que los precios que les pagan en origen no les permite cubrir los costes de producción. En este sentido, piden modificar y ampliar la norma para prohibir las prácticas desleales.

También creen que la Agencia de Información y Control Alimentario (Aica) debería aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y ampliar sus recursos de control, para poder actuar más a través de los indicios y con inspecciones de oficio.

Competencia desleal

En segundo lugar, los agricultores protestan contra lo que ven como una competencia desleal de países terceros, que no están sometidos a las reglas de producción de la Unión Europea. Uno de ellos es Marruecos. Los agricultores quieren que el Gobierno aumente los controles en la frontera con el vecino del sur "para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio". 

Por otro lado, el sector agrario dice verse asfixiado por la burocracia y los requisitos cada vez más estrictos que impone la legislación comunitaria. En este sentido, piden reformas urgentes a las Comunidades Autónomas para flexibilizar las normas que rigen sobre la agricultura.

Especialmente afectados se ven los pequeños y medianos productores, que han de afrontar sobrecostes por la legislación medioambiental. "La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental", dicen las organizaciones agrarias.