Fueron muchas familias las que se refugiaron en Madrid. Algunas víctimas lo hicieron tras haber perdido a su marido, a su padre o haber padecido en primera persona un atentado de ETA.

La Comunidad de Madrid no era su lugar de origen, pero sería donde se refugiarían para iniciar una nueva vida. En muchos casos tampoco Euskadi o Navarra eran su tierra, sólo los destinos en los que sufrieron el atentado y en los que se habían instalado por razones laborales o personales.

Los atentados de ETA y las amenazas de su entorno provocaron miles de desplazados. Una parte significativa de ellos vive hoy en la capital de España. Algunos desde hace décadas.

Cuando en 2018 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó la ley de “protección, reconocimiento y memoria” hacia las víctimas del terrorismo, y en la que se incluía el pago de indemnizaciones, muchas de estas víctimas procedentes de otras comunidades pero residentes en Madrid solicitaron ser reconocidas.

Nunca imaginaron que en muchos casos un simple trámite administrativo les dejaría fuera del derecho a cobrar la indemnización como víctimas del terrorismo: el empadronamiento.

Vivir en Madrid no bastaba. Seguir empadronado en su ciudad, en su pueblo, fuera de la Comunidad de Madrid les dejaba al margen. La ley 5/2018 sólo fijaba una excepción a ese requisito: haberse instalado en Madrid por estar amenazado por el terrorismo.

El resto, las víctimas llegadas de fuera tras un atentado con víctimas mortales o heridos sí debían acreditar estar empadronados.

Rifirrafe en la Asamblea de Madrid

Aquella circunstancia fue el origen de la batalla escenificada en lunes en la intensa sesión vivida en la Comisión de Justicia de la Asamblea de Madrid entre la portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, y el representante del PP, José Virgilio Menéndez.

Ordóñez recordó cómo sólo tres años después de su aprobación Covite impulsó la modificación de la norma para suprimir la exigencia de empadronamiento a las víctimas reconocidas procedentes de otras Comunidades Autónomas.

La modificación –aprobada el 16 de noviembre de 2022 gracias a la oposición- extendía la aplicación de la ley, según recoge el preámbulo de la norma, no sólo a acciones terroristas ocurridas en Madrid sino en otras Comunidades Autónomas y cuyas víctimas se hubieran instalado en Madrid.

Además, se corregía el artículo 2.2c al eliminarse la exigencia de estar empadronado, tanto para víctimas reconocidas como para amenazados por organizaciones terroristas en otras Comunidades Autónomas.

A partir de esa modificación de la ley bastaba con acreditar haber vivido al menos los dos años anteriores a la entrada en vigor de la ley.

Ley de víctimas modificada

Sin embargo, la realidad muestra que nada ha cambiado. Covite recuerda que las peticiones de víctimas instaladas en Madrid procedentes de otras Comunidades Autónomas se siguen rechazando.

Hasta ahora, al menos ocho víctimas que residen en Madrid pero que proceden de otras comunidades autónomas se les ha negado la indemnización. Todo apunta a que se resolverán del mismo modo la media docena de casos que siguen pendientes. “Actúan como si no se hubiera modificado la ley, su propia ley”, asegura Ordóñez. Considera que se están resolviendo las peticiones de manea “injusta y arbitraria”.

En las resoluciones se señala que no se debe entender de modo “literal” lo recogido en el artículo modificado.

El rechazo por parte del Gobierno madrileño a reconocer las indemnizaciones se basa en que en el momento del atentado sufrido por los solicitantes estos no estaban empadronados en Madrid ni lo han estado “al menos dos tercios” del tiempo transcurrido “entre su nacimiento y la fecha del atentado”.

Durante la comisión de Justicia las diferencias entre Ordóñez y el Gobierno Ayuso quedaron en evidencia.

La presidenta del Colectivo de Víctimas se ha mostrado crítica en muchas ocasiones con el PP, al que ha acusado a estar utilizando a las víctimas del terrorismo. También ha sido crítica con diversos gobiernos autonómicos, de distinto signo, por el modo en el que han abordado el reconocimiento hacia las víctimas del terrorismo.

"Inquina" y "beligerancia"

Ordóñez denuncia que el Ejecutivo de Ayuso “no me quiere recibir” y que actúa con “inquina” “hacia ella” y sus reclamaciones.

El portavoz del PP, Menéndez, reprochó a Ordóñez de actuar como si tuviera “la verdad absoluta” y arremeter contra el Gobierno Ayuso con “beligerancia y sin verdad, diciendo que utilizamos a las víctimas de forma nauseabunda”: “No se parece en nada a Gregorio”, afirmó en referencia al hermano de Ordóñez, asesinado por ETA en 1995.

Ordóñez reconoce que lo que está sucediendo con el reconocimiento de las indemnizaciones en Madrid es incomprensible: “No he visto cosa igual, es de lo más desagradable. En mi vida he visto muchas cosas pero como esto, nunca”.  

De fondo, Covite denuncia que persiste un “agravio comparativo” entre víctimas, no sólo entre las de ETA que están empadronadas en Madrid y las que residen sin estarlo, sino entre las que tienen reconocida por sentencia judicial su reparación económica y en las que no. No en vano, las indemnizaciones autonómicas a las que tienen derecho corresponden al 30% del importe reconocido.

En el caso de algunas víctimas del terrorismo yihadista o de ETA ese importe es significativamente superior, por contar con una sentencia judicial que lo determina, frente a muchas víctimas de ETA cuyos atentados no han sido aún juzgados.