La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, anunciaron este lunes el acuerdo para financiar las dos desalinizadoras que deben garantizar en el futuro el agua potable para Barcelona y su conurbación.

Un acuerdo que permite "adelantar cuatro años" las previsiones iniciales, aseguró Mascort. El conseller se refería a la desalinizadora del Foix, que la Generalitat preveía tener en funcionamiento en 2030. Pero esa era sólo la última de las proyecciones del Govern catalán.

De hecho, las dos desalinizadoras en la desembocadura de la Tordera (en Blanes) y el Foix (en Cubelles) estaban previstas ya en el Plan de gestión de las cuencas internas de Cataluña 2009-2017, elaborado por el tripartito de José Montilla tras la grave sequía de 2008. Si ese plan se hubiera implementado, Barcelona y Girona tendrían el agua garantizada pese a la falta de lluvias desde hace siete años.

Pero en 2009 volvió a llover, llegó la crísis financiera -con una Agencia Catalana del Agua (ACA) que acumuló una deuda de 1.381 millones de euros- después el procés, y el proyecto de desalinizadoras se quedó en el cajón.

Licitación en 2023

El pasado marzo, hace casi un año, el president Pere Aragonés anunciaba solemnemente en el Parlament que "este mismo año" -por 2023- "se licitará la ampliación de la desalinizadora de la Tordera" en respuesta a las críticas de la oposición ante lo que consideraban pasividad del Govern frente a la sequía.

Aragonès anunció una inversión para esta infraestructura de 250 millones de euros y aseguró que la nueva planta estaría en funcionamiento en 2027.

El proyecto se sumaba a la inversión para construir una nueva estación potabilizadora en el Besós con un coste final de 260 millones de euros, aunque la dotación inicial, para 2023, era de 15 millones para nuevas infraestructuras. Quizá por eso el Govern necesitaba para su proyecto el apoyo del Gobierno, y con él la financiación vía Fondos Next Generation de las obras prometidas.

Prioridad, o no, del Gobierno

El pasado 5 de mayo, Ribera anunciaba tras la reunión del Consejo de Ministros que serían "obras de ejecución prioritaria" las desaladoras en Málaga y el Levante almeriense (200 millones de euros) y en Cataluña (220 millones) y para intensificar la reutilización del agua en la provincia de Alicante (224 millones). Sin embargo, el ejecutivo de Pedro Sánchez no ha declarado este proyecto como de interés general del Estado, hasta ahora, lo que ha retrasado el proyecto. l

Finalmente, el acuerdo anunciado este lunes clarifica el proyecto al establecer que las dos nuevas desalinizadoras, valoradas en 467 millones de euros, se financiarán con fondos europeos MMR (Mecanismo para la recuperación y resiliencia), en concepto de créditos del Estado a la Generalitat.

La encargada del proyecto, licitado por la Generalitat, será la empresa estatal Acuamed, y la titularidad de las infraestructuras pasará a la administración autonómica, que se compromete a retornar el costo de las desalinizadoras vía aumento de las cuotas del agua en el sistema Ter-Llobregat.

"Es la forma más ágil para empezar enseguida, cualquier otro sistema haría retardar las licitaciones", explicó el conseller. La primera nueva desaladora que se terminará es Tordera II, con un presupuesto de 287 millones de euros y que tendrá una capacidad de generar 60 hm3 al año.

Las primeras desalinizadoras

En el 2009 se puso en servicio la desalinizadora del Llobregat, una planta con capacidad para producir hasta 60 hm3 de agua. Dos años más tarde, se amplió la desalinizadora del Tordera, duplicando su capacidad y pasando de los 10 a los 20 hm3 de capacidad. Con las nuevas infraestructuras planificadas ahora -las dos desalinizadoras y la planta de regeneración del Besós- la Generalitat espera llegar a una producción de 200 hm3 anuales que permitirían al sistema Ter-Llobregat autoabastecerse sin agua de lluvia, con las plantas al máximo de su producción.

Los trámites de la segunda desalinizadora de la Tordera ya los había iniciado la Generalitat por su cuenta, cuando el Gobierno no había concretado su financiación, pero aún estaba pendiente de licitar la construcción.

Así, el proyecto básico, la declaración de impacto ambiental y otros trámites para su construcción, ya se han entregado a Acuamed para que inicie el proceso de licitación de las obras, previsto para este abril.

El conseller fijó en unos once meses el proceso de licitación, por lo que las obras comenzarán en 2025, para poner la planta en funcionamiento a partir de 2028. Si bien la desaladora de Tordera se licitará más tarde de lo previsto inicialmente por la Generalitat -lo planteaba para 2023-, con la nueva fórmula de financiación se adelanta cuatro años la de Foix, con un coste de 180 millones de euros.