Las críticas contra la Agenda 2030 no son nuevas. Pero en los últimos días, a raíz de las numerosas movilizaciones de agricultores que hemos visto en España y en otros países europeos, se han multiplicado. Se trata de un discurso que también ha abrazo Vox, que ha pedido, directamente, que se derogue por ir en contra de los intereses de los españoles. Pero, ¿es realmente este el problema del campo?

La clave del asunto es que hace algunos años las instituciones europeas comprendieron que el calentamiento climático era una realidad ya visible, y quisieron actuar. ¿Cómo? Aprobando una serie de políticas para tratar reconvertir el modelo económico actual (y eso incluye al sistema agrario) en uno más sostenible. Entendieron que esa transición era inevitable, y la gran mayoría de actores compartió esa opinión. Lo que se discutió desde el principio era si las medidas impulsadas eran las correctas y si los tiempos marcados eran realistas.

Vamos por partes. La Agenda 2030 fue aprobada en 2015 por la ONU para establecer una serie de objetivos de cara a los próximos 15 años. Aunque su carácter es sobre todo social y económico, y pretende lograr una igualdad real entre países, fue importante que, por primera vez, se establecía que una de las prioridades era la sostenibilidad del planeta. De aquí surgieron los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que eran 17 y derivaban en metas más concretas. En teoría, los países ricos deberían no solo cumplir con su parte, sino también ayudar a los países pobres para que ellos también pudieran hacerlo.

Pero hay que leer la letra pequeña. Como la Agenda 2030 debía aprobarse por unanimidad en la Asamblea General de la ONU, compuesta por casi 200 países, finalmente no pudo ser tan ambiciosa como se pretendía en un principio. Era demasiada gente a la que poner de acuerdo. Además, al ser de carácter mundial es muy poco concreta, lo que hace que cada país la pueda aplicar como considere oportuno. Y, por encima de todo, es importante recalcar que no es vinculante. Tan solo son directrices, pero no son obligatorias.

Es decir, que es algo más teórico que práctico y ni siquiera se ha puesto en marcha como se preveía. "La Agenda 2030 no le importa a nadie. Una agenda es prioritaria si tiene financiación, y no es el caso. Además, tiene cosas contradictorias. Pero lo principal es que casi nadie ha invertido en los puntos de cooperación. Los ricos han invertidos solo en sí mismos, y los pobres han hecho lo que han podido, pero las desigualdades se mantienen. No ha habido compromiso. Aunque muchos países y presidentes, incluyendo el nuestro, la han encumbrado", relata Kattya Cascante Hernández, Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid.

Otra cosa es la PAC, la Política Agrícola Común de la Unión Europea, que se creó en los años 60 del siglo XX y se ha ido reformando para proteger al sector agrario europeo. Y en los últimos años la UE ha aprobado otras dos iniciativas similares, que suelen confundirse con la Agenda 2030 pero que sí son vinculantes. La primera es el Pacto Verde Europeo, que buscar reorientar la transición ecológica desde una economía basada en el carbón hacia una cimentada en las energías renovables y poco contaminantes. Y la segunda es la Estrategia «De la Granja a la Mesa», que pretende que los alimentos de Europa sean más sostenibles desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

"Cada una de estas agendas políticas se generó en entornos distintos, e incluso en momentos distintos, y tienen objetivos diferentes. Por eso no son totalmente coherentes entre sí. Por ejemplo, la PAC es una política europea que se creó hace décadas, y se ciñe sólo a la agricultura. Pero la Agenda 2030 es mundial y abarca todos los ámbitos. Lo que sucede es que todas estas agendas tienen una cosa en común: o han nacido para buscar la sostenibilidad o se han reformado últimamente para tratar de alcanzarla. Por eso muchas veces se genera confusión entre una y otra", explica José Antonio Alonso, Doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid.

¿Contra qué protestan los agricultores?

Las tres grandes organizaciones agrarias españolas (Asaja, COAG y UPA) no se han posicionado en contra de la Agenda 2030. Sus reclamaciones van en otra dirección. No obstante, la Plataforma 6F, creada el pasado 6 de febrero coincidiendo con el inicio de las protestas del sector agrícola, sí la ha criticado. Por eso los lemas contra esta agenda han sido habituales durante las movilizaciones.

"Para nosotros hay una diferencia grande. La Agenda 2030 está vinculada a los ODS, con los que nosotros estamos de acuerdo. Son objetivos que defendemos y compartimos, aunque otra cuestión es cómo se concretan. Pero por otro lado está la PAC, el Pacto Verde Europeo y la Estrategia «De la Granja a la Mesa»", explica Andoni García, responsable de organización de COAG.

"Es sencillo de explicar. Antes de que se aprobara la última PAC se planteó rehacerla, porque no tenía instrumentos para alcanzar los objetivos tan importantes que se planteaban en el Pacto Verde y en la Estrategia «De la Granja a la Mesa». Ni tampoco tenía presupuesto suficiente. Estaba obsoleta, pero aún así siguieron adelante con ella cuando hay instrumentos de regulación que nos hubieran permitido abordar de manera más simple y sencilla esos objetivos", añade.

Según explica, esto les ha traído bastantes problemas a los agricultores. Empezando por un nivel de burocracia y de normativas exagerado, que asegura que en muchas ocasiones sólo los grandes productores tienen la capacidad de cumplir. Siguiendo porque muchos fondos de inversión están ocupando tierras en suelo agrario "que se necesitan". Y terminando porque, a su juicio, las políticas actuales se están llevando por delante al pequeño y mediano agricultor. En los últimos 10 años afirma que Europa ha perdido cinco millones de estos campesinos por "políticas equivocadas".

De todo esto surgen las protestas de ahora, que para Alonso, se explican desde dos vertientes. La primera son lo que llama "factores sobrevenidos" que nadie podía anticipar. Y con esto se refiere a cómo la Guerra de Ucrania y la de Gaza han interrumpido la circulación de mercancías y han condicionado los precios de productos importantes para el sector agrícola y de la energía. Y también de cómo el trato de favor de la UE a los productos ucranianos para evitar que el país se hunda han hecho que muchos agricultores de otros países se quejen por no poder competir.

Pero la segunda vertiente es la "parte estructural", que son los problemas que, inevitablemente, van a surgir de realizar esa transición ecológica que se pretende, y que a la larga se espera que traiga beneficios para todos. En esa línea, Alonso cree que algunos sectores se verán más perjudicados que otros, aunque considera que es importante que los costes se repartan en la medida de lo posible y que se compense a los más afectados. Algo que, apunta, quizás no se ha hecho del todo bien con los agricultores. Por eso muchos han sentido que son los "perdedores" de este proceso.

A todo esto se le suma la reivindicación histórica del campo para que se les escuche más y se tenga en cuenta su opinión a la hora de construir las políticas públicas. Y de este cóctel salen las tractoradas. "Si hubieran puesto medios para hacer frente a estos cambios y nos hubieran dado tiempo suficiente para cumplir con las nuevas normativas sería otra cosa. Pero si te meten más leyes y no tienes instrumentos de regulación de los mercados para hacer que los precios soporten todo esto y las ayudas económicas no se incrementan o son incluso menores… Ahí está el fallo de fondo, es algo muy claro. Y todo esto ha generado un malestar y una frustración terribles", recalca García.

Alonso, no obstante, sólo compra los argumentos de COAG y del resto de las principales organizaciones agrarias en parte. "Están a favor de la Agenda 2030 porque es muy poco concreta. Exagerando, es como un agenda ideológica que sólo nos dice hacia donde tenemos que ir. Por eso es fácil estar de acuerdo con ella, salvo para los muy ideologizados como los de Vox, porque mucha gente comparte que hay que actuar frente al cambio climático. Pero cuando llega la hora de hacerlo de verdad, con acciones concretas a través del Pacto Verde, de la PAC y de la Estrategia «De la Granja a la Mesa», se rebelan. Y eso no puede ser. Aunque sí creo que tienen razón a la hora de pedir que los costes de esa transición se repartan más, porque creo que no se ha hecho ese esfuerzo".

Aunque las protestas agrarias han sido habituales en los últimos años, con un trasfondo parecido a las actuales y variando mínimamente en las reivindicaciones, la mecha que se prendió estas últimas semanas en diversos países del continente y la cercanía de las elecciones europeas (que se celebran en junio de este año) han hecho el resto para que precisamente ahora los tractores hayan decidido colapsar las ciudades y carreteras españolas.

El apoyo de Vox

Cuestionado por la posición de Vox, el portavoz de COAG tiene clara su postura. "No queremos que ningún partido político instrumentalice esto. Es lo peor que pueden hacer, no nos hacen ningún favor. Cada uno tiene que ejercer su papel, y el de los partidos es hacerse eco de las propuestas y presentarlas en el parlamento o parlamentos, porque nuestras reivindicaciones tienen tres focos: la UE, el Gobierno español y las CCAA. Y luego las organizaciones agrarias también tenemos nuestro papel de reivindicación, movilización institucional y negociación", reclama García. 

"Vox quiere pescar en mar revuelto. Tienen la estela del negacionismo, pero su discurso no sólo es simple, es que es directamente mentira. Es imposible, porque al cambio climático no se le puede poner fronteras. Y esto no tiene nada que ver con los productos que vienen de fuera ni con el chovinismo. Esto va de que tenemos que hacer una transición que hay gente que no ha entendido, y que el Gobierno ha hecho poca pedagogía. Pero hay grupos que quieren sacar beneficio apoyando narrativas simplonas. Por eso la transición tiene que ser justa, porque sino habrá más crispación y será más fácil construir narrativas ultranacionalistas y proteccionistas", resume Cascante.

¿Va a ceder Europa a las pretensiones?

Hace sólo unos días, en plena oleada de protestas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que retirará la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la UE, que formaba parte de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y había generado una gran polémica. Según detalló, lo hará porque cree que se ha convertido en un "símbolo de polarización", y espera elaborar una normativa "más madura" con la participación de los agricultores. Pero la duda ahora es si la UE hará más cesiones.

García lo tiene claro: "La Comisión Europea ha aceptado directamente que lo que estaban pidiendo no tenía instrumentos para poder cumplirse, y han querido reconducir la situación antes de provocar un grave problema en el campo. Ha sido un reconocimiento claro de que se habían equivocado, y abre la puerta de manera clara a que se hagan modificaciones en la PAC para flexibilizarla y simplificarla antes de que las normativas nos lleven por delante". 

Al hilo de esto, apunta que los primeros cambios que deberían producirse deberían ser la política comercial, que los instrumentos de regulación de los mercados les den preferencia y que las ayudas complementarias de los precios les generen unos ingresos suficientes. A partir de ahí, la apuesta de COAG sería un modelo de "agricultura profesional y social en manos de los agricultores". Pero como hasta ahora no ven nada de eso en el horizonte, seguirán manifestándose.

"Europa ha dado muestras de que cederá a las demandas de los agricultores. Von der Leyen y también Macron han echado para atrás algunas normativas, y en general van a estar atentos. Una de las razones es que el campo es un sector muy pequeño en la mayor parte de economías europeas, pero muy simbólico e importante en las elecciones. Y en Europa hay miedo a que este descontento pueda ser capitalizado por las fuerzas de extrema derecha, que están es ascenso. Así que van a hacer lo posible para que los sectores campesinos sigan leales al proyecto europeo", resume Alonso.

Para Cascante la recogida de cable de Von der Leyen es una "barrabasada", y responde únicamente a una "jugada electoralista para calmar los ánimos". No obstante, apunta que la UE se ha echado atrás por la presión de los grandes lobbys vinculados a los fertilizantes y pesticidas, y no por las protestas del sector primario. Aunque considera, en cualquier caso, que es una mala noticia, porque "los acuerdos son los que son", y la moratoria demuestra que "cumplirlos nos duele cuando son en casa" y que "la factura por postergarlos será cada vez más cara".

"Europa destina casi el 33% del presupuesto comunitario a las políticas agrícolas. Han hecho una gran apuesta para que el sector sea competitivo a nivel internacional porque tiene una dimensión importante en la configuración social europea y es una actividad clave para preservar el territorio. Por eso han decidido sostenerlo. El problema es que los beneficiarios de esas políticas no son los que uno pensaría que lo necesitan más. Hay un problema de distribución, de exceso de burocracia y de limitada atención para los campesinos. Pero es importante conseguir no perder sectores que apoyen la transición ecológica. Y para ello hay que asegurarse de que nadie esté en riesgo, porque sino es normal que la gente pelee", concluye Alonso.