"La amnistía terminará siendo un problema del PP, no de España"

Fue uno de los barones socialistas damnificados por el tsunami del 28-M. Había dirigido un tetrapartito trenzado gracias al Pacto de las Flores, parecía que podía resistir el vendaval. Ganó las autonómicas pero no fue suficiente. Él también sucumbió. Pero Pedro Sánchez le repescó y le nombró titular de Política Territorial y Memoria Democrática.

Ángel Víctor Torres (Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, 1966) recibe a El Independiente en la sede provisional de su ministerio, en la calle de Miguel Ángel de Madrid, porque la oficial, el palacio de Villamejor de la Castellana, continúa en obras. El ministro no rehúye las preguntas aunque se aferra siempre a la prudencia. Está seguro de que, aunque cueste, habrá acuerdo para la amnistía, evita todo choque con la Justicia, exige al PP responsabilidad de Estado y que arrime el hombro, se indigna cuando se acusa de falta de respuesta al Gobierno con el problema migratorio en Canarias. Las islas, sus islas, a las que quiere volver en 2027 como candidato autonómico. Por eso continúa al mando del PSOE en el archipiélago y no se plantea dejarlo.

PREGUNTA. ¿Habrá finalmente ley de amnistía o se quedará varada en el Congreso por la falta de apoyo de Junts?

RESPUESTA. Yo estoy convencido de que va a haber ley de amnistía, que va a ser apoyada y aprobada por las Cortes. Es algo que el tiempo terminará diciendo que fue un acierto para la convivencia, para la cohesión territorial y para la idea que en el siglo XXI tenemos debemos tener de lo que son 17 comunidades y dos ciudades autónomas que conforman España. Es una ley que va a ser constitucional, no cabe otra. Después de lo que ocurrió en 2017, hay que pasar página y caminar hacia el futuro.

P. ¿Ese acuerdo se está enredando? Llevamos bastantes meses de discusión de esta ley, que está produciendo un desgaste evidente al Partido Socialista. ¿Se les está haciendo bola?

Ya veremos a quién termina desgastando la amnistía. Está siendo el último instrumento que tiene el PP para asirse a algo que no va a conseguir, y es llegar al Gobierno de España"

ÁNGEL VÍCTOR TORRES, MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA Y SECRETARIO GENERAL DEL PSOE DE CANARIAS

R. La política fundamentalmente es coherencia. Quien está en la oposición, si tiene voluntad de gobierno, debe hacer propuestas desde la oposición responsables, no populistas ni demagógicas. Y por tanto es muy relevante tener perfectamente claro que los problemas de la ciudadanía son otros. Ya veremos si esto produce un desgaste y a quién. Yo vuelvo a repetirle a la derecha y a la ultraderecha que no se puede tener un discurso un día y el contrario al día siguiente.

P. Pero es el PSOE el que ha cambiado de opinión.

R. Pero lo que no puede hacer el Partido Popular es criticar al PSOE porque llega a acuerdos con Junts y eso es traición, entrega y sumisión, y cuando precisamente el Partido Socialista no acepta la propuesta de Junts sigue siendo traición y sumisión. No es coherente, porque en esta última ocasión lo que se puso sobre la mesa es que el PSOE y el Gobierno van a aprobar una ley que entre dentro de la Constitución. Por eso, ya veremos a quién termina desgastando. Yo creo que la amnistía está siendo el último instrumento que tiene el PP para asirse a algo que no va a conseguir, y es llegar al Gobierno de España, porque [Alberto Núñez] Feijóo no ha asimilado que está en la oposición. Esto le va a provocar cada vez mayor angustia, mayor melancolía y la amnistía terminará siendo un problema del Partido Popular, pero no de España.

P. En las últimas horas, ha perdido fuerza la posibilidad de seducir a Junts a través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). ¿Qué vías están explorando para convencer a los posconvergentes de que se sumen al acuerdo? ¿O cree pertinente explorar esa senda de recorte de los tiempos de instrucción judicial?

R. Lo primero es hacer que Junts reflexione. Se lo dijimos nosotros, pero también se lo dijo ERC, PNV, BNG, argumentando que esta ley de amnistía es para muchísimas personas, para centenares de personas. Estamos en los 15 días [de plazo para que la Comisión de Justicia elabore un nuevo dictamen], 15 días prorrogables a otros 15, tiempo para seguir conversando y seguir acordando.

P. Pero concréteme si la posibilidad de la limitación de la investigación judicial puede ser una vía. Es una salida polémica: Yolanda Díaz aseguraba el miércoles que no va "en la dirección correcta". Y lo cierto es que es una línea contraria a la que ustedes aprobaron en 2020 como reforma de la ley que impulsó el PP en 2015.

Lo que se apruebe será un texto que estará dentro de la Constitución. Dejemos trabajar a los equipos, al ministro Bolaños, a sus expertos. El Gobierno está arreglando una situación generada por otro Gobierno"

R. Opiniones y valoraciones tendremos muchas más de aquí a 15 o 30 días, si finalmente se agota todo el plazo. Lo que se apruebe será un texto, repito, que estará dentro de la Constitución y que tendrá los votos suficientes para que camine. Estoy convencido de que así va a ser, pero no estoy en el momento de las disquisiciones.

P. El cómo se resuelva técnicamente la ley es importante. Por eso le citaba las palabras de Díaz. También este jueves el ministro Óscar Puente mostraba ciertas dudas respecto a si la reforma de la LECrim puede ser o no la mejor fórmula. Por eso le preguntaba si esta solución es viable o hay que encontrar otra vía de encaje.

R. Yo me quedaré con la que finalmente, si se modifica la ley de amnistía, termina siendo aprobada por el Congreso. Entretanto, vamos a dejar caminar y trabajar a los equipos, al ministro de Justicia [Félix Bolaños], a sus expertos, a quienes hicieron una propuesta inicial que fue modélica. Lo que está haciendo el Gobierno es arreglar una situación generada por otro Gobierno [el del PP]. Se cometieron errores por todos lados y lo que no podemos hacer es seguir cometiendo errores. España necesita convivir, superar etapas anteriores. El tiempo demostrará que teníamos razón.

P. El debate se ha trasladado a la judicatura, y lo hemos visto con los autos del magistrado Manuel García-Castellón y del juez Joaquín Aguirre, y también a la Fiscalía. En los últimos días, el Gobierno ha lanzado el mensaje de que confía en que el criterio definitivo del ministerio público sea distinto al sentir mayoritario de la junta de fiscales de lo penal del Supremo del martes pasado. ¿No cree que el Gobierno está presionando a la Fiscalía?

R. Presionar es que el PP, a través de Esteban González Pons, diga que el Tribunal Constitucional es el cáncer de la democracia, aunque luego se disculpó, sobre todo con los enfermos de cáncer. Es una afirmación inaceptable y denunciable, y Feijóo debió claramente poner en su sitio a Pons. Y además es una disculpa cínica. Yo respeto absolutamente la separación de poderes y lo aplico. Ahora estamos en el plano legislativo. Respeto absoluto a todos los fallos: por suerte, el Estado de derecho te permite recurrir un fallo [de la Justicia].

P. Pero uno de los fiscales del Supremo, Salvador Viada, decía en Onda Cero que se les estaba aplicando "un 155 encubierto".

R. Separación de poderes para todos, también para el Poder Judicial con respecto al Legislativo y al Ejecutivo.

P. ¿Está intentando condicionar el Poder Judicial al Legislativo?

R. Simplemente lo que creo es que lo que yo entrego también debemos exigirlo. Y en estos momentos sí que hay muchísimas opiniones jurídicas, muchísimas opiniones políticas, y ambas son totalmente legítimas dentro de su ámbito. Y al final tenemos un tribunal que vela por la constitucionalidad de las leyes. Pero la vida de la gente está afectada por otras cosas. Hablamos muchísimo de la amnistía en la política y en los medios, pero la gente lo que quiere es un salario mínimo interprofesional más digno, tener trabajo, que sus hijos tengan becas si tienen pocos recursos económicos, que haya igualdad de oportunidades, que la lucha contra la violencia dé pasos, que la inflación baje...

P. ¿Cree que el Poder Judicial está intentando boicotear la ley de amnistía?

R. No, hace su papel.

El Poder Judicial hace su papel. No comparto afirmaciones donde se le acuse de falta de independencia. Tenemos que dejar bien claro que estamos en un Estado de derecho consolidado. Yo tiendo la mano para calmar todos los ánimos"

P. Sus socios denuncian que hay jueces "prevaricadores".

R. Yo no comparto afirmaciones donde se acuse al Poder Judicial de falta de independencia. Tenemos que dejar bien claro que estamos en un Estado de derecho consolidado. Yo tiendo la mano para calmar todos los ánimos.

P. Ha asegurado que está convencido de que habrá ley de amnistía. Pongámonos en el supuesto de que no la hubiera por falta de acuerdo con Junts. ¿Cree que es sostenible una legislatura sin ley de amnistía, que es la ley sobre la que pivota este mandato de Pedro Sánchez?

R. No contemplando esa premisa, yo creo que la amnistía es necesaria y además así lo creen también quienes participaron de esos acontecimientos y quieren avanzar en la convivencia de este país. Y hay una mayoría que ha establecido una investidura y una legislatura. Desde el PSOE, vamos a ejercer y a desarrollar lo que es nuestra responsabilidad de gobierno. Me podrá hacer esta entrevista dentro de siete meses y verá cómo hemos sacado adelante los Presupuestos, habremos caminado los primeros meses de un Gobierno de progreso que se asienta y que tendrá por delante tres años más para desarrollar sus políticas. Y mientras seguiremos bajando el desempleo y la renta per cápita, seguiremos siendo una economía europea... Creo que dentro de seis meses serán otros los que tendrán orgánicamente más problemas, y no estoy hablando del Partido Socialista.

P. Los Presupuestos no se han llevado al Consejo de Ministros. Es evidente el retraso respecto a las previsiones iniciales del presidente. ¿Puede que ni siquiera tengamos cuentas de 2024 y haya que esperar a las de 2025, en caso de que la legislatura continúe?

R. Nuestra voluntad es poder tenerlos, y nuestra voluntad era poder hacerlo en los primeros tres o cuatro meses de 2024. Tenemos un Presupuesto prorrogado, el de 2023, que fue un buen Presupuesto, pero los PGE prorrogados también tienen sus medidas limitadas. La voluntad del Gobierno es tener PGE, pero también depende de los grupos. Tengo que denunciar con contundencia que el PP en el Senado haya tumbado el objetivo de déficit. Le ha importado muy poco que los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos o también las comunidades autónomas tengan más recursos para defender el Estado del bienestar. Si se mantiene el veto, esas administraciones tendrán que recortar gastos. Ponen por encima intentar tumbar un Gobierno. Es asombrosamente irresponsable.

P. Visto lo que sufrió el Gobierno en el pleno de los decretos del pasado 10 de enero, ¿es sostenible una legislatura con negociaciones al límite, agónicas, o hay que replantearse la forma de interlocución con Junts?

R. Eso se va a reproducir, pero no porque tengamos que negociar con Junts. La pregunta es por qué esos decretos básicos salieron con el voto en contra del PP, por qué cuando se aprobaban las prórrogas del estado de alarma tenían que negociarse con partidos pequeños porque el PP votaba en contra.

P. Sus socios son los partidos nacionalistas e independentistas, no el PP.

R. Quien está en la cosa pública es para defender el interés general y es difícil defender que tú votes en contra de subir las pensiones, o de 10.000 millones de fondos europeos, que es asombroso que votes en contra de subvencionar o de hacer gratuito el transporte público.

P. Pero el comportamiento de los dos partidos independentistas, ERC y Junts, es muy distinto, y de hecho en el PSOE sí hay malestar con la actitud de los de Puigdemont. ¿Tiene que haber un cambio de comportamiento por parte de Junts para que la legislatura sea más sostenible? ¿Qué demanda usted a Junts?

R. Que reflexione con lo que pasó, por ejemplo, con respecto a la ley de amnistía, votando en contra de algo que centenares de personas están esperando para volver a una normalidad incluso en su día a día.

El PSOE no cede, el PSOE negocia teniendo claro cuál es su horizonte, su hoja de ruta, sus principios

P. ¿Pero le pediría más generosidad con los socialistas?

R. Cada partido tiene que reflexionar, pero también tiene que hacerlo el PP. Es que esto no es una cuestión de que hay un Gobierno con socios y ante una medida que es positiva la oposición siempre vota en contra. Eso no es hacer oposición responsable, eso es intentar hacer caer un Gobierno, aunque para ello se perjudique a los españoles. ¿Dónde está la responsabilidad de Estado de un partido de la oposición como el PP que ha gobernado este país, dónde está la responsabilidad de su máximo responsable, que ante el hecho de que Junts no apoya, ellos se suman a ese no, no importándole las consecuencias, que eran gravísimas?

P. ¿No cree que el PSOE está dejándose más pelos en la gatera, que está cediendo más de la cuenta?

R. El PSOE no cede, el PSOE negocia teniendo claro cuál es su horizonte, su hoja de ruta, sus principios. Pero la oposición del PP va en contra incluso de las cosas que son buenas para la gente, porque están en contra de un presidente que tienen que hacer caer por lo civil o lo militar, y no les importa que de camino se fastidien las familias de nuestro país y eso es inaceptable. Del mismo modo que Junts debe reflexionar con respecto a un paso que estamos dando muchos partidos para la convivencia en Cataluña, también el PP internamente debe reflexionar qué tipo de oposición quiere.

P. Pero el PSOE ha cruzado líneas rojas.

R. Hay mayorías que exigen lógicamente llegar a acuerdos con tus socios, pero qué diferencia, ¿no? El acuerdo al que llega el PSOE con todos los partidos nacionalistas menos con uno [Coalición Canaria] es que hay que amnistiar a quienes en un momento determinado hicieron algo que estaba fuera de la ley, y sin embargo tienes a un presidente del Partido Popular [Feijóo] que ha defendido siempre la descentralización a favor de su comunidad [Galicia] y que cuando llega a Madrid se abraza un partido [Vox] que pide todo lo contrario a lo que la defendió durante muchísimos años.

P. El presidente prometió el miércoles el fortalecimiento de la ley de la cadena alimentaria para calmar al mundo del campo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Más inspecciones, endurecer el régimen sancionador?

R. La ley de cadena alimentaria ya existía [desde 2013], pero el Gobierno de progreso añadió [en 2021] algo fundamental acordado y aplaudido por las organizaciones del sector primario: la prohibición de la venta a pérdidas. Por supuesto que esto no es fácil, porque hay una cadena en la que tiene que implicarse desde quien planta el producto hasta quien se lo termina comprando en un supermercado y en medio hay una serie de intermediarios. Pero quien dio el paso fue el Gobierno de progreso, fue Luis Planas como ministro y no sin dificultades, y lo que es peor, sin apoyo de la oposición. Porque ahora intenta aprovecharse de una situación de reivindicación en la calle, ante unas elecciones [las europeas] que están a la vuelta de la esquina, cuando en su momento estaba en contra. Los agricultores dicen que es bueno renovar la ley, que hay que perfeccionarla. Fue lo que dijo Sánchez, pero lo que pasa es que no podemos contar con la oposición.

P. ¿Cuál es la idea que tiene el Gobierno para fortalecerla?

R. Aquella que cerremos con el sector, con unos y con otros, porque aquí hay que hacer un equilibrio. El cambio climático existe y por tanto hay que activar mecanismos para luchar contra él. En la Agenda 2030 se habla de muchísimas cuestiones, no solo de cambio climático, sino también de justicia social, de igualdad, de apoyo a la cultura. Es obligatorio para los gobiernos cumplir con una serie de hitos. Junto a ello, hay que apoyar al campo, al sector primario, al mar. Pero el PP renegó esta misma semana de la Agenda 2030, de la lucha contra el cambio climático, porque hay unas elecciones a una semana [criticó el "dogmatismo ambiental" del Ejecutivo, igual que Vox], y eso es de una irresponsabilidad absoluta porque lo que se pide es imposible: sin lucha contra el cambio climático, más pronto que tarde, no habrá campo.

La reforma de la ley de la cadena alimentaria será aquella que cerremos con el sector, con unos y con otros, porque aquí hay que hacer un equilibrio. El cambio climático existe

P. ¿En las protestas no organizadas de esta semana, que han cortado numerosas carreteras del país, ve usted infiltrada a la ultraderecha?

R. Como siempre, cuando culminen las manifestaciones todo el mundo sacará sus conclusiones. Hemos visto cómo se han acercado representantes, incluso vicepresidentes de comunidades autónomas, de Vox o del PP, y han sido increpados por los manifestantes. Tenemos el mejor ministro para esta negociación, Luis Planas, que sabe perfectamente lo que es una negociación complicada. Estoy convencido de que se van a buscar los puntos en común con todas las CCAA y espero que desde la responsabilidad de los grupos políticos.

P. Un compromiso de investidura con ERC es el traspaso de Rodalies a la Generalitat. ¿Podrá completarse el traspaso en esta legislatura? El presidente dijo que era una transferencia compleja y no se mostró seguro de que se pudiera culminar en estos cuatro años.

R. Estamos trabajando de manera ardua con todos los que hemos llegado a acuerdos en todos los territorios. Con ERC y con todos. Las cosas avanzan de una manera importante porque esos acuerdos, desde Política Territorial, los llevaremos a término en la negociación que están teniendo los ministerios [concernidos] con los gobiernos autónomos. Por ejemplo, si hablamos del País Vasco, hay tres acuerdos para los que hay un plazo de tres meses y que caminan de manera ordenada. Y estamos en disposición de poder cumplirlos. Rodalies tiene su complejidad. Ya se ha conformado una comisión específica desde el Ministerio de Transportes. Pero se es consciente que hay algunos [acuerdos] que tienen más dificultades en el tiempo pero la voluntad de llegar a acuerdos es absoluta de llegar a acuerdos.

P. Le insisto, ¿se podrá culminar?

R. Tiene sus complicaciones. Hay algunos [acuerdos] que tienen dificultades de cobertura en los propios estatutos de autonomía, no es el caso de este, pero estamos buscando soluciones en la mesa de diálogo.

P. ¿Pero se podrá acometer el traspaso de Rodalies?

R. En eso está trabajando el ministerio. Las dificultades que vayamos encontrando las iremos superando.

P. Junts pide el traspaso del 100% de la recaudación de los tributos en Cataluña, cuestión que no compartía el PSOE. Pero el presidente Sánchez habló, tras su reunión con Pere Aragonès en diciembre, que se comprometía a un refuerzo de la financiación para Cataluña, a una financiación singular. Incluso se refirió al desarrollo de la Hacienda catalana. ¿Han avanzado algo en esta línea?

R. El órgano que aprueba todo lo relativo a las relaciones económicas con las comunidades, con todas, es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Allí se aprobó [en diciembre] un objetivo de déficit que el PP tumbó en el Senado y que amenaza a completar de manera definitiva, de manera absolutamente irresponsable. En ese mismo Consejo fue rotunda María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, cuando dijo que no va a haber una negociación bilateral, con respecto a la financiación autonómica, con ninguna comunidad. Tenemos que estar aclarando muchas veces medias verdades, como por ejemplo cuando se habla de la quita de la deuda. Se omite que podrán acogerse todas las demás CCAA. Yo, que soy una persona rigurosa, también tengo que exigir ese rigor. Avanzaremos en esa negociación con todas las comunidades. Lo que les tengo que pedir a ellas y a las corporaciones locales es un papel institucional que tienen que defender, cuando en ocasiones vemos criterios partidarios.

No va a haber una negociación bilateral, con respecto a la financiación autonómica, con ninguna comunidad, tampoco con Cataluña

P. ¿Estaría dispuesto a aprobar el Gobierno una nueva financiación autonómica de la mano de sus socios y sin el PP? Es una ley orgánica que se aprueba por las Cortes, así que podrían hacerlo.

R. Eso quiebra la normalidad de una financiación autonómica renovada. Quien tenía que haber renovado el sistema autonómico de financiación era Mariano Rajoy en 2014, que por cierto tenía mayoría absoluta, pero fue incapaz de acordar con comunidades, de las cuales la mayoría era de su color político. No solamente el Gobierno ha planteado que en esta legislatura se debe renovar el sistema de financiación autonómica, sino que en la anterior se hizo ya un trabajo en una comisión de expertos, trasladado a todas las comunidades, para que hicieran aportaciones, pero no fue posible sacarlo porque los planteamientos eran distintos. Por lo tanto, necesitamos que el PP en esto también esté al lado del Gobierno de España.

P. ¿No contemplan hacerlo sin el PP, por tanto?

R. No es que no lo contemple, es que hay que hacerlo junto a las comunidades autónomas, y 11 de ellas están presididas por el PP, y tenemos que saber qué opinan en el órgano pertinente, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y luego elevarlo al Congreso. Pero mi pregunta es: ¿piensan lo mismo los presidentes de Extremadura, Baleares, Valencia y Andalucía? No. Lo que tiene que decir el PP es cuáles son los criterios para renovar el sistema, compartirlo con el Gobierno. Las mismas comunidades que piden al Gobierno más fondos son las que bajan el impuesto a las grandes fortunas. Eso es también el sistema de financiación.

P. ¿Tienen ya fecha para la próxima Conferencia de Presidentes? Es una potestad del presidente del Gobierno convocarla, pero las CCAA del PP la demandan. Entiendo que quieren salvar las elecciones de Galicia y de Euskadi.

R. Hay una cuestión objetiva que es así: hay gobiernos que estarán ya en funciones [en Galicia], o en proceso electoral [Euskadi], y por tanto debe hacerse con una normalidad entre todas las comunidades. Las Conferencias las creó José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, se regularon en 2007 con un reglamento que obligaba a celebrarlas anualmente, que se modificó en La Palma en 2022 para que se celebrasen dos años y se bajó el número de presidentes que podían solicitar su convocatoria al presidente del Gobierno. ¿Quién incumplió? Rajoy solo hizo dos conferencias en seis años y pico. ¿Quién ha hecho más? Pedro Sánchez, que ha hecho 20, de las que tres fueron presenciales en la legislatura de la pandemia. La Conferencia de Presidentes por supuesto se hará y se podrán introducir puntos del orden del día por parte de los presidentes autonómicos.

Quiero recordar al PP que esas Conferencias acaban con acuerdos o con recomendaciones, y en ambas tiene que estar de acuerdo el presidente del Gobierno. Es un órgano de consenso, de cogobernanza. De acuerdo, no de disenso, no de enfrentamiento. Para eso ya tenemos otros órganos en nuestro país. No es verdad que porque lo firmen 10 presidentes se tengan que convocar. Lo que dice el reglamento es que 10 presidentes, o la comisión preparatoria o el propio presidente del Gobierno de España pueden tener la iniciativa de convocarlo, pero quien lo convoca es el presidente. Hay una voluntad de hacer un uso partidario de la Conferencia de Presidentes y yo lo lamento porque he sido presidente y no fue lo que yo viví cuando íbamos a las Conferencias de Presidentes y nos ayudábamos unos a los otros en los peores momentos de la pandemia. En 2024 habrá dos convocatorias al menos.

En 2024 habrá dos Conferencias de Presidentes. Ahora hay dos CCAA en procesos electorales. Hay una voluntad de hacer un uso partidario de ellas

P. ¿Cuándo va a estar lista una solución para el reparto automático y obligatorio de menores migrantes a las CCAA? El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, urge a que se adopte ya esa medida vía decreto ley. Hay en las islas 5.700 menores, sin capacidad para poder derivarlos a la Península.

R. Respondo con verdades indiscutibles. En 2023 llegaron más inmigrantes que los años anteriores, 40.000, pero el peor momento fue cuando no había instalaciones, en 2020, el año de la pandemia. No salían de Canarias porque no podían ni ser devueltos, los espacios aéreos estaban cerrados, no podían hacer tránsito porque estaba prohibido el movimiento de las personas. Llegaron cerca de 30.000 y se quedaban todos allí y no había infraestructuras. Ni para los mayores, que eran competencia del Gobierno de España, ni para los menores, que eran competencia de la comunidad, porque no había infraestructuras, porque los gobiernos anteriores, tanto el de España, del PP, como el de Canarias, pensaron que no iban a regresar inmigrantes en esos números y desmantelaron todo. No había dónde poder responder a esos inmigrantes. Yo era presidente de Canarias [lo fue entre 2019 y 2023] y tuvimos que abrir los colegios. No había clase y los pusimos a disposición de los inmigrantes que llegaban a Canarias. Abrimos también recursos para menores, que no había. Pero luego empezaron las clases y tuvimos que buscar soluciones. Se abrieron espacios militares y otro tipo de infraestructuras. Hoy en 2024 se da respuesta, hay un 60% de plazas ocupadas, hay una respuesta digna, infraestructuras que responden también a la emergencia, un procedimiento reglado, una coordinación, un pacto de asilo.

Por tanto, se ha mejorado muchísimo. Tiene razón el Gobierno de Canarias cuando habla de que su principal problema son los menores no acompañados. Yo lo denunciaba igual, pero en la legislatura anterior, con Sánchez de presidente y yo como presidente de Canarias, sí se dieron pasos. Se consiguió que la guarda, tutela y custodia de los menores que venían a la Península fueran ejercidas por esas comunidades. Se hicieron dos conferencias sectoriales, se consiguió el reparto de unos 700 menores, con una solidaridad en algunos casos lamentable. A mí tardó años en contestarme una carta [la presidenta madrileña] Isabel Díaz Ayuso, y apenas aceptó unos pocos migrantes de Canarias cuando había cerca de 3.000. Y ahora al no funcionar la solidaridad voluntaria, porque ya se intentó en octubre de 2018, hay que buscar otros mecanismos. Para la investidura, el PSOE y Coalición Canaria firmamos un acuerdo para aprobar las modificaciones normativas precisas para que esos menores no se queden en las islas. Lo están analizando los juristas y la Abogacía del Estado, pero soy claro: sea un tipo de iniciativa legislativa u otra, la tiene que aprobar el Congreso.

La clave de una ley para el reparto obligatorio de menores migrantes la tiene el PP, que gobierna con Vox en muchas CCAA y está diciendo que no lo acepta. Tampoco he escuchado a Ayuso decir que está dispuesta a aceptarlo

P. Clavijo dice que está dispuesto a amarrar los votos del PP, con el que gobierna Canarias. ¿Podrían sacar la iniciativa con el PP en una fecha pronta?

R. Lo tienen muy fácil. Que el presidente de Aragón, que es del Partido Popular [es Jorge Azcón], diga que rectifica las palabras de su vicepresidente, que ha dicho que mientras Vox gobierne en Aragón no entrará ningún migrante menor en su territorio. Por tanto, yo insto al presidente del Partido Popular a que diga lo que dice el presidente de Canarias: que van a aceptar y que van a votar a favor de una ley. Pero a día de hoy no lo ha hecho.

P. ¿Pero han hablado ya con el PP para armar esa iniciativa legislativa?

R. Hemos hablado con el PP, se han producido reuniones en Canarias entre los grupos parlamentarios, tenemos que buscar la cobertura posible. Es una situación que se lleva arrastrando décadas. Por tanto, no es sencillo. Pero aquí la clave la tiene el PP, que gobierna con Vox en muchas comunidades y está diciendo claramente que no lo acepta. Tampoco he escuchado a Ayuso decir que está dispuesta a aceptar un reparto obligatorio de menores que lleguen. Estamos sinceramente más en la fase de los hechos que de las palabras.

P. ¿Y por qué el Gobierno no pasa de las palabras a los hechos y no presenta esa iniciativa?

R. Lo primero que estamos analizando es si cabe esta modificación que se está pidiendo de una o de otra manera, pero el Gobierno lo hará cuando tengamos la seguridad de que tenemos mayoría absoluta para poder sacar una ley orgánica que hay que modificar. Estamos hablando de la Ley del Menor, de una población vulnerable, y aquí es fundamental el papel del PP. No se puede esconder. Y lo que yo he leído y visto es poner palos en las ruedas. Ha sido Ayuso quien ha dicho que el Gobierno está llevando migrantes de Canarias a Madrid con nocturnidad.

P. ¿Han avanzado en la ley para delegar las competencias en inmigración a la Generalitat, como pactaron con Junts?

R. Al margen de que Junts habla de una delegación integral, sí tengo que decir que delegación en el ámbito migratorio sí se ha producido con anterioridad. Tenemos un acuerdo por ejemplo con el PNV que no levantó controversia. Aquí lo que hay es un acuerdo de Junts y PSOE que se tiene que materializar en un texto. Texto que en cualquier caso es una ley orgánica y que precisa 176 votos. Podremos tener todo el debate que queramos, pero si eso se lleva al Congreso tiene que tener el apoyo de muchos más partidos que Junts. Estamos en un debate bastante artificial porque para que se plasme cualquier petición tiene que tener consenso de 176 votos.

El debate sobre la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat es bastante artificial porque tiene que tener el consenso de 176 votos

P. Usted también dirige la política de memoria democrática. ¿Cuándo estará listo el real decreto que resignificará el Valle de Cuelgamuros y expulsará a los monjes benedictinos de la abadía?

R. Esta ley se aprobó en 2022 y este Gobierno la va a desarrollar. Quienes están ahí [los monjes benedictinos] no pueden estar, y me gustaría que fuera una cosa negociada, acordada, no impuesta, pero está en una ley y las leyes son órdenes y hay que cumplirlas, y por tanto el Valle de Cuelgamuros tiene que ser resignificado.

P. ¿Pero cuándo estará listo ese decreto?

R. Estamos dando muchísimos pasos en el desarrollo de la ley. 2023 fue un año electoral y de investiduras y por tanto 2024 es el año del impulso de la ley. Pronto tendremos aprobaciones en Consejo de Ministros como en el Boletín Oficial del Estado al respecto.

P. ¿Antes del verano?

R. Sí, esa es mi voluntad. Habrá cuestiones que serán más fáciles y otras más complejas.