El PSOE pretendía huir de más negociaciones al límite con Junts después de la tensión máxima sufrida hace un mes con el pleno de los decretos económicos. Pero de nuevo se ha tropezado con el mismo muro. Carles Puigdemont prefiere apurar las conversaciones. Y eso es lo que previsiblemente ocurrirá con la ley de amnistía, sobre la que pivota toda la legislatura. La Mesa del Congreso autorizó este martes la prórroga de 15 días pedida por los socialistas para emitir el nuevo dictamen. La nueva fecha tope para llegar al acuerdo, si llega, es el jueves 7 de marzo. No caben más ampliaciones de plazo. Si no hay un nuevo texto ese día, la ley, sencillamente, decaerá.

Fue el sábado pasado cuando el Grupo Socialista registró un escrito para pedir a la Mesa que extendiera por dos semanas el plazo para la elaboración de un nuevo dictamen de la proposición de ley de amnistía en la Comisión de Justicia de la Cámara baja. Lo hizo, explicaban entonces desde la cúpula parlamentaria, por si acaso, por si no se ataba un acuerdo con los posconvergentes antes del miércoles 21 de febrero, cuando vencía el primer deadline, la primera fecha tope. Pero todavía no hay acuerdo y las conversaciones siguen. La Mesa, que preside la socialista Francina Armengol, autorizó esa petición de prórroga en su reunión de este martes —con el voto de PSOE y Sumar y el no del PP— y señaló el 7 de marzo como la última ventana disponible para los grupos. Si se lograra trenzar ese acuerdo, el paso siguiente sería que la Comisión de Justicia elevase el dictamen al pleno del Congreso para su aprobación y remisión al Senado. Esa sesión podría fijarse para la semana del 12 o del 19 de marzo. Tiene que ser la Junta de Portavoces la que introduzca ese punto en el orden del día del pleno.

Ojalá lleguemos dentro de unas horas o dentro de unos días" al acuerdo, señala Montero, "convencida" de que la norma se aprobará

No hay todavía una previsión orientativa de cuándo se podrá alcanzar un consenso. Ni siquiera si llegará. “Ojalá lleguemos dentro de unas horas o dentro de unos días” a un pacto, apuntó este martes a primera hora la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien se mostró “convencida” de que el acuerdo “terminará saliendo”. La número dos del Ejecutivo y del partido explicó en la SER que el partido se ha acogido a la prerrogativa que permite el reglamento del Congreso de solicitar una prórroga para emitir el nuevo dictamen y dialogar en ese tiempo extra.

Sin embargo, las diferencias continúan en el mismo punto en el que estaban. El PSOE no está dispuesto a ceder más que a cambios muy menores, estéticos, pero no de fondo, mientras que Junts insiste en que solo aceptará una amnistía “integral”, que cubra todos los casos de terrorismo y de alta traición. Los socialistas responden que ceder a esa pretensión supondría que la ley podría quedar trasquilara a su paso por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El PSOE tiene el apoyo de sus aliados para mantenerse firme. Alegría apunta que no se entendería, sobre todo en Cataluña, que la ley no saliera adelante

El PSOE tiene el apoyo del resto de aliados parlamentarios. No solo de Sumar, con quien gobierna, sino singularmente de ERC, cuya cúpula considera incluso que Pedro Sánchez ha hecho demasiadas concesiones y que cree que no pueden “darse más incentivos a quien insiste en no querer salir de la ratonera”. Es decir, que no cabe ceder más ante Junts porque lo que correría peligro es la propia ley.

Tras el Consejo de Ministros de este martes, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, añadió que “lo deseable” sería que la ley de amnistía se aprobase “lo antes posible”, aunque no quiso aventurar si se agotará el plazo o un eventual acuerdo podría llegar antes. Y debería aprobarse, añadió, porque "nadie entendería", especialmente en Cataluña, que no saliera adelante.

Petición del Grupo Socialista de ampliación del plazo para un nuevo dictamen de la ley de amnistíaDescarga

Lo que sí dejó claro Montero, y también el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, es que el texto que salga del Congreso ha de ser “plenamente constitucional”.

Prudencia máxima para no hacer "peligrar" el acuerdo

En el Gobierno la prudencia es máxima. Distintos ministros de peso, preguntados por este diario, prefieren no comentar sus impresiones ni expectativas. Cautela total, porque cualquier análisis "puede hacer peligrar" el acuerdo, señalan. Ni siquiera en el entorno de Sánchez quieren entrar a valorar el hecho de que la Mesa del Parlament haya admitido a trámite, con los votos de Junts y de la CUP, una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la Cámara autonómica declare la independencia de Cataluña de manera unilateral. En la Moncloa restaban trascendencia a ese paso, pero poco más.

El Ejecutivo no quiere siquiera valorar la ILP sobre una nueva declaración de independencia apoyada por Junts. Y advierten: "Si no sale la ley de amnistía, ellos verán"

El Gobierno está estudiando "diversas vías" para convencer a los posconvergentes de que apoyen la amnistía, entre las cuales sigue estando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), para recortar los plazos de las investigaciones judiciales, según confirmaron a este periódico fuentes de primer nivel del Ejecutivo. Pero no añadieron más detalles de una negociación que se conduce con total hermetismo. Tampoco en el PSC. La estrategia sigue siendo mantener la presión sobre Junts, para que recapacite y dé marcha atrás, para que se dé cuenta de que la ley "es perfecta como está" y no habrá cambios de calado.

En el Gobierno recordaban este martes que los independentistas deberían ser los máximos interesados en que la proposición saliera adelante: "Nadie del PSOE se va a beneficiar de la amnistía. Si no la apoyan, ellos verán". Este miércoles, el presidente responderá a Míriam Nogueras, portavoz de Junts. Las intervenciones de ambos podrán ayudar a medir cómo están las relaciones entre las dos formaciones.