El Gobierno vasco quiere aprobar un nuevo plan de normalización del uso del euskera en la función pública antes de que termine la legislatura. El decreto que actualiza el ahora en vigor, que data de 1997, elevará la exigencia de perfiles, extenderá el requisito de su conocimiento a todos los niveles de la función pública e incluso permitirá convocar Ofertas Públicas de Empleo en las que se obligue a realizar una parte de la OPE en euskera. Además, el euskera adquirirá más peso como mérito, incluso en aquellas plazas en las que no se requiera su conocimiento. De este modo, se complica el acceso a la función pública de aquellos candidatos que no acrediten conocimientos de euskera.

El nuevo decreto debía haberse aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, suspendido por motivos familiares que han impedido estar presente al lehendakari. El documento regula el grado de exigencia y los procedimientos para acreditarlo que se establecerán para los más de 150.000 trabajadores públicos actuales y quienes opten a formar parte de la Administración en el futuro. El documento llega después de meses de reveses judiciales sobre al menos una docena de convocatorias públicas y en las que la Justicia ha cuestionado el grado y extensión de la exigencia lingüística para el acceso a la función pública.

El objetivo global que se marca es convertir el euskera en la lengua de uso normal y generalizado en la Administración pública vasca. La aplicación del nuevo decreto entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), si bien los consorcios y sociedades públicas dependientes de la Administración tendrán una moratoria de diez años para su cumplimiento.

Al mismo tiempo que se extiende la exigencia de perfiles lingüísticos, el Gobierno vasco establece nuevos mecanismos para “flexibilizar” las vías para acreditar su conocimiento y plantea adecuar el nivel de exigencia a la realidad sociolingüística de cada lugar. De este modo confía en superar el problema de “adhesión hacia el euskera” que existe, según afirman fuentes gubernamentales en eitb.com. De esta manera, se busca garantizar mejor los derechos lingüísticos de la ciudadanía a relacionarse en euskera con la Administración.

Según el avance del documento conocido hoy, uno de los aspectos que más dudas ha generado en la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUAE) ha sido que se permita a las entidades públicas obligar, en exámenes en castellano, a la realización de parte de ellos en euskera. Recuerda, según se apunta en los medios del Grupo Vocento, que la prueba a la que se somete el aspirante busca “demostrar la aptitud para la ejecución requerida en el puesto, no para hacer una valoración lingüística”.

Mérito en plazas sin perfil

Esta obligación, que deberá ser comunicada con antelación, se limita a los casos en los que en la plaza convocada su conocimiento sea preceptivo o las funciones a desarrollar estén relacionadas con la normalización lingüística. El Gobierno vasco justifica la medida en que se trata de una práctica “habitual en otras administraciones como la catalana o la gallega o que incluso el Ejecutivo español lo aplica en sus oposiciones en inglés, según informa en eitb.

Otro de los puntos más controvertidos hace referencia a las plazas que se puedan convocar sin perfil lingüístico con una fecha de preceptividad o que, aunque la tenga, no esté vencida. En estos casos en los que los candidatos no vascoparlantes podrían tener mayor facilidad de acceso, el mérito que representa el conocimiento de euskera podrá representar hasta un 20% de la puntuación máxima posible. De este modo, también en estas plazas quienes acrediten saber euskera tendrán más opciones en el concurso de méritos.

La principal modificación que se establece en el nuevo decreto pasa por la flexibilidad en el sistema de acreditación del conocimiento del euskera. Así, si hasta ahora se aplicaba el reconocimiento a través de la presentación de títulos o por haber cursado la escolarización en euskera, con este nuevo decreto se podrá acreditar por dos nuevas vías. Una de ellas pasa por la realización del examen de la prueba selectiva a la que se concurre íntegramente en euskera. La otra será un “uso fehaciente” del euskera en el puesto de trabajo y que dará derecho a adquirir un título si se cumplen determinados requisitos.

Perfiles simétricos, asimétricos y parciales

La consideración de perfil lingüístico también varía. Se flexibiliza estableciendo tres niveles o grados de acreditación según los puestos: simétrico, asimétrico o parcial. En el primer caso se trata de plazas en las que el grado de exigencia será el mismo tanto en euskera hablado como escrito. En los perfiles “asimétricos” se podrá exigir un nivel para un uso oral y otro para el escrito. Los perfiles con consideración “parcial” se reservan a candidatos con alguna diversidad funcional. Se mantiene la exención de acreditación para trabajadores de la administración con más de 45 años.

El nuevo decreto extiende su aplicación a todo el personal público, incluidas las sociedades, consorcios y fundaciones, que pasarán a tener las mismas obligaciones en materia lingüística que diputaciones, ayuntamientos y Gobierno Vasco. Todos ellos deberán elaborar planes lingüísticos y sus plazas tendrán que tener perfiles establecidos.

También refuerza el grado de exigencia para las empresas que contraten con la Administración. En caso de prestar servicios de cara al público deberán garantizar el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía. En estos casos los pliegos de las convocatorias fijarán las condiciones de euskaldunización que deberán cumplir los candidatos. La responsabilidad de la prestación de los servicios en euskera recaerá sobre la empresa contratada.