El Govern de Pere Aragonès exhibió su soledad en un pleno sobre la emergencia por la sequía en la que todos los partidos de la oposición coincidieron en recriminarle una gestión errática, tardía y prepotente. Le recriminaron la falta de inversiones, las multas a los ayuntamientos, las restricciones lineales a la industria, o la falta de transparencia sobre el coste de llevar aguas en barcos al área de Barcelona. Y sobre todo, centrar la gestión de la sequía en restringir el consumo, en vez de acelerar la producción de agua potable.

De nada le sirvió al president prometer una partida de 1.045 millones de euros de los presupuestos de 2024 para afrontar la crisis. "Los catalanes no derrochan el agua" le reprochó el socialista Salvador Illa, una advertencia que repitieron después prácticamente todos los portavoces. En el área de Barcelona el consumo es de 103 litros agua por habitante y día, "uno de los consumos de agua más responsables de toda Europa, el problema no está en el consumo sino en falta de oferta" apuntaba el popular Daniel Serrano. "Son muy diligentes al sancionar el consumo pero nadie les sanciona a ustedes por no producir suficiente agua" concluía Salvador Vergés, de Junts.

La socialista Sílvia Paneque se ha preguntado qué pasaría si otra administración "viniera a señalar" a la Agencia Catalana del Agua (ACA) porque "no se han hecho las infraestructuras planificadas desde hace 10 años". La portavoz de Cs, Marina Bravo, los ha tachado de "campeones del postureo" y desde la CUP y los Comunes han reprochado la falta de restricciones específicas al turismo.

Herencia de CiU

"Hoy estamos pagando decisiones del pasado, no se puede imputar a este gobierno falta de previsión y decisiones" se defendió Aragonès, que ha anunciado una partida de 1.045 millones de euros para paliar la falta de agua. El consejero de Acción Climática, David Mascort, defendió las medidas adoptadas y aseguró que está dispuesto a "flexibilizar" la aplicación de sanciones a los ayuntamientos, una promesa que no convenció al resto de los grupos.

Illa se comprometió a "intentar ayudar" pero ha exigido a Mascort "un poco más de humildad. Si tan bien lo han hecho por qué estamos como estamos" se preguntó el socialista, recordando que "el agua viene de Sagunto gracias a grandes dosis de generosidad y esfuerzo del Gobierno" y reprochando al consejero que "vaya poniendo el dedo en el ojo" por haber reprochado al Gobierno falta de celeridad en aprobar los préstamos para construir las desaladoras de la Tordera y el Foix.

Falta de inversión

"Los discursos de autocomplacencia se alejan del principio de realidad" añadió Paneque, recordando que en los últimos presupuestos de la Generalitat se han quedado 700 millones de euros sin ejecutar que estaban destinados a actuaciones de mejora ciclo del agua. La portavoz socialista le reciminó la "intransigencia" con los ayuntamientos cuando los gobiernos locales han presentado 700 peticiones de ayudas para mejorar sus redes de abastecimiento. Unas ayudas que el Govern ha incrementado hasta los 120 millones de euros, pero no se han empezado a ejecutar.

Tambien el portavoz de Junts, Albert Batet, ha recriminado la falta de diálogo con las administraciones locales, al tiempo que recriminaba al Govern que "al final" haya tenido que ir a pedir ayuda a Madrid.

Castigo a las empresas

Las restricciones a empresas y regantes fueron también duramente cuestionadas. Paneque acusó al Govern de "castigar" a las empresas "que ya han hecho los deberes" con sistemas de regeneración y ahorro de agua. "Cuando exigen una reducción lineal 25% a las que ya han hecho los deberes lo que les piden no es que ahorren agua, sino que reduzcan producción".

En este contexto, Vergés defendió al sector del turismo, que representa el 12% del PIB directo y 20% indirecto, y reclamó "ser sensibles para rellenar piscinas con agua de mar tratada, no hacen daño a nadie". Una postura que chocó frontalmente con las advertencias de Comunes y la CUP, que exigieron restricciones específicas para este sector.

Desde Junts, Batet advirtió que la gestión de la sequía no puede convertirse en "una competición entre agricultura e industria o entre cuencas hidrográficas" en referencia a las zonas dependientes del Ebro y las cuencas internas. Una advertencia que no atendió su compañero de filas, Salvador Vergés, la reclamar la competencia sobre la cuenca del Ebro para "poder decir si los Monegros pueden regar, negociar con el Gobierno como negocian España y Portugal" las cuencas del Duero, el Tajo o el Guadiana.

Coste de los barcos

La solución del agua potable en barcos que el Gobierno y Generalitat tampoco convencen a los partidos catalanes, que recriminan al Govern el coste de esta medida. "Los catalanes tienen derecho a saber cuánto costarán los barcos, la factura de la incompetencia de este Govern" advirtió el popular Serrano. "Los que aspiran a una Cataluña independiente nos están haciendo cada vez más dependientes".

Serrano recordó al Govern -"que siempre recrimina al Gobierno la baja ejecución de sus presupuestos"- la falta de inversiones del ACA, que solo ejecutó entre el 33% y el 35% de su presupuesto en inversiones para infraestructuras del ciclo del agua en los ejercicios de 2019 a 2022, pese a que sus propios modelos de previsiones ya anunciaban una sequía severa en 2021.

Desde Junts también reclamaron "transparencia" en el coste de una medida que se podría haber ahorrado si el Govern hubiera iniciado antes la ampliación de la planta de regeneración del Besós. Una medida para la que Junts estima un coste de 10 millones de euros.