La Guardia Civil ha detenido este martes al principal asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y a otras 19 personas por el cobro de supuestas comisiones en, al menos, dos contratos sanitarios durante la pandemia del Covid-19. La operación está siendo dirigida por la Fiscalía Anticorrupción que desde 2022 indagaba en este asunto y el pasado mes de septiembre interpuso una querella en la Audiencia Nacional por las dimensiones de la causa, según confirman fuentes de la investigación. Hay, al menos, 40 millones de euros bajo el foco.

Entre los detenidos, además del asesor del exministro, está su mujer, Patricia Úriz Iriarte, su hermano Joseba y el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama.

La denuncia partió del diputado del PP de la Asamblea de Madrid Alfonso Serrano en un momento en el que Gobierno y oposición se intercambiaron reproches por la gestión de la crisis sanitaria. Denunciaron más de 73 millones de euros en contratos y acusaron a varios ministerios, el de Sanidad de Salvador Illa entonces, el de Nadia Calviño o, incluso, introdujeron un contrato relacionado con los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Anticorrupción fue archivando causas sin indicios suficientes y enviando a la Fiscalía Europea aquellas que tenían fondos comunitarios con visos de prosperar. Pero quedó una viva, la más cuantiosa, relacionada con el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Eran tres operaciones, una por el suministro de mascarillas para Puertos del Estado por valor de 24,2 millones de euros, otra por suministro de estos cubrebocas para ADIF por un total de 12,5 millones de euros y una tercera adquisición de material de protección sanitario cuyo destinatario era la Secretaría de Estado de Seguridad por un total de 3,4 millones de euros. Las tres a la misma empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L.

La suma total que señalaba la denuncia para esta adjudicataria fueron 40.179.355 euros. Y esto es lo que fuentes de la investigación confirman que ha seguido adelante.

Operación de la UCO

Con todos los indicios sobre la mesa, Anticorrupción interpuso la querella en la Audiencia Nacional el pasado mes de septiembre y la operación terminó cristalizando esta semana. Fuentes de la investigación señalan a El Independiente que la detención tuvo lugar este pasado martes en distitnas provincias: desde Madrid, hasta Murcia y Alicante, entre otras.

Además de García, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha realizado otras 19 detenciones y 26 registros. Se les atribuyen delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, por lo que ha asegurado la Fiscalía, pero además otro de blanqueo de capitales, según ha confirmado este medio.

Se investiga si Koldo García, mano derecha de Ábalos durante su paso por el Ministerio de Transportes, cobró comisiones por los contratos que la cartera de su jefe realizó para proveer de material fisiosanitario.

El Ministerio de Transportes protagonizó varias compras durante la pandemia. Algunas resultaron llamativas, porque se encargaron a empresas que no tenían experiencia previa en la venta de material sanitario y es ahí donde la investigación se centra para averiguar si Koldo García cobró comisiones. El aumento de sus activos, que no se corresponden con sus retribuciones oficiales, ha sido clave para poner el foco sobre el asesor de Ábalos.

Con la llegada de Ábalos al Gobierno, Koldo García se convirtió rápidamente en su mano derecha. Fue su chófer, escolta y finalmente asesor. Antes de salir de Transportes, el socialista mani0bró para colocarlo como consejero de Renfe Mercancías.

También estuvo implicado en el Delcygate, como se conoce al viaje que la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó en enero de 2020 y por el que tuvo que parar en el aeropuerto de Barajas, a pesar de que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen. García acudió junto a Ábalos para que la política latinoamericana saliese de España sin pisar suelo nacional.

Este jueves los detenidos pasarán a disposición judicial, si bien fuentes jurídicas señalan que probablemente sean menos de una veintena los que finalmente comparezcan ante el juez Ismael Moreno.