La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró trabas para registrar los inmuebles del caso Koldo y cajas fuertes vacías en varios de sus registros, según ha podido saber El Independiente. La investigación se centra en los contratos que recibió la empresa Soluciones de Gestión y Apoyos a Empresas en 2020.
Este jueves, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tomó declaración a los cuatro investigados que pasaron ante el juez, del total de los 20 detenidos en la operación por el cobro de comisiones en contratos de la pandemia: Koldo García, Víctor de Aldama, Iñaki Rotaeche y Joseba García, hermano del primero.
Tanto el grupo operativo del Instituto Armado como la Fiscalía Anticorrupción investigan si estas cuatro personas, junto a otras 16, organizaron una presunta trama criminal para cobrar mordidas millonarias por contratos sanitarios en los peores momentos de la pandemia de 2020.
La UCO realizó, entre el pasado martes y el miércoles, 20 detenciones y 26 registros. Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, estaba entre los detenidos, así como su mujer, su hermano y dos empresarios, uno presidente del Zamora CF, y otro del País Vasco. La entrada en los inmuebles se hizo de forma coordinada, al mismo tiempo y orden.
La sorpresa para varias de las unidades, según ha podido confirmar este periódico de fuentes de la investigación, fue cuando al abrir varias cajas fuertes estas estaban vacías, tal y como adelantó EP.
Después de tomar declaración a cuatro de los 20 detenidos, el magistrado Ismael Moreno los dejó en libertad, adoptando medidas cautelares con respecto a dos de los detenidos, tal y como pidió la Fiscalía. La UCO cree que Koldo García, mano derecha de Ábalos, generó una trama que cobró 10 millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas a través de contratos sanitarios firmados durante la pandemia sin contrato público.
La investigación
El foco está en tres contratos que suman 40 millones de euros: uno por el suministro de mascarillas para Puertos del Estado por valor de 24,2 millones de euros, otro por el suministro de estos cubrebocas para Adif por un total de 12,5 millones de euros, y una tercera adquisición de material de protección sanitario cuyo destinatario era la Secretaría de Estado de Seguridad por un total de 3,4 millones de euros. No se descarta que la cuantía pueda ser mayor, ya que la empresa suscribió contratos por 13 millones de euros con Canarias y Baleares que investiga la Fiscalía Europea.
La empresa disparó su facturación y sus beneficios durante la etapa en la que Ábalos era ministro de Transportes. Estos ingresos, a su vez, coinciden con los momentos más duros de la pandemia, en el que el Gobierno compró millones de mascarillas a diversos proveedores. Sin embargo, las cuentas de Soluciones de Gestión se desplomaron tras la salida de Ábalos del ministerio, en 2021.
En concreto, la empresa facturó apenas dos millones de euros, lejos de los 53 del ejercicio contable inmediatamente anterior. Los beneficios también cayeron en picado y Soluciones de Gestión apenas obtuvo 200.000 euros de ganancias.
Los auditores admiten que "la totalidad de los ingresos de la sociedad provienen del suministro de equipos de protección individual a distintos entes públicos y privados".
Con el adiós de Ábalos del Ministerio de Transportes, la viabilidad de la empresa quedó seriamente dañada. En apenas dos años, según consta en el análisis de Insight View, el rating de riesgo pasó de ser positiva a “riesgo alto” por impagos. De hecho, en la escala de alerta por impagos pasó de 7 sobre 10 puntos a 1 punto sobre 10.
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