Hace un año el PSC puso cuatro condiciones "extra-presupuestarias" para dar apoyo, por primera vez, a las cuentas del Govern de Pere Aragonès: la ampliación del aeropuerto de El Prat, la suspensión temporal de la apertura de nuevas «embajadas» de la Generalitat, el impulso del complejo turístico Hard Rock en Vila-seca y Salou y la finalización de la carretera B-40 o Cuarto Cinturón del Vallés.

Este martes, el líder del PSC, Salvador Illa, daba por cumplidos los compromisos contraídos por Esquerra al anunciar un nuevo pacto presupuestario. Aunque no pudo aclarar qué garantías ha dado el Govern sobre la tramitación del Hard Rock, o cuando se licitará la prometida conclusión de la B-40. Ninguno de estos puntos figura en el acuerdo presentado por el Govern y el PSC, que sí los incluyó en el texto firmado hace un año.

Desde el Govern también aseguran haber cumplido, aunque con matices. Especialmente en materia de acción exterior, una de las políticas críticas para los partidos independentistas. "Hemos hecho más acción exterior que nunca, cuente cuántas embajadas se han abierto" señalaba la portavoz, Patricia Plaja, al ser preguntada por este punto del acuerdo suscrito hace un año, para defender que el pacto con el PSC no impidió seguir abriendo embajadas. "En estos presupuestos no ha sido condición", añadía Plaja para dejar claro que las embajadas de la Generalitat no están en cuestión.

Más embajadas

Los socialistas pedían en diciembre de 2022 que se paralizara la apertura de nuevas delegaciones y que se estudiara el funcionamiento de todas las actuales. Superado el trámite de enmiendas a la totalidad de esos presupuestos, la consellera de Exteriores, Meritxell Serret, anunció que a finales de 2023 Catalunya "tendrá más embajadas que nunca". En la actualidad, la Generalitat cuenta con 21 embajadas, una más que hace un año, la de Japón.

Pero este ejercicio ha servido además para consolidar las delegaciones en Corea del Sur, África Meridional, Senegal y Sudáfrica, en las que solo se había nombrado delegado. Y las de Brasil y Andorra, donde el gobierno autonómico ni siquiera disponía de esa figura, aunque el Consell Executiu ya hubiera aprobado su creación. Todo ello con un presupuesto en 2023 que superó por primera vez los 100 millones de euros, un 17% más que el anterior presupuesto. También aumentó la cifra para cooperación, hasta los 47 millones de euros.

Este miércoles se conocerán las cuentas aprobadas por el Govern y cuánto se destina esta vez a acción exterior, puesto que de momento solo ha trascendido lo pactado con los socialistas: 1.000 millones de euros para paliar la sequía y un aumento del 10% en el presupuesto de educación.

Ampliación de El Prat

La ampliación del Aeropuerto de El Prat ha sido otro de los caballos de batalla entre socialistas y republicanos desde que Aragonès llegó a la presidencia de la Generalitat. Una batalla abierta también con Junts, que secundan la apuesta por la ampliación que en su día planteó el presidente de Aena, y ex diputado socialista, Maurici Lucena. Aragonès rompió el pacto inicialmente alcanzado entre Generalitat y Aena -firmado por el consejero de Jordi Puigneró, cuando los de Junts todavía no habían abandonado el Govern- alegando que no garantizaba la preservación de los espacios naturales del Delta del Llobregat.

La fórmula finalmente pactada hace un año hablaba de "modernizar" el aeropuerto, en paralelo al "desarrollo y protección del Delta del Llobregat". Para ello, Govern y PSC se daban un año para crear con el Gobierno "una comisión técnica para acordar el nuevo modelo aeroportuario" de forma que gane capacidad y se convierta en un "verdadero 'hub' intercontinental", todo ello respetando la "biodiversidad", la convivencia con los vecinos y las directivas ambientales europeas.

La comisión no se reunió hasta el pasado enero, y lo hizo para pactar que ambas administraciones se dan un año para estudiar el proyecto de mejora del aeródromo barcelonés. "La voluntad era hacer efectivo un compromiso que teníamos" reconocía el secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Marc Sanglas. 

El culebrón del Hard Rock

Aunque el punto del acuerdo que menos ha avanzado ha sido, sin duda, el que hacía referencia al complejo turístico del Hard Rock en Tarragona. El pacto PSC-ERC obligaba al Govern a aprobar el Plan de Desarrollo Urbanístico durante el primer semestre del 2023. Pero ese trámite administrativo sigue pendiente de la redacción del estudio de impacto medioambiental, que el consejero David Mascort lleva meses asegurando que "está en estudio".

El PSC no tenía en este punto ningún asidero que le permitiera defender el cumplimiento de los republicanos, hasta que el propio Aragonès desbloqueó el acuerdo el pasado miércoles al asegurar en el Parlament que el proyecto seguirá su trámite. El president respondía así a los Comunes, que han puesto como condición para su apoyo a las cuentas que no se tramite el proyecto.

"El modelo de ERC es la reindustrialización, el Hard Rock no nos entusiasma pero son proyectos aprobados, hay mayorías en este Parlament que definen posición en estos ámbitos" argumentó Aragonès para defenderse de las acusiaciones de los Comunes. Un argumento con el que Illa asegura darse por satisfecho, aunque el acuerdo suscrito este martes no menciona el proyecto ni fija un horizonte temporal para su aprobación administrativa.