El sumario de la investigación de la 'Operación Delorme' ha arrojado algo de luz sobre el papel en el caso que habría tenido José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y exdiputado socialista, ahora en el Grupo Mixto. Según los informes policiales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a los que ha tenido acceso El Independiente, éste habría ejercido de "intermediario" para la trama, aunque no se especifica en que tiempos. Así lo apuntó con seguridad la autoridad policial el 10 de enero, tras un encuentro entre Ábalos y su exasesor -uno de los principales implicados- Koldo García, en la marisquería La Chalana, después del superpleno de los decretos celebrado en el Senado. Algo que Ábalos señala como coincidencia y no como citación expresa.

En esta supuesta labor de intermediación, y según lo que sugiere esos informes, al menos Ábalos podría haber participado en el intento de subsanación de las quejas por la contratación de material sanitario defectuoso hecho por la Administración de Baleares, bajo la presidencia de Francina Armengol en 2020, y hoy presidenta del Congreso de los Diputados. Unas quejas producidas a su salida del Govern y mantenidas con el nuevo Ejecutivo popular.

La razón que aproximan los informes es que, el día previo a la conversación, García había hablado con el cabecilla de las corruptelas, el empresario Juan Carlos Cueto. Éste quería que García aclarase con "un tercero" la situación de la reclamación del Govern balear de 2,7 millones de euros por la calidad inferior de los materiales. Estaban preocupados porque "el problema es 'la señora'", que "en su día era presidenta de aquí", una posible alusión a Armengol y a su denuncia antes de abandonar la presidencia balear. "Se la tienen que cargar a ella, el otro ya está amortizado", añaden.

Pese a ello, la conclusión es que ésta denuncia no tenía "recorrido judicial" y García le informaba de que estaba todo "más que hecho". "Esto era un favor... él y su ex jefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio", se adjunta derivado de un audio. La UCO cree que se refieren a Ábalos, quien estaría al tanto de la investigación desde principios de noviembre gracias al hermano de García, Joseba.

Ábalos, pese a todo, niega haber ejercido como mediador. Principalmente, porque a finales de año la Administración ya estaba en manos de los populares. "Es una conjetura muy fantasiosa que yo pueda mediar con el PP de Baleares", ha dicho en una conversación con El País este jueves. En una entrevista vespertina en Cuatro si que consideró que, pese a desconocer los contratos con las autoridades de las islas, "ahí sí hay quebranto para las arcas públicas" y "estafa". Porque no se contó con la calidad contratada.

El material era de una calidad inferior a la contratada, y no servía para el personal sanitario, solo para el uso doméstico"

Al igual que el socialista, suspendido ahora de militancia, Armengol asegura que "jamás" abordó la cuestión de la mascarillas con Ábalos o la reclamación de parte del dinero solicitada años después. Así lo han trasladado fuentes de su entorno, que niegan presiones a la expresidenta. Hay que señalar que, de momento, y como indica el auto mencionado, ni Ábalos ni Armengol están siendo investigados formalmente.

Según recoge el escrito, el exasesor del ministro también hablan de la posibilidad de que los populares arañen en la denuncia de la anterior Administración, para vender una buena imagen política. Pero se comenta que "ya está todo hecho". Habría propuesto una reunión a Miguel Tellado, exvicesecretario de Organización y recién nombrado entonces portavoz parlamentario, y a "Alberto" -no sé detalla a quien se refiere-, con el propósito de asegurarse el posicionamiento del Govern de Prohens. La UCO es incapaz de atribuir referencias claras en esta parte de la conversación. El popular, en todo caso, ha negado que hubiera propuesta alguna de encuentro.

Una operación con material de calidad inferior

Que se sepa, el único nexo del Govern de Armengol con Soluciones de Gestión [que ha negociado nueve contratos por valor de casi 54 millones de euros con las administraciones en manos del PSOE, como Puertos del Estado, Adif o Canarias, de los que 16,5 millones han sido comisiones netas] y, por tanto, con la trama, es por la compra de un lote de 1,4 millones de mascarillas a principios de mayo de 2020 por un valor de 3,7 millones de euros con un suplemento de 56.715 euros por fletar la mercancía de Madrid a Palma de Mallorca. La operación se hizo sin que mediara expediente de contratación, tras conversaciones "verbales".

El problema es que ese material era calidad inferior y no FFP2, sino quirúrgicas. Lo que no servía para el personal sanitario. Es por ello, que un mes después de la adquisición, el Centro Nacional de Medios de Protección balear concluyó que no se cumplía con lo contratado. En conversaciones con El Independiente, fuentes del anterior Ib-Salut indican que "nunca dijimos que eran inservibles". Tampoco "dijimos que fueran fake como asegura El Mundo", que habla de mascarillas del tipo solicitado, pero con ocho veces mayor incapacidad de filtración, solo de un 60% frente al 95% exigido. Lo que dijimos es "que no tenían la calidad suficiente para los hospitales, pero sí para un uso doméstico".

La clave: conformidad, silencio y cargo a la UE

Al margen del señalamiento que hacen desde formaciones como el PP, por adquirir, dicen, suministros por encima del coste que ofrecían otras empresas, el principal foco puesto encima de Armengol corresponde a la actuación de su Ejecutivo una vez comprueba la calidad de las mascarillas. En su Gobierno guardaron silencio y en agosto de 2020 mostraron su conformidad con el material recibido, todavía guardado y ya caducado, en un almacén de Marratxí. Lo hizo a través del Servicio de Salud balear (Ib-Salut) dependiente de la Consejería de Sanidad y que era el cliente directo.

En ese clima de silencio, y según ha publicado El Mundo, el coste del material se cargó a los fondos europeos FEDER (para el desarrollo de las regiones) el 11 de diciembre de 2020 junto al resto de gastos. Ello, dice la cabecera, ocultando la mala calidad de las mascarillas en el informe de fiscalización hecho a la UE. Se confirmó con un 'sí' rotundo que el contrato "cubre la totalidad de lo solicitado" por el Govern. Ante las informaciones conocidas del caso, la nueva Administración ha pedido que se anule el pago, para que en el próximo desembolso de los FEDER sea descontado.

El Confidencial, por su parte, ha publicado un certificado en el que las autoridades baleares confirman su "satisfacción" con la operación, algo que se hace a petición de Soluciones de Gestión. Frente a esto, fuentes de Salud de la región indican que lo confirmaron porque "necesitábamos el material en pandemia". "Optamos por retener todo el material sanitario posible como decía la OMS". "Y certificar la recepción no significa que no puedas analizar posteriormente" el producto. Estas fuentes apuntan que este tipo de confirmaciones "son trámites que se rellenan protocolariamente". "Aunque tu inicies una reclamación, lo oficial sigue siendo que han servido el producto correctamente, hasta que se demuestre lo contrario cuando se cierra el expediente", sentencian.

Armengol pide el dinero a su salida

Ese expediente se abrió con posteridad. A nivel político, a Armengol también se le reprocha que, después de que su Administración diera conformidad por el lote de mascarillas, casi tres años después denunciara los hechos para recuperar el dinero. Lo hizo el director general de Salud el 20 de marzo de 2023, por escrito. Y se volvió a pedir en julio de ese año, antes del relevo gubernamental y en funciones. El expediente se formalizó el 24 de agosto.

Concretamente, se reclamaron 2,7 de los 3,7 millones totales, dado que parte del material si se llegó a utilizar. La semana pasada, el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, indicaba: "Si alguien lo ha hecho mal en el Ministerio de Transportes, tiene que investigarse y es esa persona la que tiene que responder, no quienes contratamos a la empresa que nos decían los ministerios". En todo caso, negaba conocer el nexo político o administrativo que les recomendó la empresa.

Preguntado por ello, fuentes próximas a Armengol detallan que el plazo máximo para hacer reclamaciones de este tipo es de cinco años. Y que el margen desde que se comprobó el material defectuoso hasta la reclamación es el mismo que "están tardando para todas las reclamaciones de ayudas a empresas por el covid". "La cuestión es que se hizo dentro del tiempo que tocaba. Si alguien quiere deslizar la idea de que se quería dejar caer [ese plazo] porque se estaba dentro de una trama, no se habría pedido un análisis del materia", apuntan las mismas fuentes. El problema, indican, en todo caso, es "si el PP lo ha dejado caer y por qué motivo".

Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo dice que el plazo para resolver el expediente ha concluido tras seis meses, por lo que ya no se podría exigir a la empresa el reintegro. Desde el PSIB-PSOE acusan al PP balear de haber dejado pasar el plazo, mientras que los populares interpretan que el Alto Tribunal se equivoca y que tienen margen hasta abril. Hay una comisión de investigación en el Parlament para despejar toda duda de esta derivada del caso.

El PP cerca a Armengol como parte de la trama

Desde Madrid el PP presiona y ya considera parte de la trama a Armengol y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, expresidente del Gobierno de Canarias, que contrató mascarillas por valor de cinco millones de euros. Todo, sin estar investigados. Los populares preparan una comisión de investigación en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, en la que llamarán a ambos y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PSOE, por su parte, creará la suya propia en el Congreso, aunque no será respaldada por Génova. Ello en un clima de enfrentamiento mutuo con la corrupción como elemento arrojadizo.

Este martes, en la reunión de Portavoces, Tellado pidió explicaciones, sin éxito, a Armengol. Por el momento, desde el seno popular, le han pedido que no entorpezca desde su posición cualquier cuestión relacionada con el caso. Armengol, por su parte, ha expresado que cualquier tipo de corruptela derivada de la pandemia le provoca "indignación" y "asco".