La Comisión de Venecia avala en el borrador de su informe la existencia de una ley de amnistía, aunque critica el procedimiento elegido para su debate, propone mejoras —como precisar el ámbito temporal y material—, y llama a dialogar sin prisas antes de aprobarla.

En un borrador de su informe final al que ha tenido acceso EFE y que deberá ser revisado por el pleno de ese órgano el 15 de marzo, la Comisión, órgano consultivo del Consejo de Europa, y movilizado a instancias del PP, hace primero una exposición general sobre las condiciones que debe cumplir una amnistía tras recoger información en 54 estados, algunos de los cuales cuentan con leyes de este tipo. Fuentes del Consejo de Europa señalan además que todavía no hay ningún informe definitivo. De esta forma, el texto preliminar se someterá a debate los próximos 15 y 16 de marzo, donde se prevé que habrá discusión y posible cambios vía enmiendas. De tal forma, el documento definitivo se deberá aprobar en el plenario.

Advierte de que la función de este órgano no es intervenir en el debate político, pronunciarse sobre la conveniencia de la proposición de ley (pactada entre el PSOE, Junts y ERC y aún en tramitación parlamentaria), ni sobre su idoneidad para lograr el objetivo declarado, "ya que se trata de decisiones políticas que deben tomar el Gobierno y el Parlamento españoles". 

Tampoco se pronuncia sobre la constitucionalidad de la iniciativa, "que es una cuestión que en última instancia debe decidir el Tribunal Constitucional", ni sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.

Requisitos generales para una amnistía

El borrador avala la posibilidad de una ley de amnistía siempre que cumpla con los requisitos de legalidad, respeto al derecho internacional, seguridad jurídica al definir con claridad los actos amnistiados y las excepciones, una tramitación que permita debate y participación y respeto a la independencia del poder judicial.

La unidad nacional y la reconciliación social y política son objetivos legítimos de las amnistías", sostiene el informe del órgano

Señala que en general las amnistías están motivadas por razones de reconciliación social y política, unos "objetivos legítimos que deben alcanzarse mediante métodos y procedimientos coherentes", entre los que apunta la inclusividad, la participación, los plazos adecuados y los debates públicos. 

Apunta el texto que "dado que las amnistías son medidas impersonales que se aplican a todas las personas o a determinadas clases de personas, los criterios no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos", informa Europa Press. "Las amnistías deben perseguir un objetivo legítimo en interés de la comunidad", recalca, al tiempo que afirma que "la unidad nacional y la reconciliación social y política son objetivos legítimos de las amnistías". "En opinión de la Comisión, la proporcionalidad exige que, en cada caso concreto, la amnistía propuesta sea un medio adecuado para lograr en última instancia la unidad y la reconciliación", destaca.

Sobre la proposición de ley

Respecto a la proposición concreta registrada en el Congreso, la Comisión señala que no afecta a la separación de poderes, ya que deja en manos de los jueces la amnistía de los actos concretos conforme a la norma.

La Comisión destaca la "profunda y virulenta división" que ha provocado la proposición en España, a todos los niveles

El borrador, que en su parte general señala que "los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía", observa que en este caso concreto se ha optado por la forma de proposición de ley en lugar de proyecto de ley, lo que limita las consultas, y además se ha seguido un procedimiento de urgencia. Una vía que desaconseja, "dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes".

Advierte de que la proposición "ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España" y anima a todas las autoridades a tomarse "el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo". Es más, la Comisión considera que "la viva controversia que ha suscitado este asunto sugiere que sería preferible, cuando llegue el momento, regular esta cuestión explícitamente mediante una enmienda constitucional".

El texto hace una serie de recomendaciones para mejorar la norma en varios aspectos, entre ellos el ámbito material y temporal de aplicación, que considera muy amplio y bastante indeterminado, por lo que sugiere definirlo de manera más precisa "para hacer más previsibles los efectos de la ley".

También recomienda que se establezca una relación causal más estrecha entre “las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias” y los actos de malversación y corrupción.

El informe advierte de que el Congreso no puede exigir información a los jueces, sobre todo en los casos en los que han intervenido

El informe, que toma como referencia la versión de la proposición del 13 de noviembre, propone eliminar el criterio por el que delitos de terrorismo queden o no excluidos en función de si hay sentencia firme, un aspecto que se ha modificado posteriormente vía enmiendas. 

El informe advierte también de que las comisiones de investigación creadas en el Congreso —como la de la llamada operación Cataluña— no deben utilizarse para exigir información a los jueces, en especial sobre los casos en los que han intervenido. 

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado la decisión recalcando que "la amnistía es una herramienta para la reconciliación". "Y además cumple con los estándares internaciones. Es impecable y es positiva", escribió en redes.