Hasta cuatro contratos adjudicó sin concurso público -con aval por la urgencia de la pandemia- el Gobierno canario socialista del ya expresidente y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a la empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión y Ayuda a Empresas. Los cuales, supusieron un desembolso de 12.317.580,24 euros para las arcas de la Administración. Así lo indica en un informe la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil (UCO) remitido para la investigación que lidera el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Como irregularidad, la UCO apunta a una modificación de los contratos establecidos para "dar cobertura justificativa" a los pagos tras compras de mascarillas defectuosas. Tapabocas que no cumplían las condiciones solicitadas, como ocurrió en la Baleares gestionada por Francina Armengol en esos meses.

Igualmente, la autoridad policial pone en cuestión los métodos para llevar esas contrataciones a término. Concretamente, la UCO apunta que "se desconoce cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato, no se han aportado comunicaciones entre el órgano de contratación y Soluciones de Gestión, ni tampoco cómo y de qué manera se gestionó el suministro de mascarillas".

La UCO empieza a recibir información y a investigar dos años después de los acuerdos, en el verano de 2022. En ese clima ya había, al menos, otra investigación en curso en los juzgados, del primer 'caso mascarillas', por un contrato con la empresa RR7 por un lote que fue incinerado en la aduana y, por tanto, no se disfrutó. Torres afirmó este jueves, en un desayuno informativo, que parte del importe de cuatro millones, en este caso, se ha recuperado, aunque no especificó cuanto.

Los contratos con Soluciones de Gestión

Por la factura aportada por Soluciones e incluida en el informe policial, el Servicio Canario de Salud hizo un pedido de 2.750.000 mascarillas FFP2 por un valor de 6.875.000 euros a fecha del 22 de abril de 2020. Llegaron a su destino y fueron inspeccionadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Hospitalario. Este determinó que del lote, 837.800 cubrebocas no cumplían los niveles de filtración exigidos para ser catalogadas como FFP2. Se emplearon, por ello, para uso doméstico como quirúrgicas. De esa cifra total pagada, se desprende un contrato a posteriori de 2,095.018,5 euros. Ese proceso, pese a haberse tramitado como emergencia, finaliza, según la UCO, el 13 de noviembre, hasta siete meses después del pedido. Sin embargo, se fecha como tal, en abril.

Un primer pago por la compra de mascarillas de más de seis millones reflejado en una factura de Soluciones de Gestión habría sido troceada en dos contratos a posteriori"

A raíz de esto, la UCO reprocha que "la documentación aportada por el Servicio Canario de Salud acredita que había mascarillas que no eran aptas para su uso como FFP2, por lo que, como ya se hizo en otros contratos con incidencias similares, habría que haber realizado una valoración de precios u otras medidas compensatorias para la Administración". Hay informaciones contrarias en relación a esto, y algunas que apuntan que la sanidad canaria pidió que se compensasen el número correcto de mascarillas por el precio pagado.

Se da cuenta, también el 22 de abril, de otro contrato con Soluciones de Gestión por valor de 4.775.500 millones y por 1.912.200 mascarillas FFP2. Aunque no hay constancia de que se recibiesen nuevos lotes al primero mencionado. Es el valor restante de esos 6,87 millones pagados y el número restante de tapabocas que no fueron consideradas quirúrgicas en un principio. Esto hace que la UCO sostenga que el Gobierno canario primero pagase y luego recibiese los lotes de material. "Se han observado dos facturas de fecha de 7 de mayo, si bien, la página web de la contratación refleja el 5 de junio de 2020 como fecha del acuerdo para la adjudicación a Soluciones del suministro por importe de 4,77 millones de euros". Asimismo, esas mascarillas, mediante el contrato unitario, fueron fletadas desde China tras un pago extra de 447.061,74 euros, y con un contrato separado, que supondría un tercer acuerdo con la empresa de la trama. Aunque esta habría actuado como intermediaria, dado que no se encarga a los transportes de mercancías.

El cuarto contrato, por valor de cinco millones de euros a cambio de dos millones de mascarillas si se llevó a término. Se entregaron en tres envíos de 719.910 el 12 de mayo, de 780.930 el día 14, un último de 499.160 el día 25. "Se han observado las tres facturas que justifican la entrega y la recepción de la totalidad de las mascarillas por el importe pactado dándose por lo tanto cumplimiento al acuerdo entre las partes". "Las entregas están incluso verificadas por Bureau Veritas", apunta la UCO. Se indica, en todo caso, que en este nuevo envío se incluyeron suministros que las autoridades sanitarias de prevención de riesgos volvieron a calificar como 'no apto'. "Por lo que debiera haber sido valorado a otro precio diferente o devueltos a su proveedor", se añade.

En este caso, no hubo 'troceado'. Pero sí se alude que "se han observado las mismas carencias que en los demás expedientes analizados entre Soluciones y el Servicio Canario de Salud". "Esto es, que se desconoce cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato, no se han aportado comunicaciones entre el órgano de contratación y Soluciones, ni tampoco cómo y de qué manera se gestionó el suministro", finaliza el informe de la UCO.

Torres se desvincula de cualquier irregularidad

Esta semana el ministro se ha dejado ver en dos actos al margen de la sesión de control al Gobierno y los plenos parlamentarios desarrollados en el Congreso. El jueves, en el desayuno mencionado, ya Torres se desvinculó de cualquier irregularidad. "A mí me llegaban propuestas de compañeros del Parlamento canario, de políticos o de alcaldes. Nos ayudábamos todos. Si tres años después se ve que alguien se ha corrompido, a quien hay que señalar es" a él.

Al mismo tiempo, negó que el contacto de la empresa se hubiese producido gracias a el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; a quien la UCO señala en sus informes como "intermediario" de la trama, aunque no precisa a qué escala. Sobre su suspensión de militancia, Torres dijo que "si el partido decide que hay que asumir responsabilidades, hay que hacerlo". Ábalos pasó al Grupo Mixto y no dejó su acta de diputado.

En ese desayuno, en el hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid, en la capital, Torres reconoció que "seguro" hubo errores en la gestión de la pandemia en Canarias, ésta fue "magnífica", "la mejor" que se pudo hacer. Por eso dijo que "si alguien de manera ilegal se ha lucrado, que pague con toda la fuerza de la ley", en referencia a personas de la administración encargadas de los procedimientos. Él se desvincula.

No relacionó la contratación de Soluciones a nada específico. "Estábamos desesperados" entonces, y "presidentes de las comunidades" y "empresarios" hablábamos para encontrar material sanitario. La propuesta de Soluciones de Gestión habría llegado después de trabajar ya para Transportes, con mascarillas a "2,5 euros mientras otros pagaban 10 euros". El procedimiento, según ha relatado Torres vendría a ser el cotidiano: la sociedad se puso en contacto con el director del Servicio Canario de Salud y se trasladó la sugerencia a los servicios técnicos para determinar su validez. Y esta pasó el filtro, por lo que se contrató. Y el expediente de la contratación, "se envió, como todos, a la Audiencia de Cuentas y se elevó al Tribunal de Cuentas".

Este viernes, tras un acto conmemorativo en Vitoria, Torres ampliaba sus explicaciones. Y lo enfocaba a la colaboración expresa, "clara" y con "transparencia" con la Guardia Civil. El Gobierno -de Canarias- colaboró con las pesquisas y, lógicamente, la investigación judicial. Torres ha añadido que "en el caso de Canarias, el material llegó y se pagó posteriormente", algo que ponen en duda el propio informe de la UCO por el 'troceado' a posteriori.

Investigaciones paralelas de Coalición Canaria y el PP

Frente a los datos recabados por la UCO y las explicaciones del expresidente canario, a nivel político quieren iniciarse dos investigaciones paralelas a la judicial a nivel político. Por un lado, el actual Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (CC) -en coalición con el PP-, ha instado a la Consejería de Sanidad, controlada por sus siglas, a recabar toda la información con la que puedan contar, por si en algún momento deben ponerla a disposición de la justifica. Asimismo, los grupos parlamentarios de CC y PP, que apuntan directamente a Torres, han solicitado que se constituya en el Parlamento una comisión de investigación que depure responsabilidades.

El PP citará a su comisión en el Senado a Sánchez, Illa, Armengol y al propio Torres, quienes no pueden negarse a acudir"

Lo ha hecho por su cuenta, a nivel nacional, el PP de Alberto Núñez Feijóo en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Pero para ir más allá de la ramificación canaria: también para obtener detalles sobre las operaciones de la trama con Transportes, Puertos del Estado o Adif, y para la operación de suministro de mascarillas en Baleares. Para ello, citará, a priori, y según lo que la formación ha trasladado, a Pedro Sánchez; al exministro de Sanidad, Salvador Illa; a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Armengol, y al propio Torres. No pueden negarse a acudir en base al artículo 76.2 de la Constitución.

Ello, con otra comisión paralela en el Congreso registrada por el PSOE y que no apoyará. Precisamente, los populares desconfían que el propio partido, con Armengol de por medio, sea quien quiera fomentar esa comisión.

El PP, a falta de que la investigación así lo refleje, ya involucra a la cúpula del PSOE, incluido a Sánchez. Le pide que "se responsabilice y dé la cara". De hecho, Génova ya ha redoblado la presión una vez el juez del caso aprecia como "intermediario" a Ábalos. Este jueves, en una comparecencia en el Senado, Feijóo dijo que "no hay un solo español que crea que esto coge al señor Sánchez por sorpresa y que no vea un cerco cada vez más grande y más próximo". "Conocía lo que estaba ocurriendo [con el caso Koldo] y lo tapó".

En contraposición, desde el PSOE creen que el PP está sobredimensionando la situación para sacar rédito político. Sus principales dirigentes, para contraatacar están dando protagonismo una de las conversaciones entre Juan Carlos Cueto y Koldo García en las que se da a entender que han contactado con Miguel Tellado y "Alberto" [sin mayor detalle] con intención de mediar con el Govern balear. Tellado ha negado con rotundidad que eso sea así.