El huracán no se detiene. Sigue soplando en contra de Francina Armengol. La presidenta del Congreso y expresidenta del Gobierno de Baleares continúa bajo la fortísima presión del PP, que pide su dimisión inmediata por un contrato de 3,7 millones de euros para la compra de mascarillas a la empresa de la trama Koldo. Ella no piensa hacerlo porque, como recalcan en su entorno más directo y como también subrayan en Ferraz, las acusaciones de los conservadores no tienen “fundamento” ninguno, porque ni ella ni nadie del Govern que ella dirigía está investigado o salpicado por la investigación. Y si su Administración trató con Soluciones de Gestión, la mercantil eje de la presunta red corrupta, fue porque Transportes, el ministerio que lideraba en aquel 2020 José Luis Ábalos, la recomendó. Armengol y su equipo creyeron que el hecho de que una sociedad tuviera el visto bueno del Gobierno de España era aval más que suficiente: “Nos fiamos de Transportes”, explican. Pero lo que los colaboradores de Armengol no precisan es qué persona de Transportes contactó con ellos. No contestan si fue, por ejemplo, la mano derecha del ministro, Koldo García. Lo único que garantizan es que Ábalos “no tenía capacidad de presión sobre el Gobierno de las islas”. Ella dará explicaciones este martes en una comparecencia ante los medios en la Cámara baja.

Lo cierto es que la rama balear del caso Koldo no deja de enredarse y es la presa que no va a dejar de morder el PP, porque a fin de cuentas a quien afecta es a la tercera autoridad del Estado, una pieza demasiado valiosa para Pedro Sánchez y que va a intentar proteger al máximo. Este lunes, la Fiscalía Europea anunció que también va a encargarse del caso Koldo. Es decir, que va a investigar qué ocurrió con los contratos para el suministro de mascarillas que firmaron los servicios de Salud de Baleares y Canarias. Es la respuesta a la petición que en junio le dirigió la Fiscalía Anticorrupción ante la evidencia de que esas adjudicaciones se pagaron con fondos públicos comunitarios, por lo que el escrutinio de esos recursos le corresponde a los organismos europeos.

Fomento nos ofreció esa posibilidad de un envío [de mascarillas] y para nosotros eso tenía una fiabilidad muy alta”, explica el número dos de Armengol

En el caso de Baleares, el que más preocupa al PSOE porque toca de lleno a la actual presidenta del Congreso, la historia se remonta al 25 de abril de 2020. La empresa Soluciones de Gestión contacta por e-mail advirtiendo de que tiene disponibilidad para enviar un avión con 1.480.600 mascarillas. Pero la pregunta que todavía no responde el equipo directo de Armengol es cómo llega la mercantil de la trama a contactar con la Administración balear. Fue a través del Ministerio de Transportes, reconocen, pero no aclaran quién ofreció la posibilidad de que en ese vuelo procedente de China viajase una partida de 1,4 millones de mascarillas para las islas.

“En esos días, cada uno de nosotros [en el Govern socialista] recibíamos decenas de llamadas al día ofreciendo material sanitario. Hay que tener en cuenta que estábamos en plena pandemia, que no había mascarillas, que estábamos en máxima tensión. Fomento nos ofreció esa posibilidad de un envío [de tapabocas] y para nosotros eso tenía una fiabilidad muy alta, más que la que tenían los comisionistas con los que tratábamos a diario. Todo se derivó al Ib-Salut [Servicio de Salud de Baleares], y para ellos gozaba de toda la fiabilidad porque venía de Transportes, del Gobierno de España”, explicaba este lunes en un encuentro informal con periodistas en el Congreso el hombre de confianza de Armengol, Iago Negueruela, exconseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, exportavoz del Govern y actual portavoz parlamentario del PSIB-PSOE.

Negueruela insistía en que su Gobierno decidió por sí mismo, no porque Transportes lo forzara: “Nadie nos presionó jamás para hacer ninguna compra. Y Ábalos no presiona a un Gobierno como el de Baleares”.

“Validación” del Consejo de Gobierno

A partir de ese primer contacto, la comunicación entre el Ib-Salut y la empresa continuó por correo electrónico y una “validación” final del pedido por parte del Consejo de Gobierno. No hay un contrato convencional al uso, porque en aquellos momentos críticos se levantaron los controles y permitió que bajo el paraguas de la contratación de emergencia tuvieran cabida fórmulas como esa comunicación vía e-mail y la autorización del Consejo de Gobierno, “e incluso habría bastado un contrato verbal”, dadas las condiciones tan excepcionales en las que lo prioritario era proveerse de material sanitario como fuera.

Nadie nos presionó jamás para hacer ninguna compra. Y Ábalos no presiona a un Gobierno como el de Baleares”, continúa el 'exconseller' Iago Negueruela

Desde el equipo de Armengol recuerdan que la Intervención General de la comunidad autónoma, la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción fiscalizaron posteriormente ese y otros contratos y dio su ok. “Pero delira quien piense que la presidenta hacía seguimiento de este tipo de expedientes”, añadió el ex número dos del Ejecutivo balear. En aquellos tres primeros meses de la pandemia, en 2020, se suscribieron numerosos contratos de material sanitario procedente de China por valor de 90 millones de euros. Es decir, que aquella adjudicación de 3,7 millones era apenas una gota en el océano.

El pedido hoy bajo lupa se realizó el 29 de abril de 2020 y se codificó así por el Ib-Salut, tal y como se puede leer en la factura: “Mascarillas protección facial FFP2 KN95 uso domiciliario”. Es decir, que desde el inicio se pensó distribuir los tapabocas no para los sanitarios, en el ámbito hospitalario, sino para uso civil. Se adquirieron 1.480.600 mascarillas, a 2,50 euros la unidad, por un importe total de 3.701.500 euros, al 0% de IVA.

Aterrizado el avión en Barajas, se contrató otra nave de transporte para que llevara la compra a Palma. El abono se hizo enseguida, el 5 de mayo de 2020, porque “había que pagar rápido para tener el material”. “Incluso había proveedores en China que pedían el dinero por adelantado para poder suministrar. Competíamos con todo el mundo y Baleares necesitaba ese material”, justificó Negueruela.

El certificado que se expidió para la empresa se expidió de oficio, como un 'corta-pega': “No significa nada, no significa que no puedas reclamar”

Recepcionadas las piezas, el Servicio de Salud solicitó al Ministerio de Trabajo, a través del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), con sede en Sevilla, que analizara las mascarillas suministradas por Soluciones de Gestión. El 8 de junio de 2020, el CNMP remite su análisis a Palma. El resultado es que ninguna de las cuatro referencias enviadas como ejemplo cumplía con los requisitos de una FFP2. Eran, por tanto, de inferior calidad. A la vista de ese análisis, las mascarillas fueron retiradas y almacenadas en el antiguo hospital de referencia de Son Dureta, y allí se queda. Por dos razones, según remarca el equipo de Armengol: porque el Ministerio de Sanidad exigía a las comunidades tener en stock tapabocas y demás material sanitario y porque así también servía como prueba para cuando se fuera a ejecutar el agosto de reclamación.

El 12 de agosto de 2020, sin embargo, Antonio Mascaró, subdirector de Compras y Logística del Ib-Salut, certificó que Soluciones de Gestión había realizado los suministros “de manera satisfactoria”. Ese es uno de los puntos débiles para el PP, pero lo que aduce el anterior Govern es que esos certificados los expide la Administración de oficio cuando los piden las empresas para que les sirva de aval para futuras licitaciones. Se trataba de un “simple corta-pega”. “No se baja al detalle de la mercancía. Se trata de una certificación en la que se expone que se ha cumplido con los términos económicos”, explicaba Negueruela. Ese escrito, además, lo preparó un funcionario, que le pasa el texto para su rúbrica al subdirector de Compras. Mascaró sabía que las mascarillas no eran válidas, pero “no se había iniciado la reclamación”.

Factura del pedido del Govern balear a Soluciones de GestiónDescarga

“El certificado no significa nada, no significa que no puedas reclamar”, precisó el exportavoz del Govern. La misma explicación opera respecto a los fondos Feder. Las piezas se pagaron con recursos comunitarios, pero la UE “permite certificar y descertificar” hasta 2025 partidas que se hubieran gastado hasta 2023. Es decir, que si la empresa devolviera el dinero, puntualizó Negueruela, se descertifica ese pedido y se asigna a otra partida de gasto sanitario. Si la compañía gana, entonces ese gasto imputado a los Feder sería correcto.

Tras el requerimiento de papeles de la Guardia Civil

Pese a que se supo desde el 8 de junio de 2020 que las mascarillas no reunían la calidad requerida, la petición de reintegro no llega hasta prácticamente tres años más tarde. En marzo de 2023, cuando ya había caducado el material comprado y meses después de que la Guardia Civil, que ya estaba investigando el caso Koldo, se personara en el Ib-Salut para demandar los papeles de esa adjudicación. El informe del instituto armado es, de hecho, del 26 de septiembre de 2022, y en él se constatan “irregularidades” como que “no se ha localizado documentación sobre la formalización del contrato”. Esa reunión, relató Negueruela, fue con los técnicos del Ib-Salut, no con la dirección política.

El 6 de julio de 2023, el Ejecutivo en funciones reclama a la mercantil del 'caso Koldo' el reintegro de 2,6 millones de euros

La Administración balear comunicó el 20 de marzo de 2023 a Soluciones de Gestión que procedería a tomar “las medidas oportunas” contra ella por “incumplimiento culpable del contrato”. Cuatro días más tarde, la empresa contestó y expresó su disconformidad, alegando que sus mascarillas cumplían con los requisitos. “Y en su defensa se agarró al documento de la recepción, no al certificado del 12 de agosto de 2020”, apuntó el exportavoz del Govern.

El 6 de julio de 2023, con el Ejecutivo socialista en funciones —al día siguiente, el día 7, tomaba posesión la popular Marga Prohens—, resolvió el expediente de reclamación: dado que el precio contratado para las FFP2/KN95 era de 2,50 euros la unidad y el precio medio de compra de las mascarillas quirúrgicas no FFP2/KN95 en ese periodo era de 0,424 euros, la diferencia de precio era de 2,076 euros. El Ib-Salut reclama a la contratista que le abone 2.626.584,40 euros, correspondiente a la diferencia de precio entre las mascarillas KN95/FFP2 solicitadas y las quirúrgicas que entregó en 2020.

Iago Negueruela, portavoz parlamentario del PSIB-PSOE y exportavoz del Govern y 'exconseller' de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, el pasado 14 de noviembre de 2023 en la Cámara balear. EUROPA PRESS / TOMÀS MOYÀ

¿Por qué se tardó tres años en pedir la devolución? Negueruela reiteró que se hizo dentro del plazo —el margen legal para tramitar una reclamación es de cuatro años—, y que en los primeros años de la pandemia los servicios del Ib-Salut se hallaban desbordados, ya que la prioridad era la compra de material sanitario, no tramitar las solicitudes de reintegro. Además, las mascarillas se podían almacenar y utilizar en momentos críticos, porque no eran defectuosas. Y, además, la Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la pandemia por covid-19 el 5 de mayo de 2023.

El equipo de Armengol sostiene que sí se informó del expediente abierto a la empresa al nuevo Ejecutivo de Prohens

El exportavoz del Govern defendió que “se informó al Ejecutivo de Prohens” que quedaba esta reclamación pendiente a través de los jefes de departamento. Los socialistas defienden que, una vez se firma el escrito, hay seis meses para tramitarlo, como lo indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero entienden que la nueva Administración balear ha dejado “caducar” el expediente, que es justo lo que perseguía la trama, que en los últimos meses maniobró para librarse del pago de la reclamación, tal y como consta en el sumario. El nuevo Ejecutivo popular argumenta que ahora quiere atacar por la vía penal, por lo que no ha vencido el plazo. Para Negueruela, el PP interpone “una cortina de humo”, porque la vía penal no analiza contratos ni tiene el mismo fin que el camino administrativo.

Por eso, tanto el PSIB-PSOE como el PSOE insisten en que es Prohens quien debe dar explicaciones, porque en los papeles aparece que Koldo García llegó a contactar —aunque no hay pruebas— con Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP y con “Alberto”. Los socialistas preguntan “quién es ese Alberto” y sospechan que se trata del jefe de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

“Víctimas” de una “cacería”

Armengol y su equipo se reconocen indignados, “víctimas” de una “cacería” injusta, cuando ellos, aducen, hicieron lo que debían hacer y han dado todas las explicaciones pertinentes: “No forma parte de la trama quien verifica, almacena y no destruye”.

La presidenta del Congreso cuenta con el respaldo absoluto de Ferraz y de la Moncloa. Este lunes, lo manifestó desde el cuartel general del partido la portavoz de la ejecutiva de Pedro Sánchez, Esther Peña. La petición de dimisión de Armengol que formula el PP “no tiene ningún fundamento” porque ni ella ni nadie del Govern aparece en el sumario, ni está encausado ni investigado por el juez.

La portavoz del PSOE señala que no tiene “ningún fundamento” la petición de dimisión de Armengol, porque no está en el sumario ni implicada, ni encausada

La dirigente burgalesa calificó de “sorprendente” la exigencia de los populares, que dimita la jefa de la Cámara “porque sí, por el artículo 33”, al considerarla “presunta colaboradora necesaria de la estafa” en la venta de mascarillas por la trama Koldo. Peña pidió “ceñirse a la realidad”, y recalcó que la demanda de dimisión no tiene sustento ni en la Constitución, ni en el reglamento del Congreso, por lo que “no va a tener ningún recorrido jurídico que lo avale”.

Quien sí aparece en el sumario, señaló, es Tellado y “Alberto”. Igual que figura el nombre de Ábalos, admitió, y dada su "responsabilidad política" el partido le exigió que entregara su acta, aunque él se negó y pasó al Grupo Mixto. Peña demandó al PP que deje de “ensuciar el nombre de personas que no pintan nada”. Eso sí, el PSOE será implacable con la corrupción “caiga quien caiga”, repitió.

La portavoz federal también defendió los argumentos esgrimidos por el anterior Ejecutivo de las islas. “El Gobierno de Baleares es una víctima de un producto que no era malo, sino que no era el solicitado”, apuntaló. Es decir, que no eran mascarillas fake, sino de inferior calidad. Además, siguió, la reclamación se hizo “en tiempo legal”, en medio de la “dificultad de la acumulación de expedientes relativos a la pandemia”. Es esa reclamación la que “preocupa a los corruptores” de la trama, porque no querían abonar la devolución, cosa que ya habrían conseguido con el Ejecutivo del PP. Así que “queda por saber”, para Ferraz, el papel de Tellado, “Alberto” y el otro “intermediario” citado por el juez, Jacobo Pombo, presidente del lobby Global Youth Leadership Forum y hombre ligado al PP y a la fundación FAES de José María Aznar.

Ferraz también ve al anterior Govern como “víctima” y mira al PP, que tiene que explicar por qué dejó caducar la reclamación

No escampa, sin embargo, para Armengol. El PP cree que el cerco se le estrecha y que la investigación de la Fiscalía Europea no hace más que ahogarla más. Pero ella, aunque se siente “afectada” por la “agresividad” de los populares, no va a tirar la toalla. Este martes vuelve a hacer declaraciones a los medios. Los suyos recuerdan que su capacidad de defensa está limitada por su papel institucional. Porque ella es la tercera autoridad del Estado, la “imagen del Congreso”, y desbordar ese marco, alegan, no es fácil.