Lunes 4 de marzo de 2024. Esther Peña, portavoz del PSOE: "El Partido Socialista ha tomado una decisión, una posición firme y clara. Como ya se dictaminó en el último acuerdo y así seguirá siendo, no tenemos previsto hacer ninguna modificación. Les dijimos siempre: nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos seis grupos parlamentarios y que entendemos que este jueves puede conseguir el apoyo mayoritario para aprobarse en esa Comisión de Justicia". Martes 5 de marzo. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno: "Esta ley entró impecable al Congreso y va a salir impecable, constitucional, conforme al Derecho europeo y con un objetivo claro, mejorar la convivencia".

Entre unas palabras y otras habían transcurrido apenas 24 horas. Pero el tenor de las mismas, a la misma pregunta de los periodistas, si habrá algún cambio en la ley de amnistía en lo que se refiere a los delitos de terrorismo, es muy distinto. Y es pertinente constatar las diferencias porque este jueves, 7 de marzo, como máximo, se descubrirán todas las incógnitas, ya que la Comisión de Justicia del Congreso aprobará el nuevo dictamen de la ley. El lunes, la portavoz de la cúpula del partido mantenía la posición oficial que habían defendido Gobierno y PSOE desde que Junts frenara la norma en su trámite final en el Congreso antes de pasar al Senado: no habría modificaciones en un artículo clave de la ley, el 2. d), el que señala que no son amnistiables los delitos de terrorismo que, "de forma manifiesta y con intención directa", hayan causado violaciones graves de derechos humanos". Esto es, los que resulten en muerte o tortura.

La ley de amnistía es la clave de bóveda de esta legislatura, la llave que abre la puerta de los Presupuestos del Estado que podrían estabilizar al Gobierno después de un convulso arranque

Junts, sin embargo, ha estado presionando en las últimas semanas para ensanchar el olvido penal, para que dé una mayor cobertura. Para que se amnistíen, en definitiva, todos los delitos de terrorismo, cualquiera que sea su gravedad, y los que supongan alta traición. En quien piensan los convergentes es en su líder, en Carles Puigdemont, a quien el jueves pasado el Tribunal Supremo acabó abriéndole causa penal —como quería el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón— por terrorismo, por su "liderazgo absoluto" de Tsunami Democràtic, la organización que estaba detrás de las protestas violentas callejeras en Cataluña que siguieron a la sentencia del procés de 2019.

Las conversaciones de este último mes, desde que Junts frenó en seco la tramitación de la ley y, con su no, la devolvió a la Comisión de Justicia, se han visto envueltas en un hermetismo máximo. Ninguna de las partes suelta prenda de cuáles son los contornos de la nueva redacción. Pero las señales de que el acuerdo es inminente proceden de los dos lados. El pasado sábado, Puigdemont dio por arrancada una "nueva etapa", como si la amnistía fuera la página que se había logrado cerrar. Y, mientras, los socialistas insisten en que el pacto está "muy cerca", como este martes verbalizó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Pero rehúsan dar más detalles, también porque admiten en privado que cualquier paso en falso puede ser fatal y puede dar al traste con una negociación extremadamente delicada. La ley de amnistía es la clave de bóveda de esta legislatura, la llave que abre para Pedro Sánchez la puerta de los Presupuestos Generales del Estado, con los que puede empezar a asentar un mandato que ha comenzado convulso y que ahora se ha visto fuertemente agitado por el caso Koldo.

Este martes, tanto en declaraciones públicas como fuera de los micrófonos y de las cámaras, en el Gobierno no se veía la misma firmeza que en días atrás respecto a la cuestión nuclear del terrorismo. Alegría fue preguntada en varias ocasiones por los periodistas, al igual que otros compañeros suyos de Gabinete, si el Ejecutivo mantenía su línea roja. Esto es, no ampliar el paraguas de la amnistía para acoger más casos de terrorismo. La portavoz se limitó a recalcar que "lo verdaderamente importante de esa ley de amnistía es que salga impecable, constitucional, conforme a Derecho europeo y firme en su objetivo, que es mejorar la convivencia en nuestro país", que entró "impecable" en el Congreso y saldrá "impoluta". Es decir, que su constitucionalidad quedará asegurada. No quiso dar más detalles porque, al tratarse de las horas finales de la negociación, manda la prudencia. Porque "nada está acordado hasta que todo está acordado", sostuvo. También rehusó descender a los detalles el portavoz parlamentario socialista, Patxi López.

Negociación a tres, también con ERC

En privado, desde el Ejecutivo no precisan si habrá cambios en la cuestión mollar del terrorismo, la última línea roja que se impusieron los socialistas. Insisten en que defenderán "cómodos" la nueva redacción, que no les supone ninguna quiebra de su discurso y que, más allá de la letra pequeña, la ley que apruebe este jueves la Comisión de Justicia será "constitucional", "impecable", que no tropiece con los filtros posteriores. Y es que si el PSOE se negó en enero a aceptar las enmiendas de Junts fue porque adujo que abrir más la mano podría chocar con el Tribunal Constitucional o con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Incluso ERC advirtió de que convenía no tocar los cimientos de la ley, porque supondría debilitarla y hacerla más vulnerable ante los tribunales que tendrán que validarla.

Alegría pide prudencia porque "nada está acordado hasta que todo está acordado"

Los socialistas, por eso, siempre afirmaron que solo se abrían a retoques menores de la norma, que no cambiaran la "filosofía" del texto. Lo que se puede anticipar es que, muy probablemente, cuando se conozca el acuerdo, Gobierno y PSOE alegarán que se trata de modificaciones "técnicas" y Junts señalará que son reformas más profundas que justificarían su frenazo a la ley y que le servirían para volver a presumir frente a ERC que arranca más concesiones a Sánchez. Ya ocurrió en ocasiones anteriores.

El Gobierno ha defendido en estas semanas, tras el pleno del 30 de enero en el que los posconvergentes bloquearon la aprobación de la amnistía, que el dictamen anterior sí cubría a Puigdemont, porque "el independentismo catalán no es terrorismo", de modo que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas". Así lo expresó el propio presidente. Para entonces el Supremo no había abierto causa contra Puigdemont, pero sí que García-Castellón había elevado la investigación. Lo que quería decir Sánchez es que no era necesario cambiar la redacción de la ley porque la conclusión final de los jueces sería evidente: no hubo terrorismo. Pero el problema que podría enfrentar el expresident, si no hubiera cambios en la redacción de ese artículo clave, es que de entrada no se le podría aplicar la amnistía, ya que al ser investigado por terrorismo el Supremo entendería que ese no es un delito por el que se le pueda perdonar.

Fuentes del Ejecutivo insisten en que el acuerdo con Junts, aunque está ya muy próximo, todavía no está cerrado del todo. También porque la negociación es a tres, no solo con los de Puigdemont, sino también con ERC. Y en el Gobierno no quieren pecar de optimismo, por miedo a que en el último recodo todo salte por los aires. Para Sánchez, es necesario que la norma finalmente no descarrile. En medio de la angustia por el caso Koldo, la amnistía se ha convertido en la tabla de salvación para la coalición, para intentar salir de la espiral de malas noticias. Pero, cuando se conozca el acuerdo, podrá saberse quién ha ganado y quién ha perdido en una negociación exprimida hasta el último segundo, y también si la aprobación del dictamen es capaz de eclipsar por unos días la causa de presunta corrupción que atenaza a los socialistas.

Bolaños reprocha al PP que ahora aparque la amnistía

Después de que la Comisión de Justicia respalde este jueves el texto, el paso siguiente será la aprobación por el pleno. ¿Pero cuándo? La Junta de Portavoces de la Cámara es la que organiza el orden del día de la sesión plenaria, pero este martes no se reunió y, para que se pueda modificar el de la semana próxima, tendría que haber unanimidad de todos los grupos. Y, previsiblemente, no la habrá, por la oposición de la derecha. Habría entonces dos salidas: llevar la amnistía al pleno de la siguiente semana, la del 19 de marzo, o bien que la jefa de la Cámara, Francina Armengol, haciendo uso de su potestad reglamentaria, convoque una sesión extraordinaria el próximo jueves, día 14. Esta última es la alternativa preferida del Gobierno, que quiere que el texto llegue lo antes posible al Senado, donde sufrirá un letargo de dos meses, ya que el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, quiere apurar el tiempo máximo que le permite la Constitución. La norma regresaría al Congreso para su aprobación definitiva, pues, para finales de mayo.

La aprobación de la norma será una tabla de salvación para los socialistas, conmocionados por la ola gigante del 'caso Koldo'

El PP ha aparcado casi por completo la amnistía de su ejercicio de control al Gobierno. Este martes, de hecho, compareció el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la Comisión Constitucional del Senado y los populares no le sacaron la ley cuando les tocó interpelarle. Algo no pasó desapercibido para el ministro. "¿Es porque todo era una gran trola?", inquirió Bolaños de vuelta, alegrándose de que el PP y el Senado hubieran pedido el pronunciamiento de la Comisión de Venecia.

El borrador de informe, que se conoció el pasado viernes, prueba para el Ejecutivo que la amnistía es "una herramienta política y constitucional útil, necesaria para la reconciliación y para superar un grave conflicto político como sucedió en Cataluña" y que desmonta las "falacias" del PP. Ya en la sesión de control de la tarde en el pleno de la Cámara alta, Bolaños insistió en su argumentación: "Gracias de corazón por haber pedido un informe a la Comisión de Venecia", dijo a la bancada del PP. "Han ido a Venecia a por lana y han salido trasquiladísimos". Una lectura que no comparten los populares, que acusan al Ejecutivo de "manipular el contenido" del borrador del órgano consultivo del Consejo de Europa.

Apenas quedan unas horas para conocer el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts y que tendrán que validar el resto de socios, singularmente ERC. Sánchez acaricia la superación de la primera gran meta volante de la legislatura en un contexto muy adverso para él por la dimensión del incendio del caso Koldo.