Fumata blanca. Más de un mes después de que Junts frenara en seco la tramitación de la ley de amnistía, el acuerdo sobre la redacción definitiva ya es un hecho. PSOE, ERC y Junts lanzaron a las 20 horas de este miércoles un comunicado conjunto en el que anuncian su pacto, al que llegan mediante una enmienda transaccional única y que permitirá, aseguran, que el olvido penal cubra "a todas las personas vinculadas al proceso independentista" y que el texto sea "plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales". El contenido literal de esta enmienda firmada a tres bandas se dará a conocer este jueves a primera hora, antes del arranque de la Comisión de Justicia del Congreso encargada de aprobar el nuevo dictamen de la ley, que será elevado a pleno, previsiblemente, la próxima semana.

La nota conjunta no ofrece más detalles. Apunta que PSOE, ERC y Junts han alcanzado el acuerdo "después de días de trabajo conjunto", y "teniendo en cuenta las directrices del Derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia". Los tres grupos parlamentarios han labrado esa "transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas, para reforzar la ley de amnistía".

Sánchez necesitaba pasar página de la amnistía en un momento de extrema dificultad por el cerco del 'caso Koldo'

El escrito remitido a los medios de comunicación, de apenas dos párrafos, no especifica qué cambios se introducen en la proposición de ley, pero fuentes conocedoras de la negociación sí precisaron a este diario que no se hace ya alusión al Código Penal en la definición de los delitos de terrorismo —solo se cita las normas europeas—, y que podrán ser amnistiados delitos de alta traición siempre que no haya habido una amenaza o un uso efectivo de la fuerza efectivos contra la integridad territorial de España. Estos cambios van en la línea de lo que exigía Junts, que quería que la amnistía cubriera todos los delitos de terrorismo, no solo los más leves, para que en ella pudiera entrar Carles Puigdemont, ahora encausado por el Tribunal Supremo. También la formación del expresident presionó para que se perdonaran los delitos de alta traición, con el fin de neutralizar así la causa que sigue el juez de Barcelona Joaquín Aguirre —el instructor del caso Voloh— y que podría acabar salpicándole.

Comunicado conjunto sobre el acuerdo de la ley de amnistíaDescarga

El pacto llega, como siempre, al límite, a muy pocas horas de que comience la Comisión de Justicia del Congreso, programada para este jueves, 7 de marzo, a las 11 de la mañana. El PSOE y la formación del expresident cierran un acuerdo que implica finalmente "cambios" en el texto, bendecidos por ERC y que suponen, para el Gobierno, una marcha atrás respecto a su idea inicial de no incluir más que retoques técnicos, y no de calado. Pero Pedro Sánchez necesitaba pasar página de la amnistía y que le sirviera, incluso, de tabla de salvación en un momento de extrema dificultad por el cerco del caso Koldo. Con la ley fundacional de esta legislatura ya montada, el presidente espera poder disponer de unos nuevos Presupuestos muy pronto y asentar la coalición, disipar las dudas y las sombras sobre la resistencia del Gobierno.

Las señales de que el acuerdo estaba muy próximo se aceleraron en los últimos días. Especialmente a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de investigar a Puigdemont por terrorismo, por su "liderazgo absoluto" de Tsunami Democràtic, la organización responsable de las revueltas callejeras del otoño de 2019 en Cataluña, tras la sentencia del procés. Y también ayudó, según los negociadores, el empujón de la Comisión de Venecia, su "aval" a la proposición de ley de amnistía. El borrador de informe del órgano consultivo del Consejo de Europa [aquí en PDF] sí recogió algunos reparos al texto original pactado por el PSOE y sus socios independentistas, pero la lectura del Ejecutivo es que allanó claramente el camino para el acuerdo al no poner objeciones a la existencia misma de una ley de amnistía y a su propósito central: la "reconciliación" interna.

Cinco grandes bloques de cambios

Según adelantaban fuentes de la negociación, hay cambios significativos en la redacción, pero no se reconfigura el diseño de la ley. En materia de terrorismo, la amnistía no incluirá los actos que vulneren la directiva europea de 2017 y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (muerte y tortura). Es decir, se elimina la referencia al Código Penal español (que lo aborda en su artículo 573) para que Junts entre en el acuerdo. No obstante, la legislación interna va en línea con la directiva europea y en todo caso siempre prevalece esta, al tener mayor rango.

También se refuerza el régimen de los delitos económicos para que en ningún caso sean amnistiados delitos donde haya habido enriquecimiento

Lo que la UE define como terrorismo son los atentados contra la vida de una persona que puedan causarle la muerte o contra su integridad física; el secuestro de rehenes; la destrucciones masivas de instalaciones estatales, transportes o infraestructuras críticas; el apoderamiento ilícito de aviones, buques o medios de transporte colectivos; la fabricación, tenencia, adquisición, suministro o uso de explosivos; la liberación de sustancias peligrosas o la provocación de inundaciones o explosiones; la perturbación del suministro de agua o electricidad; la interferencia ilegal en los sistemas de información o la amenaza de cometer cualquiera de estos actos. Por tanto, lo que se hace es borrar la referencia al Código Penal para remitirse únicamente a la directiva comunitaria, pero no se pasa a perdonar todos los delitos de terrorismo, como exigía Junts. Está por ver si este retoque convence al Supremo o bien entiende que no afecta a Puigdemont. Marta Rovira, líder de ERC, también está encausada, en su caso por la Audiencia Nacional, al no ser aforada, y esta enmienda perseguiría blindarla igualmente.

Segundo cambio importante: los delitos de traición. No se perdonarán aquellos en los que se hayan vulnerado principios de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones de la Asamblea General sobre las relaciones pacíficas entre los países. Dicho de otro modo, no se amnistiarán los delitos de traición en los que haya habido una amenaza o uso de la fuerza efectivos contra la independencia o la integridad territorial de España. Es decir, que sí se amnistiarían los casos leves, una previsión que antes no figuraba. Tercera modificación: se refuerza el régimen de los delitos económicos para que en ningún caso sean amnistiados delitos donde haya habido enriquecimiento.

Cuatro: no se devolverán las sanciones impuestas, pero —y aquí está el cambio pedido por ERC— se podrán exceptuar las multas menos graves fijadas en virtud de la ley mordaza. Y cinco: se extiende el ámbito temporal del procés, como quería Junts, a noviembre de 2011, al entender los tres grupos que algunos elementos previos pudieron comenzar con anterioridad a la fecha que se incluía en la primera redacción (1 de enero de 2012).

Se amplía el ámbito temporal del 'procés', como quería Junts, a noviembre de 2011

Con este último acuerdo, sentencian los socialistas, "culmina con éxito una negociación con los requisitos" que ellos establecieron: la norma "saldrá del Congreso igual que entró: plenamente constitucional y compatible con el Derecho de la UE y el Derecho internacional y ahora también acorde a los criterios de la Comisión de Venecia". El Gobierno presume de que la ley estará alineada con los "mejores estándares internacionales" e incluso podrá ser "una referencia para otras leyes de este estilo en todo el mundo".

Contradicción con las palabras de Peña

Llegar a este punto no fue nada fácil, pero en los últimos días ya el camino se veía expedito. El pacto estaba "muy cerca", decía el martes a mediodía Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno. Es inminente, apuntaba más tarde el propio Sánchez a los periodistas en el avión que les llevaba hasta Brasil. "En la recta final", aproximaba sobre la una de la tarde de este miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el muñidor legal del texto por la parte socialista. Quedan "pocos minutos o pocas horas" para conocer la enmienda transaccional, apuntaló de nuevo el presidente sobre las cinco de la tarde en su comparecencia conjunta con Luiz Inácio Lula da Silva en el palacio de Planalto de Brasilia. El optimismo también se trasladaba desde Junts. Pero nadie quería dar detalles por adelantado hasta que el acuerdo estuviera cerrado y suscrito. La comunicación llegó a las 20 horas a través de esa nota conjunta.

Lo importante es que va a haber ley y que efectivamente va a ser plenamente constitucional y acorde con el Derecho europeo", zanja Sánchez

La confirmación clave la ofreció Sánchez durante el vuelo a Brasil. El nuevo dictamen, dijo, incorporará "cambios", para ofrecer más "garantías" a Junts, para disolver todas sus dudas. No dijo cuáles para no anticiparse. "Lo importante es que va a haber ley y que efectivamente va a ser plenamente constitucional y acorde con el Derecho europeo", zanjó durante su rueda de prensa con Lula.

Sin embargo, el propio presidente y su equipo en el Gobierno y en el PSOE habían reiterado en las últimas semanas que no se tocaría la ley, que se encontraban "cómodos" con la redacción que se llevó al pleno del Congreso el 30 de enero —que ERC apoyaba y que Junts rechazó— y que no podían ceder más porque se jugaban que el texto no pasara el filtro del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El pasado lunes, hace escasamente 48 horas la portavoz del partido, Esther Peña, aseguraba que la previsión es que la amnistía se aprobara en la Comisión de Justicia "sin ninguna modificación" en cuanto al delito de terrorismo. Una afirmación rotunda que se explica por su "falta de información", dicen en la Moncloa, y que finalmente no se cumplirá.

Y es que en este mes la posición de los socialistas se ha debilitado al máximo. Primero, por el varapalo profundo de las elecciones gallegas del 18-F, en las que firmaron su peor resultado, y después, y sobre todo, por el estallido del caso Koldo, que ha supuesto, por el momento, la traumática caída de José Luis Ábalos (y su pase al Grupo Mixto) y el cese del secretario general de Puertos del Estado, y la presión máxima del PP sobre Francina Armengol, la presidenta del Congreso, por un contrato del Gobierno balear que ella presidía con la empresa central de la presunta trama corrupta. Sánchez necesitaba relanzar al Ejecutivo, intentar salir del atolladero y estabilizar la legislatura. Y solo con la amnistía solventada podía pensar en disponer de unos nuevos Presupuestos pronto. El presidente, por tanto, ha priorizado afianzar su Gabinete a costa de nuevas concesiones a Junts.

La cobertura que necesitaba Sánchez para cruzar la frontera que él mismo se había impuesto se la ofreció la Comisión de Venecia, según incidían fuentes muy próximas en las últimas horas. Porque el órgano no ve que peligre la separación de poderes, demuestra que una ley de estas características es "legal" y está diseñada para la "reconciliación". "Y los reparos son más terminológicos —señalan—. Critica la urgencia, pero al final la tramitación de esta ley llevará más de seis meses [arrancó en noviembre de 2023 y concluirá, previsiblemente, a finales de mayo de 2024]. Y dice que la reforma constitucional es una sugerencia, pero no exigible, porque de hecho 12 de los 54 países analizados la admiten aun sin reflejarla en sus textos constitucionales".

El Gobierno se aferra al informe preliminar de la Comisión de Venecia para justificar los últimos cambios

Respecto al terrorismo, la Comisión de Venecia subrayaba que "los límites establecidos por el derecho internacional se refieren a violaciones graves de los derechos humanos, que no son necesariamente lo mismo que los delitos graves según el derecho interno". Una precisión que celebró Junts el pasado viernes como una prueba de que validaba su defensa a ultranza de una amnistía "integral" e "inmediata".

Lo que siempre ha perseguido la formación de Puigdemont, por tanto, es que la amnistía se aplique de manera directa al expresident, y la redacción de enero no se lo garantizaba, y menos después de que el Supremo le abriera causa penal. Sánchez, en su charla informal con los periodistas, insistía en que siempre estuvo convencido de que la redacción, tal como estaba, sí aseguraba que todos los independentistas fueran amnistiados, pero agregó que si había que reforzar esas "garantías" para satisfacer a los posconvergentes, lo haría.

La Comisión de Justicia del Congreso aprobará este jueves el nuevo dictamen, y automáticamente se elevará a pleno, que le dará su visto bueno probablemente el jueves 14 de marzo o, como máximo, la semana siguiente. De ahí el texto caminará hasta el Senado, en la que el PP estirará al máximo, dos meses, el tiempo de tramitación, y desde la Cámara alta regresará al Congreso, seguramente a finales de mayo, para su aprobación definitiva.

Tanto los ministros como la presidenta del Congreso cuentan con mi respaldo", apunta el presidente, que carga contra las "insidias" y los "bulos" del PP

El desbloqueo de la ley de amnistía llega en un momento delicadísimo para el Gobierno, en plena tormenta por el caso Koldo. Sánchez también tuvo que responder preguntas de los periodistas en Brasil. Allí manifestó —horas antes lo había hecho en el avión— que cierra filas con la jefa de la Cámara baja, de la que el PP pide su dimisión inmediata: "Tanto los ministros, como en este caso la presidenta del Congreso, claro que cuentan con mi respaldo", dijo cuando se le preguntó si será necesario que el PSOE exija más responsabilidades políticas más allá de las de Ábalos y el secretario general de Puertos.

Informe preliminar de la Comisión de Venecia sobre la proposición de ley de amnistíaDescarga

"Defender la democracia y luchar contra esa corrupción es no infundir bulos, descalificaciones, insidias, que lo que hacen es poner en marcha una estrategia del ventilador, que lo que hace es generar mucha zozobra por parte de la opinión pública", advirtió Sánchez desde Brasilia. El cierre de la ley de amnistía se ha convertido paradójicamente en un dulce para el Gobierno en medio de la amarga y pesada comida que está siendo el caso Koldo.