La Ley de amnistía se desencalló tras una llamada telefónica entre el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su homóloga en Esquerra, Marta Rovira, la mañana de este lunes. Tras meses de intensas negociaciones del PSOE con Junts y ERC en mesas separadas, sin contacto entre los dos partidos independentistas en liza, fue el contacto entre sus secretarios generales lo que permitió desencallar la negociación del texto que la Comisión de justicia del Congreso ha aprobado este jueves con los votos de estos tres partidos, Sumar, PNV y EH Bildu.

El sábado, cuando todo el mundo daba por hecho el acuerdo por el optimismo exhibido por Carles Puigdemont desde Francia, en un acto en el que habló de abrir "una nueva etapa" dejando atrás "la represión", el acuerdo con el PSOE no estaba cerrado, reconocen desde Junts. Pero renunciaron a pedir una prórroga en los trámites del Congreso -como el PSOE había hecho dos semanas antes- convencidos de que el debate "estaba tan trillado" que conseguir más tiempo no hubiera servido para desencallar el acuerdo. Necesitaban un deadline para forzar el acuerdo.

Terrorismo y multas

Según fuentes de los partidos independentistas, durante esas negociaciones el PSOE rechazaba las propuestas de Junts escudándose en negativas de Esquerra y a la inversa. Los republicanos no veían con buenos ojos las propuestas de JxCat para amnistiar a los acusados de terrorismo por los casos de Tsunami Democràtic y los CDR detenidos en la 'Operación Judas'.

Desde Junts, por su parte, recelaban de la exigencia de Esquerra para que la amnistía avale también que la Generalitat devuelva las multas impuestas a manifestantes independentistas en aplicación de la Ley de seguridad ciudadana, la conocida como Ley mordaza. La deteriorada relación entre junteros y republicanos ha convertido al PSOE en el vértice único de la negociación durante estos meses.

Pero el domingo, Turull y Rovira, los únicos dirigentes de ambos partidos que participaron en el 1-O y siguen manteniendo una relación "engrasada" se intercambiaron mensajes para llamarse al día siguiente. Fue la mañana cuando ambos hablaron y acordaron derivar la negociación a sus respectivos equipos jurídicos, liderados por Gonzalo Boye y Josep Pagès en el caso de Junts, y Marta Vilaret por ERC.

En dos días tenían un texto acordado que se trasladó al PSOE el miércoles desde Junts y Esquerra de forma paralela, advirtiendo a los socialistas que tenía la aquiescencia de las dos direcciones independentistas. Y el PSOE aceptó formalmente el texto propuesto por los independentistas, apenas 24 horas antes de que el texto llegara a la votación clave en la Comisión de amnistía.

El dictamen de Venecia

Una aceptación en la que ha tenido mucho que ver el dictamen de la Comisión de Venecia, añaden desde Junts. Cuando se filtró el borrador sobre la ley de amnistía el PSOE vio un aval a la ley, pero los independentistas vieron además la "pista de aterrizaje" que necesitaban para que los socialistas pasaran del "no se cambiará ni una coma" del 30 enero a aceptar sus modificaciones sobre el texto.

De ahí la alusión a la Comisión de Venecia en la exposición de motivos del texto reformado. Apuntan además que el borrador de la Comisión Venecia señala que los actos graves para derecho humanitario no necesariamente coincide con lo que un Estado define como delitos graves, en este caso de terrorismo. De ahí que ese informe sirviera para convencer a los socialistas ligando las exclusiones al concepto de terrorismo definido por la Directiva europea sobre la materia.

El informe de la Comisión ha sido especialmente relevante en las modificaciones introducidas sobre el delito de malversación, en el que la Comisión de Venecia tenía serias reservas

Relatos contrapuestos

Hasta aquí llegó el acuerdo. Este jueves Junts y Esquerra han vuelto a los relatos contrapuestos. Los republicanos asegurando por boca de Rovira que los cambios introducidos respecto al texto rechazado por JxCat el 30 de enero son meramente "estéticos". Los de Puigdemont, por su parte, sostienen que sin su 'no' en el primer pleno que votó la amnistía no se habría podido introducir las correcciones que señalaba la Comisión de Venecia, que a su juicio blindan la actual proposición de ley.

Desde Esquerra advierten que el hecho de no mencionar el Código Penal en el texto de la ley no va a evitar que los jueces se remitan a su definición te terrorismo, y que las interpretaciones que se puedan hacer desde el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional sobre la aplicación de la amnistía les obligará a "batallar" para conseguir el perdón de todos los implicados en el 1-O y Tsunami. Especialmente para dirigentes como Rovira y Puigdemont.

Para Junts, el redactado actual permitirá amparar bajo el paraguas de la amnistía a entre 150 y 200 personas que "el 30 de enero podían ser imputadas" por las investigaciones derivadas de Tsunami y los CDR.