Lo que el miércoles fue una advertencia, este jueves se ha convertido en el certificado de defunción del enésimo intento de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace cinco años, según admiten distintas fuentes del PP consultadas por El Independiente. Si bien admiten que arrancaron esta negociación con la ley de Amnistía ya sobre la mesa, "todo es susceptible de empeorar" y "lo pactado ahora con Junts y ERC es un auténtico disparate", justifica un destacado dirigente del PP con asiento en el "núcleo duro" del partido.

No es una percepción muy distinta a la que mantiene, en este caso, un miembro de la dirección del Grupo Parlamentario al opinar que "el pacto para el CGPJ es imposible", ni de un barón territorial que ve tocada de muerte cualquier aproximación al PSOE en materia de Justicia. Mucho deberían cambiar las cosas para que la cuarta intentona de pacto pudiera fructificar en mitad de la bronca por la amnistía.

"La Ley de Amnistía ya nos pareció mal desde su primer redactado y ahora nos parece aún peor", señala un cuarto dirigente para destacar la dificultad de sellar un acuerdo con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el mismo que este jueves llegó a decir que el pacto con los de Carles Puigdemont va a ser un referente "internacional" y "mundial", epopeya de la que se felicita a sí mismo. "Quiero concluir felicitándome...", dijo en su mitin de valoración política del acuerdo.

Ya este miércoles, el vicesecretario de Institucional del PP e interlocutor con Bolaños, Esteban González Pons, advirtió desde Bucarest (Rumanía), ciudad donde se han reunido los populares europeos del PPE, que "es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el CGPJ con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse, rompiendo la división de poderes" y eso que entonces desconocían el contenido concreto de las enmiendas transaccionadas entre el PSOE, Junts y ERC.

También dejó en el aire si acudiría el miércoles 13 a la nueva reunión tripartita convocada por el comisario de Justicia, Didier Reynders, esta vez en Estrasburgo y no en Bruselas dado que se reúne el pleno de la Eurocámara. Fuentes del PP confirman que González Pons estará en esta ciudad francesa fronteriza con Alemania a las 10 de la mañana, hora de la cita. Resultaría imposible explicar su inasistencia a una cita que ellos mismos forzaron al proponer que la Comisión Europea "supervisara" la cuarta negociación PSOE-PP para dar cumplimiento a las recomendaciones de la misma en materia de Estado de Derecho.

"Despolitización" de la Justicia

Además de la última modificación de la proposición de ley de amnistía para "blindar" a un prófugo de la Justicia, los populares insisten en la nula voluntad de Moncloa y PSOE por abordar un cambio en el modelo de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. "Ya tuvimos nuestro debate para un acuerdo supeditado a las grandes cuestiones", narra una de las fuentes consultadas sobre la reflexión interna que hizo el primer partido de la oposición antes de volver a la mesa de diálogo tras la ruptura de octubre de 2022.

Esas "grandes cuestiones" pasaban por la despolitización de la justicia y cambios en el sistema de renovación del Consejo, "pero no vemos al PSOE en esa línea", critica una de las fuentes consultadas. "El Gobierno nos lo va a poner difícil", dice otro. "El PSOE no cede", plantea un tercero. Lo cierto es que, aunque pongan la pelota en el tejado de Moncloa, los populares no desean ahora una foto con el Ejecutivo en plena polémica por la ley de Amnistía y, no olvidemos, por el "caso Koldo", que extiende sombras de duda sobre buena parte de la gestión del Ministerio de Transportes con ramificaciones que parecen alcanzar, incluso, a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En este sentido, otro presidente autonómico resume el sentir generalizado en el PP: "Indudablemente Koldo y la más humillante ley de amnistía dificultan bastante un acuerdo" sobre el Consejo.

Los socialistas defendieron hasta este lunes, en boca de la portavoz de la ejecutiva federal, Esther Peña, que no habría ninguna otra vuelta de tuerca al articulado de una ley que se presumía "impecable y sólida". Pero la validez de sus palabras apenas duró 24 horas desde el momento en que Pedro Sánchez confesó ante los periodistas que le acompañan en un viaje a Brasil que, una vez más, iban a incorporar cambios en el texto por exigencias de Junts para blindar a Carles Puigdemont.

De nada sirvió ofrecerles a cambio una reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar el tiempo de instrucción de las causas, tal y como adelantó este medio, y a saber si hubo alguna otra oferta más. Finalmente, los secesionistas de Junts impusieron su criterio para buscar una salida personal a su jefe de filas, que espera pasearse por Cataluña el próximo mes de julio y ser recibido como Josep Tarradellas tras 38 años en el exilio.

Alberto Núñez Feijóo tendrá ocasión de hablar de este y otros temas con sus barones territoriales, a los que ha citado a un "retiro" de dos días en Córdoba -este viernes y mañana sábado- para coordinar mensajes y estrategias de gestión y de acción política. No está previsto que se celebre el lunes de la próxima semana comité de dirección del partido por problemas de agenda, aunque deberán preparar la cita del miércoles en Estrasburgo en una vía que ya consideran muerta.