El Gobierno cree que el PP tendrá difícil sostener ante Reynders su negativa a renovar el CGPJ

Didier Reynders fijó la tercera cita para el miércoles 13 de marzo, a las 10 de la mañana. En Estrasburgo, coincidiendo con el pleno del Parlamento Europeo en la ciudad francesa. Esperaba el acuerdo "lo antes posible".

Lo decía el comisario europeo de Justicia el pasado martes. Antes de que Pedro Sánchez confirmara que sí, que habría "cambios" en la ley de amnistía para dar las suficientes "garantías" a Carles Puigdemont. Un anuncio de que el acuerdo con Junts (y con ERC) estaba al caer y que el PP construyó en asidero para amagar con descolgarse de todo pacto con el Ejecutivo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional cuyo mandato acabó hace más de cinco años. El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, dejó incluso en el aire su asistencia a la reunión convocada por Reynders para el día 13. "Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el CGPJ con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse, rompiendo la división de poderes", aseguraba el dirigente valenciano el miércoles desde Bucarest (Rumanía), donde tenía lugar el congreso del Partido Popular Europeo.

Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el CGPJ con alguien que está humillando, desautorizando y obligando al Supremo a corregirse, rompiendo la división de poderes", alegaba Pons

El acuerdo de PSOE, Junts y ERC acabó por cerrarse ese día, miércoles 6 por la tarde. Y la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el nuevo dictamen de la ley de amnistía el jueves 7, y lo envió a pleno para que lo respalde y remita al Senado este próximo 14 de marzo. Los cambios acordados afectan finalmente, en síntesis, al terrorismo —no se amnistiarán los delitos graves, pero desaparece la referencia al Código Penal español y se apela únicamente a la directiva europea de 2017—, a la alta traición —se proporciona un blindaje extra a Puigdemont— y a la malversación —se perdonarán este tipo de delitos siempre que no haya enriquecimiento personal—.

El PP confirmó la asistencia de González Pons a la cita con Reynders del miércoles 13. Pero desde la cúpula de Alberto Núñez Feijóo adelantaban el fracaso. No podría haber acuerdo con la ley de amnistía sobre la mesa. Y lo dificultaba el caso Koldo.

El Gobierno, sin embargo, no tira la toalla. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acudirá a la cita en Estrasburgo. Y en la Moncloa creen que, frente a frente con Reynders, Pons no podrá apoyarse en la amnistía para rechazar la renovación del CGPJ.

La amnistía ya fue la llave de la investidura

En el equipo más cercano a Sánchez recuerdan que la negociación se está dando "en los términos que Feijóo pidió" cuando se reunió con él el pasado 22 de diciembre. El PP "eligió el campo de juego", Bruselas —el próximo miércoles, Estrasburgo—, y un mediador, finalmente el comisario Reynders. "Y nosotros aceptamos. Si nos dicen que hay que ir a Burundi, vamos. ¿Y ahora, qué van a alegar? ¿Que está sobre la mesa la amnistía? Pues le recordaremos al comisario que la amnistía ya estaba cuando comenzaron las conversaciones. De las treinta y pico excusas que ha puesto el PP para no renovar el CPGJ, esta es probablemente la más ridícula".

Dentro de la reunión, ante Reynders, Pons tendrá que dar un motivo si es que no quiere el acuerdo. Nosotros desde luego no vamos a renunciar a la posibilidad de un pacto", señalan en la Moncloa

Bolaños hará valer ante el liberal belga Reynders que la ley estaba en discusión antes de que Gobierno y PP se sentaran ante él. La amnistía fue, de hecho, la llave de la investidura, que Sánchez conquistó el 16 de noviembre, tres días después de que el Grupo Socialista registrara la proposición de ley en el Congreso. Los populares, de hecho, elevaron su protesta hasta Bruselas, y el propio Reynders ha repetido que la Comisión no se pronunciará hasta que el texto esté definitivamente aprobado.

"El comisario está observando. Está como en un partido de tenis. Lo que el PP diga fuera... está en su derecho, pero dentro de la reunión, ante Reynders, tendrá que dar un motivo si es que no quiere el acuerdo. Nosotros desde luego no vamos a renunciar a la posibilidad de un pacto", sostienen fuentes de la Moncloa.

Ni el Ejecutivo ni el PP han informado de las conclusiones de las dos anteriores reuniones de Bolaños y Pons con Reynders. El 31 de enero comenzó el diálogo a tres y continuó el 19 de febrero. Para esta tercera cita, por tanto, se esperaba un avance sustancial, casi definitivo, porque la Comisión además fijó que el periodo de conversaciones durara dos meses. O sea, hasta finales de marzo. Tampoco hay más margen, porque si prospera la candidatura de Reynders para el Consejo de Europa, debería ceder su cartera en el Ejecutivo comunitario a finales de este mes.

Nada se sabe de qué papeles se han cruzado las partes o hasta qué punto se han acercado posiciones. Reynders sí confirmó que se estaba "avanzando" hacia "un punto de vista común"

No se sabe, por tanto, qué papeles se han cruzado Gobierno y PP y hasta qué punto se han ido acercando posiciones. Todo se ha conducido con máxima discreción. "Secreto de sumario", resumen desde el Ejecutivo. Los populares han insistido en que la renovación del CGPJ tenía que ir de la mano de la reforma del modelo de elección de los 12 vocales del turno judicial. Los socialistas, mientras, se han aferrado a la posición sostenida por Reynders: primero, el relevo en la cúpula judicial, porque es lo urgente, y después estudiar un cambio del sistema. Ambos partidos, no obstante, llegaron a un preacuerdo en octubre de 2022, pero Feijóo hizo estallar los puentes por la presión interna y porque no tenía garantías del presidente de que fuera a cancelar la reforma del delito de sedición, que estaba ya en los planes del Gobierno desde el comienzo de la pasada legislatura. Modificación a la que acabó sumando la rebaja de la malversación, también muy contestada por el PP.

Cita "definitiva" para saber si hay bloqueo o sigue el diálogo

Reynders señalaba la semana pasada que, aunque no era "fácil conciliar puntos de vista", en este caso "divergentes", sí se estaba "avanzando", se estaba caminando hacia un "punto de vista común" entre Ejecutivo y PP. Con esos mimbres convocó el encuentro de este 13 de marzo: "Espero llegar a un acuerdo lo antes posible. En cualquier caso, espero especialmente que seamos capaces de estabilizar la situación mediante la renovación del Consejo de Justicia y las reformas que sean necesarias en todo el mundo judicial en España".

Los populares aducen que los últimos cambios en la amnistía y el 'caso Koldo' dificultan el entendimiento, pero en el Gobierno sostienen que las modificaciones están inspiradas por el informe de la Comisión de Venecia

En la Moncloa insisten en que no pierden "la esperanza" de cara a la reunión a tres del próximo miércoles en Estrasburgo. "Lo importante es lo que suceda ahí", advierten, sin querer anticipar cómo puede responder Reynders a los argumentos del PP. El despacho en la capital francesa tendrá lugar, por cierto, horas antes de que el pleno del Congreso apruebe el dictamen de la ley de amnistía y la remita al Senado para que continúe allí su tramitación.

En todo caso, siguen en el entorno del presidente, la del próximo miércoles no tenía por qué ser la última reunión programada, porque cabrían más encuentros hasta que el comisario abandone sus tareas. Pero, con el amago de plante del PP, asumen que puede ser la "definitiva", la que sancione si se rompen de nuevo las negociaciones y se certifica otro fracaso que abocaría al CGPJ a una situación aún más insostenible, o la que por el contrario pruebe que los puentes aguantan y se puede culminar el proceso. En el PP, como publicaba este diario, la sensación que cunde es que un acuerdo con Sánchez, con la ley de amnistía y el caso Koldo copando la primera línea informativa, es imposible. Para Génova, los últimos cambios aprobados son una nueva cesión a Puigdemont. Para el Ejecutivo, sin embargo, se trata de mejoras en la redacción inspiradas por el informe preliminar de la Comisión de Venecia —informe pedido por el PP y el Senado—. Mejoras que pretenden fortalecer la norma ante los tribunales europeos, además de ante el Constitucional español. El propio Sánchez decía este viernes desde Santiago de Chile, preguntado por esos cambios que había prometido no introducir, que lo importante es que la ley "entró constitucional y va a salir constitucional y va a salir acorde con el Derecho europeo".

Los socialistas insisten, pues, en que no le será tan fácil a Pons esgrimir esos argumentos ante Reynders. Ellos quisieron su mediación y el comisario, además, se ha mostrado sensible a las tesis de los populares. Pero nunca dieron por hecho que el proceso concluyera en éxito: siempre dudaron de las verdaderas intenciones de los populares y también del talante de Pons.

Si la negociación se atasca de nuevo, se abriría un 'plan b'. Sánchez está dispuesto a estudiar la propuesta de Vicente Guilarte, presidente del CGPJ

Si la negociación descarrila, la pregunta siguiente será qué paso está dispuesto a dar el Gobierno. El presidente ha insistido en que no rebajará las mayorías necesarias para nombrar a los 12 vocales del turno judicial —hoy es de tres quintos, como la que se exige para la elección de los ocho vocales juristas de reconocido prestigio—, aunque sí se abrió a una modificación como la planteada por el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, consistente en un recorte de las funciones del órgano de gobierno de los jueces, para hacerlo entonces su control menos apetitoso para los partidos.

De nuevo, Gobierno y PP llegan a otra cumbre crítica. Y si todo falla, otra vez, se regresará al punto de partida. Para desesperación, también, de la Justicia.