Cuando este jueves, en pleno extraordinario, el Congreso de los Diputados dé el visto bueno a la ley de Amnistía pactada en Suiza con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, primer beneficiado por dicha ley, se inicia otra tramitación: la del Senado. Finalmente no va ser mucho más larga que la de la Cámara Baja, una vez que Junts consiguió doblar de nuevo el pulso al Ejecutivo de Pedro Sánchez después de repetir hasta la saciedad que no admitirían más cambios en el articulado.

Moncloa se aferró a que las modificaciones realmente no eran producto de las exigencias de Junts, sino adaptación de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que, en una interpretación como poco parcial, consideraban avalaba la ley. Pero no son los únicos informes que ha reclamado el Senado para intentar desmontar la línea argumental y el articulado de un texto que permitirá, según los cálculos de los postconvergentes, que Puigdemont vuelva a España en el próximo mes de julio.

El CGPJ ya ha dejado ver sus críticas a la ley de Amnistía

Quedan por delante dos textos que el PP entiende no podrán ser "manipulados por el Gobierno a su antojo". Uno de ellos es el que emita el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que, de hecho, ya ha manifestado mayoritariamente su opinión negativa sobre la amnistía. El segundo es el de los letrados del Senado. Los populares dan por hecho que, a diferencia del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que dijo no ver "palmaria inconstitucionalidad", los letrados de la Cámara Alta coincidirán tanto con el primer informe de sus homólogos que rechazaron en 2021 una petición de ley de amnistía de los independentistas de ERC, como el de los tres adscritos a la comisión del Justicia, que también la rechazaron.

Además, el presidente del Senado, Pedro Rollán, también ha pedido un cuarto informe a la comisión general de Comunidades Autónomas y los grupos Parlamentarios representados en el Senado pueden llevar a sus expertos a la comisión que sea designada para esos trabajos, bien la de Justicia o la de Constitucional, aún por decidir.

Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los textos que cuestionan en todo o en parte tanto el fondo como la forma de la ley -por la vía de una proposición urgente sin informes de los órganos consultivos y sin comparecencias en comisión para debatir una iniciativa de tantísimo calado-, ha alejado al Gobierno de su camino, única vía para garantizarse la mayoría absoluta parlamentaria y con la vista puesta ahora en los Presupuestos Generales del Estado.

El texto que aprobará el Congreso el jueves al término del pleno ordinario "llegará" como muy tarde el lunes al Senado, donde el PP tiene la mayoría absoluta. A través de una reforma unilateral del reglamento de esta Cámara, se otorgó a la Mesa la capacidad de alargar la tramitación de los textos procedentes del Congreso, aunque lleguen por la vía de urgencia.

En el equipo de Rollán calculan que no se culminará todo el trámite hasta finales de mayo, principios de junio, una vez que este mes de marzo se acorta sustancialmente por las vacaciones de Semana Santa. Por ello, Puigdemont amaga con volver en julio, a ser posible en olor de multitudes y casi con honores de jefe de Estado, al estilo del exiliado, este sí, Josep Tarradellas.

Siguiente paso: la autodeterminación

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, incidió ayer en la tesis de la "corrupción política" por ceder en una ley que se había negado hasta la extenuación por muchos miembros del Gobierno hasta que necesitaron los siete votos de Junts. Gamarra la calificó de "ilegal, inconstitucional e inmoral", muy lejos de los "estándares democráticos" europeos, dijo ayer en una comparecencia pública. "No podemos hablar de convivencia cuando ya hemos escuchado decir a aquellos que se van a favorecer de esta amnistía que lo van a volver a hacer y que ahora van a por la autodeterminación. Lo lamentable es que ahora van con la colaboración del PSOE y de la mano de Pedro Sánchez". denunció.

Los trabajos en el Senado en torno a la amnistía correrán paralelos, aunque cada uno por su cauce, con los de la comisión de investigación el "caso Koldo", que se debate este martes por la mañana en el pleno del Senado. Contará con el apoyo del PSOE y se prevé también que del PNV y de Junts. De momento, los populares no van a sentar, salvo cambio de guion de última hora, a la ex presidenta de la Comunidad balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Hay dudas respecto a si las Cámaras pueden fiscalizar la gestión de los gobiernos autonómicos.

Además, hay pleno de control en el Senado al que acude Pedro Sánchez por vez primera desde mayo del año pasado. En cambio, se ausentarán un total de ocho ministros lo que, a juicio del PP "supone una falta de respeto absoluto por esta Cámara. Una humillación, no a este Grupo, sino a la institución que representa la soberanía nacional, por mucho que haya ministros que se lo nieguen"

Fiscalía Europea y Oficina de lucha contra el fraude

Además, el PP terminó de abrir ayer la vía de la Fiscalía Europea y de la Oficina de la lucha contra el fraude a donde llevará el "caso Koldo" de presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos de mascarillas, muchas de esas compras financiadas con fondos comunitarios. "Sin duda alguna es necesario llegar hasta el final y el Partido Popular lo va a hacer" advirtió la número dos del PP. En este caso denunciarán todo aquello que pueda afectar a los Ministerios citados en la trama, esto es Transportes e Interior, pero también a los gobiernos autonómicos de Baleares y de Canarias, bajo la sospecha de que se pudo malversar fondos europeos.