No hay una fecha oficial, ni mínimamente aproximada, de cuándo la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, puede llevar los Presupuestos al Consejo de Ministros para que los remita al Congreso para su tramitación parlamentaria. Junts ya ha advertido de que la legislatura se irá construyendo "pieza a pieza", ha recalcado que no cabe pensar que tras el desbloqueo de la ley de amnistía la negociación está hecha. Sumar también insiste en que el pacto con sus socios en el Ejecutivo está "lejos". Pero los socialistas responden que su plan se mantiene: la idea es tener las cuentas del Estado de 2024 listas "cuanto antes", y consideran que es posible.

La semana pasada, cuando el PSOE, ERC y Junts cerraron su acuerdo para la ley de amnistía, horas antes de la reunión de la Comisión de Justicia —este jueves la aprobará el pleno del Congreso—, ya se dio por descontado que habría Presupuestos. Porque estaba claro que, sin la norma troncal de esta legislatura, la aspiración de Pedro Sánchez de dar estabilidad a su mandato con unas nuevas cuentas se venía abajo. Es más, primero el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y a continuación el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, deslizaban la idea de que el acuerdo encarrilaba la legislatura. Y el viernes pasado, desde Santiago de Chile, parada final de su minigira por Latinoamérica, era el propio presidente quien garantizaba que habrá cuatro años de mandato por delante, "le pese a quien le pese". Habrá "Gobierno para rato", enfatizó.

Apremiamos al PSOE a ser ambiciosos en política para tener una agenda política lo más avanzada posible"

ERNEST URTASUN, PORTAVOZ DE SUMAR Y MINISTRO DE CULTURA

Pero para que esa afirmación gane solidez, Sánchez necesita que, en efecto, los Presupuestos salgan adelante. Y que no se demoren demasiado. Hace unos días, en el Gobierno apuntaban que el proyecto de ley, si la negociación marchaba sobre ruedas, podía llevarse al Consejo de Ministros antes de Semana Santa o poco después. Sin pillarse las manos con ninguna fecha. Porque, a diferencia de la anterior legislatura, Hacienda no solo tiene que acordarlos primero con sus socios de coalición —antes, Unidas Podemos; ahora, Sumar—, y asegurarse la predisposición de sus aliados parlamentarios. Ahora quiere cerciorarse de que Junts entra desde el principio en la ecuación. Y es un interlocutor, ya se ha comprobado en estos más de 100 días desde la investidura, menos previsible y más exigente, amante de las negociaciones al límite. Montero, por tanto, quiere evitarse sustos y tiene claro que cuando presente los PGE debe tener garantías, por parte de todos los socios, de que superan la prueba más complicada, la del debate de totalidad. Que fuesen tumbadas las cuentas en ese primer trámite en el Congreso sería un varapalo difícil de remontar para el Ejecutivo y que podría conducir a un adelanto electoral, como ocurrió en 2019.

Sánchez, desde Chile, no aproximó fechas. El Gobierno espera poder presentar el proyecto de ley de Presupuestos "cuanto antes", aseguró. Y esa es la idea que mantiene Hacienda, tal y como confirmaban este lunes desde el equipo de Montero. Lo hacían después de que desde Sumar mostrasen sus reparos y echaran el freno. "Queremos cerrarlos cuanto antes, pero en muchas cosas estamos muy lejos", aseguró este lunes el portavoz del partido y titular de Cultura, Ernest Urtasun. El ministro reconoció que las conversaciones con los socialistas están siendo "intensas", pero insistió en que queda mucho para llegar a un acuerdo: "Apremiamos al PSOE a ser ambiciosos en política para tener una agenda política lo más avanzada posible". Para Sumar, esta no debe ser una legislatura simplemente de "estabilización", sino que ha de serlo de avances y de "transformación de la vida de la gente".

Las demandas de Sumar

La formación de Yolanda Díaz demanda medidas como, por ejemplo, que se llegue al 50% de la financiación en dependencia, como fija la ley, llevar los permisos de nacimiento de las 16 a las 20 semanas —compromiso electoral del propio Sánchez—, garantizar que los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas sean permanentes, rechazar la bonificación a las eléctricas o que el gravamen del IRPF que pagan las grandes multinacionales se equipare al de las empresas más pequeñas, informa EFE.

Los socialistas recuerdan que Sumar también ha jugado en anteriores ocasiones (igual que Podemos) a asegurar que las posiciones son distantes para luego acabar cerrando el pacto

En Hacienda recuerdan que en otras ocasiones también Sumar (y antes Unidas Podemos) también advertía de que el acuerdo presupuestario quedaba "lejos" y finalmente se cerraba en poco tiempo. Es decir, que la posición de los de Díaz, indican en la Moncloa, es de "postureo".

Pero seguramente el mayor escollo para el Gobierno será Junts. Tanto su secretario general, Jordi Turull, como su líder de facto, Carles Puigdemont, recordaron la semana pasada al Ejecutivo que, cerrada la amnistía, el marcador está "a cero", corresponde "negociar pieza a pieza". En Hacienda subrayan que se está conversando con todos los grupos "desde hace tiempo", y aunque nada está cerrado, la voluntad de los socios es inequívoca.

Con ERC, el problema radica en su fricción con Sumar y, en concreto, con su marca en Cataluña, Catalunya en Comú. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, lanzaba este domingo en El País una severa advertencia: si los comunes votan finalmente en contra de los presupuestos catalanes este próximo miércoles, se generará "un contexto mucho más difícil". "Sin unos presupuestos en Cataluña estamos introduciendo riesgos que no valen la pena y, por lo tanto, si todos actuamos responsablemente en todos los ámbitos, todo va a salir bien", señalaba. Los socialistas ya cerraron su acuerdo con ERC para las cuentas catalanas.

Mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos

Pero, antes de que el proyecto de ley de PGE llegue al Consejo de Ministros, el PSOE quiere librar otra batalla con el PP, en todos los ámbitos. Este lunes, el secretario del Área Institucional y Grandes Ciudades, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, anunció que su partido va a presentar mociones en los ayuntamientos y en los parlamentos regionales para que los populares expliquen su "veto" a 4.500 millones de euros. Los 4.500 millones de euros que comunidades autónomas y municipios no podrán gastar por el rechazo del PP a la senda de déficit propuesta por el Gobierno y que tumbó en el Senado por segunda vez el miércoles pasado. En concreto, la capacidad de gasto de CCAA mermará en 1.500 millones, y la de las corporaciones locales, en 3.000 millones. La razón es que, al darse el portazo por dos veces a los objetivos de estabilidad planteados por el Gobierno el pasado diciembre, más flexibles, se vuelve a los que remitió a Bruselas el pasado abril, más exigentes.

El PSOE quiere que el PP explique por qué, al tumbar la senda de déficit en el Senado dos veces, priva de 4.500 millones a CCAA y corporaciones locales

"El PP se ha asociado de nuevo con la extrema derecha en el Senado para boicotear a comunidades autónomas y ayuntamientos de todo signo político", denunció Gómez de Celis. Por eso los socialistas van a demandar a los populares que expliquen en ayuntamientos y cámaras autonómicas "por qué le ha arrebatado el derecho a estos ciudadanos de disfrutar de más inversiones públicas". La moción también se llevará a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside la alcaldesa de Jerez, del PP.

"Menos recursos son menos derechos", sostuvo Gómez de Celis. El dirigente sevillano puso varios ejemplos: la ciudad de Madrid perderá 202 millones de euros, con los que podrían construirse 1.800 viviendas públicas; "Barcelona pierde 101 millones de euros, con lo que se podrían construir 200 kilómetros de carril bici. Sevilla tendrá 42 millones de euros menos, el coste aproximado de todas las obras de ampliación del tranvía que conecta el casco histórico de la ciudad con la estación de Santa Justa". Y Málaga dejará de ingresar 36 millones de euros, suficientes para "casi 400 viviendas de protección oficial".

"Si lo que pretende el PP con esta artimaña es desestabilizar al Gobierno frenando los Presupuestos Generales del Estado, no lo va a conseguir.  Habrá Presupuestos Generales del Estado y tendremos una legislatura larga para los próximos cuatro años", remachó Gómez de Celis. El convencimiento de los socialistas de que dispondrán de las cuentas de 2024 es, por ahora, total. La duda es cuándo.