El peligro es evidente. Catalunya en Comú puede rechazar este miércoles por la tarde los presupuestos de la Generalitat. Y su no puede suponer, por tanto, que las cuentas de Pere Aragonès para 2024 caigan, dado que solo tienen garantizados en el Parlament los 33 votos de ERC y los 33 del PSC, a dos de la mayoría absoluta. Si el proyecto de ley es tumbado, el terremoto no solo afectará a Cataluña. La onda expansiva también podría alcanzar Madrid, al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ese eventual escenario es el que ha puesto en guardia al Ejecutivo. La posibilidad de que los presupuestos catalanes naufraguen. Porque si eso ocurriera puede que la previsión de Sánchez de disponer "cuanto antes" de las cuentas del Estado para 2024 se ponga mucho más cuesta arriba. Y, por descontado, si lo que se abre es un escenario electoral en Cataluña, los socialistas, con el jefe del Ejecutivo a la cabeza, se volcarán para apoyar al primer secretario del PSC y seguro candidato, el exministro Salvador Illa.

El principal escollo de la negociación entre ERC y los comunes era y es el complejo recreativo Hard Rock, que los de Colau quieren detener

En la Moncloa ya eran conscientes de que el peligro de que los presupuestos catalanes era real antes de que concluyera sin acuerdo la reunión en el Palau de la Generalitat entre el president Aragonès y la líder de los comunes, Jéssica Albiach. El principal escollo de la negociación era y es el complejo recreativo Hard Rock: los comunes quieren que el jefe del Govern se comprometa a detener el proyecto, que sin embargo sí es exigido por el PSC. La portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, explicaba este martes en rueda de prensa que la Generalitat carece de margen para poder retirar el proyecto, y acusó a los de Albiach de buscar "excusas" para no dar su sí a las cuentas, y les reclamó que sean claros, que demuestren si tienen "voluntad real" para pactar los presupuestos o están "mareando la perdiz".

Los socialistas miraban los mensajes de ida y vuelta entre las dos partes con preocupación. Los comunes, precisaban fuentes de primer nivel del Ejecutivo, "mantienen una posición muy firme, están muy duros". Es decir, que no aprecian postureo en la formación de Ada Colau. En el PSC se reconocían ayer también consternados, sorprendidos. Y sus sensaciones coincidían con las de la Moncloa: los comunes, concluían, no iban de farol, aunque no acertaban a ver qué incentivos pueden tener para provocar un adelanto electoral en Cataluña. En ERC también eran pesimistas a la noche y señalaban que Catalunya en Comú "está como loca por desmarcarse del PSC". Tampoco los republicanos descartan un anticipo electoral porque, "encuestas en mano, no es mal momento para ir a las urnas". Lo que también resuelven en el ala socialista del Ejecutivo es que Yolanda Díaz, líder de Sumar, no tiene el control de su marca en Cataluña.

"Aragonès no está en otra cosa"

Para el Gobierno, lo que ocurra este miércoles en el Parlament, cuando se debatan y voten las enmiendas de totalidad a los presupuestos catalanes, "es clave". Y hasta que no se despeje esa duda, no se podrá pasar a la siguiente pantalla, la de las cuentas del Estado, porque Aragonès está "muy, muy concentrado en salvar su proyecto de ley", del que depende el futuro de la legislatura catalana. "No está en otra cosa". En el núcleo duro de Sánchez no descartan "nada", tampoco que el president pulse el botón de elecciones. Eso supondría un adelanto de los comicios de casi un año, pues si no hubiera anticipo deberían celebrarse en febrero de 2025.

Desde Hacienda insisten en que lo que están dispuestos a hablar con ERC y con Junts, y con el resto de socios, es de inversiones. De dinero

En la Moncloa asumen que si ERC no dispone de nuevas cuentas en Cataluña, difícilmente podría apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. El camino se haría mucho más complicado, además de que la prioridad para Sánchez sería volcarse en la campaña catalana, consciente de que su arriesgada apuesta por la amnistía habrá valido la pena si logra que Illa asuma las riendas de la Generalitat.

Aún quedan horas, no obstante, para que comunes y Govern desbloqueen las conversaciones y lleguen a un acuerdo de último minuto. En ese caso, la hoja de ruta de Sánchez se mantendría. En este escenario, con el que se trabajaba hasta ahora, la idea de Hacienda pasaba por llevar los PGE al Consejo de Ministros antes de mayo, según confirmaban fuentes del máximo nivel del Gobierno. Es decir, que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tiene un margen de mes y medio para amarrar los apoyos necesarios que le garanticen que el proyecto supera sin angustias el debate de totalidad en el Congreso. La razón es que más tarde, a partir de mayo, tendría poco sentido impulsar la tramitación de los PGE de 2024, ya el paso por Congreso y Senado consume de dos a tres meses y se solaparía con las cuentas de 2025.

Las negociaciones con los grupos ya han comenzado. Desde Hacienda insisten en que lo que están dispuestos a hablar con ERC y con Junts —y con el resto de socios— es de inversiones. De dinero.

El presidente catalán, Pere Aragonès, abandona el Palau de la Generalitat tras la reunión que mantuvo con la líder de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, que finalizó sin que haya servido para desencallar los presupuestos de la Generalitat de 2024. EFE / QUIQUE GARCÍA

Pero el Gobierno se niega, en privado y en público, a negociar un pacto fiscal para Cataluña, como demanda ERC. El próximo martes, el Govern de Aragonès presentará su propuesta de financiación singular para la comunidad. Y ayer, en el Senado, la portavoz de los republicanos en la Cámara, Sara Bailac, pidió ese modelo "singular" para Cataluña. Sánchez, sin embargo, subrayó la necesidad de que el nuevo sistema de financiación autonómica tenga una "respuesta multilateral". Palabras en línea con lo afirmado tiempo atrás por Montero.

Publicados los datos para construir las balanzas fiscales

El Ejecutivo de Sánchez separa, por tanto, la negociación de los PGE de la revisión del modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014 y que quiere aprobar de la mano del PP, que gobierna en 12 comunidades. En esta segunda pata, que no es inminente, Hacienda está dispuesta a "discutir" ciertas singularidades de cada territorio, "como la dispersión poblacional, el reto demográfico o la insularidad". "Pero estas cuestiones no entran en los PGE", advierten. Por eso, creen que ERC pondrá el acento, en sus conversaciones con Montero, en todos los compromisos de investidura que tienen "plasmación presupuestaria". De cuestiones como el traspaso de Rodalies, que también formó parte del paquete consensuado con los republicanos en noviembre.

Acabamos de salir de un debate muy gordo, el de la amnistía, de mucho de tiempo de negociación y de diálogo. Esperamos que nos dejen un poco de oxígeno", señalan en el Gobierno sobre Junts

Junts, por su parte, pidió la cesión total de tributos, cuestión que en absoluto comparten los socialistas, como quedó reflejado en su acuerdo de investidura. El Gobierno confía en que los posconvergentes no aprieten demasiado: "Acabamos de salir de un debate muy gordo, el de la amnistía, de mucho de tiempo de negociación y de diálogo. Esperamos que nos dejen un poco de oxígeno". Por lo pronto, Hacienda publicó ayer martes por la tarde la primera tanda de datos para calcular las balanzas fiscales de las comunidades autónomas referidas a 2021. Se ampliará "en los próximos días", explicó Montero a los periodistas en los pasillos del Senado, cuando haya nuevas cifras "una vez que se liquiden los ejercicios correspondientes".

Pero, ahora mismo, todo depende de lo que ocurra en Barcelona, en el Parlament, este miércoles. Si hay presupuestos en Cataluña, Sánchez podrá continuar con sus planes. Pero si decaen por el voto en contra de los comunes, el escenario se hace mucho más incierto. Sobre todo porque un adelanto electoral en Cataluña podría quedar mucho más cerca de lo que se calculaba.