"Divertido". El Gobierno apenas podía ocultar su satisfacción. Tras atravesar un largo túnel del horror durante tres semanas, le llegaba un mínimo respiro. Al menos, para contener el empuje del caso Koldo y para devolver el foco al PP. Para desplazar la presión hacia una dirigente que ha construido su perfil político, precisamente, por contraste con Pedro Sánchez: Isabel Díaz Ayuso. Que se destapara que la Fiscalía de Madrid ha denunciado al novio de la presidenta madrileña por presunto fraude fiscal era un obvio regalo informativo para los socialistas. Un hecho "divertido", como resumía, con amplia sonrisa, un ministro del Ejecutivo.

El caso Koldo había disparado la angustia interna dentro del PSOE. Había deprimido el ánimo de un partido que había sufrido un varapalo histórico en las elecciones gallegas del 18 de febrero. La cúpula y el Gobierno no encontraban escapatoria. Preferían esperar a que escampara. Pero la denuncia del ministerio público contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso desde 2021, y otras cuatro personas, por haber defraudado a Hacienda, supuestamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021 sirviéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla, ejerció de inesperada tabla de salvación para los socialistas. De valiosa munición con la que atizar a su rival, al PP.

El Ejecutivo exige explicaciones a Ayuso y que acuda a la comisión de investigación en el Congreso. "Más transparencia y menos fruta", resume Alegría

El cambio del viento podía percibirse en los pasillos del Senado ayer martes por la tarde. El Gobierno se sometía al control, era la primera vez que acudía en esta legislatura el presidente y se enfrentaba a la nueva portavoz de los conservadores, Alicia García. Sánchez y los ministros entraban al hemiciclo con el rostro relajado. Tenían en sus manos un arma con la que frenar la ofensiva del principal partido de la oposición. García fue la primera. Golpeó con el caso Koldo —el que tiene como epicentro al exasesor del exministro José Luis Ábalos, hoy ya en el Grupo Mixto— y con la amnistía, con lo que para el PP son las dos caras de la "corrupción", la económica y la política. Sánchez respondió sacando pecho de la tarea de su Gabinete en los más de 100 días transcurridos desde su investidura y en el turno final, después de que la portavoz popular le definiera como el presidente "de la amnistía, las mentiras y la corrupción" y como el "que todo lo sabía y que todo lo tapó", se aferró a otro potente asidero para el PSOE: el 11-M, el brutal atentado del que se cumplieron 20 años el lunes. "La gran mentira del 11 de marzo es el acta fundacional del proyecto político destructivo que ustedes representan desde hace veinte años a esta parte", combatió.

Desde la Moncloa explicaban que el jefe del Ejecutivo no tenía previsto sacar a relucir el caso de la pareja de Ayuso, sino que quería hablar de la "estabilidad" de la coalición, apuntalar la idea de que la legislatura durará "cuatro años". De Ayuso, por tanto, se encargaron sus escuderos. Primero, la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, para reclamar a Ayuso que "dé las máximas explicaciones lo antes posible" y añadir que sería "fundamental" que acudiese a la comisión de investigación que se abrirá en el Congreso para analizar las contrataciones de material sanitario en la pandemia. "Más transparencia y menos fruta", sostuvo, reapropiándose del "me gusta la fruta" con el que Ayuso enmascaró su insulto a Sánchez —"hijo de puta"— durante el debate de investidura.

¿Una "cacería" contra Ayuso?

La presidenta madrileña no dio cuentas del fraude fiscal que pudo cometer su pareja, pero sí insistió en que apreciaba una campaña de la Moncloa contra ella: "Ahora tocaba el novio, esto es parte de lo que llevo sufriendo hace cinco años". Ayuso no negó ninguna de las imputaciones y reconoció que estaba al corriente de la inspección de Hacienda y que sabía que "iban a intentar" crear "una trama" contra ella. La dirigente recibió el respaldo de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, desde primera hora de la mañana. "Si hay una inspección que afecta a la pareja de Díaz Ayuso, tendrá que responder ante la Agencia Tributaria, como cualquier ciudadano", sostuvo en una entrevista en Onda Cero. Para el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, es "evidente" que hay "una cacería" desde el Ejecutivo contra la presidenta para eclipsar el caso Koldo.

Para Montero, es como poco "llamativo" que una presidenta de una comunidad "tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos casos de fraude"

La número dos del Gobierno y del partido, María Jesús Montero, presionó a Feijóo desde los pasillos del Senado. Le reprochó su reacción "tan tibia", al reducir el caso a una "cuestión menor, casi administrativa". Y "se equivoca". "Se trata de una investigación que la Fiscalía ha trasladado al juez para que abra causa y por tanto para que inicie el procedimiento". Según la ministra, Feijóo "habla con la boca pequeña" porque le da "miedo" denunciar la corrupción en su partido, para "evitar que su destino sea el del señor [Pablo] Casado", que fue defenestrado por los suyos tras alertar de las cuantiosas comisiones que cobró el hermano de la presidenta por la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Para Montero, es como poco "llamativo" que una presidenta de una comunidad autónoma "tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos casos de fraude" en los momentos más duros del covid-19. "Patrón de conducta el que se observa en toda la familia de Ayuso. ¿Cómo pueden hablar de patrón de conducta? Aquí lecciones las justas", se despachó en el Senado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en respuesta al número dos del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

Igual que hizo el PP con el caso Koldo, los socialistas no van a soltar la presa. Porque ven esta denuncia de la Fiscalía como un tema "muy grave", en palabras de Alegría. Fuentes muy próximas a Sánchez rehusaban anticipar si este caso tendrá o no mucho recorrido judicial, porque decían no disponer de más información que la publicada en los medios —fue elDiario.es quien adelantó en exclusiva el escrito del ministerio público, presentado el 5 de marzo—. Avisaban de que al tratarse de dos delitos (fraude fiscal y falsedad documental), puede no caber una regularización. Es decir, que la situación se complica para la pareja de Ayuso al haber, presuntamente, facturas falsas.

En la Moncloa creen que este caso no tiene equiparación posible con las informaciones de las últimas semanas que han tenido como protagonista a la mujer del presidente, Begoña Gómez, por sus encuentros con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, y con el empresario Víctor de Aldama, uno de los vértices de la trama Koldo. "No hay que comparar los bulos con lo que dice la Fiscalía", explicaban, para añadir que la denuncia del ministerio público contra el novio de Ayuso "parece armada". Gómez, sin embargo, no está acusada de ningún ilícito penal.

El terreno de juego está embarrado por todos los flancos, con disparos cruzados de presunta corrupción. El recorrido judicial se irá comprobando en las próximas semanas y meses, pero, al menos de momento, la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de la presidenta madrileña servía a los socialistas para sacar la cabeza. Para respirar.